El programa “Expedientes” emitido por el canal SNT sacó a la luz el caso de Derlis Julián Benítez, un hombre que desde hace más de 30 años habita en una propiedad de 16 hectáreas ubicada en el barrio Maramburé de Luque.

Tras el fallecimiento de su abuelo en 1989, el mismo decidió mudarse a este predio para cuidar de los bienes que habían quedado y sobre todo encargarse de la pequeña granja que se encuentra allí instalada.

Benítez comentó que nunca tuvo problemas con los vecinos del barrio y mucho menos con la justicia hasta hace un tiempo atrás cuando una empresa inmobiliaria decidió construir un barrio cerrado en un terreno colindante al suyo. A partir de allí, empezaría su calvario.

Representantes de esta firma en más de una ocasión se acercaron a él para proponerle comprar su propiedad, oferta que rechazó ya que no estaba interesado en venderla. Tras sus reiteradas negativas, empezó a gestarse lo que él considera como un nefasto plan para sacarlo de allí y quedarse con el inmueble.

Para la familia Benitez todo formó parte de un plan, fabricaron una denuncia, pidieron un allanamiento, plantaron un arma e imputaron a Julian. El objetivo era enviarlo a Tacumbu para obligarlo a entregar su propiedad a cambio de su libertad.

— Rolando Rodi (@rolandorodi) September 11, 2019

El 5 de febrero pasado, una comitiva fiscal-policial encabezada por el agente fiscal Miguel Vera Zarza llegó hasta la propiedad de Benítez con una orden de allanamiento. En ese momento, se enteró de que pesaba una denuncia en su contra por supuestamente realizar disparos al aire de forma constante bajo los efectos del alcohol.

La denuncia había sido radicada en la Fiscalía de Luque por una persona identificada como Juan Maciel Baumann, quien actuó bajo el patrocinio del abogado Ricardo Ulke. En el documento, el mismo había solicitado “en carácter de urgencia” el allanamiento de la propiedad.

Los intervinientes solicitaron a Benítez que entregue las armas de fuego que tenía en su poder, en este caso, un revólver calibre 32 que había registrado en la Dimabel el año 2013 además de otras dos armas en desuso que pertenecieron a su abuelo y estaban guardadas en unos cajones.

Al momento de producirse el allanamiento, su hija, Laura Benítez, se encontraba estudiando para un examen de ingreso cuando observó a una persona extraña pasar por detrás de la vivienda. En ese interín, la misma ingresó por la puerta trasera y plantó un arma (específicamente un revólver calibre 38) entre las cosas que estaban en el pasillo.

Tras poner en conocimiento de este hecho a su padre, se procedió a revisar las cámaras del circuito cerrado. En las filmaciones se pudo comprobar que la persona que había ingresado al pasillo era Ricardo Ulke, quien también estaba acompañando el procedimiento. Benítez recuerda que a partir de ese momento, la expresión del abogado cambió por completo, denotando cierto nerviosismo en su rostro.

Luego del allanamiento, Benítez fue detenido y llevado hasta la comisaría local. Al salir de la casa, pudo observar que afuera había una retroexcavadora junto a una veintena de personas -aparentemente integrantes de la barra brava de Luque-, lo cual le dio a entender que ya estaban con intenciones de desalojarlo y ocupar el predio, cosa que finalmente no ocurrió.

El fiscal Vera formuló imputación contra Benítez por los hechos punibles de detentación y producción de riesgos comunes. Posteriormente, la jueza Jennifer Ynsfrán admitió la imputación y decretó la prisión preventiva del mismo por 10 días en la Comisaría 3° de Luque. Una vez cumplido el plazo, fue trasladado hasta la penitenciaría de Tacumbú.

Unas semanas después, la magistrada revocó la orden de prisión preventiva y permitió al hombre salir en libertado bajo arresto domicilio. A partir de ese momento, la Fiscalía había insistido en la causa a través de varias aclaratorias y apelaciones, pidiendo que se admita la imputación por detentación. Según presumen, la idea detrás de todo era volver a enviarlo a la cárcel.

En principio, los vecinos del barrio no habían sido convocados por el Ministerio Público para prestar declaración indagatoria, aunque luego de los insistentes pedidos de la defensa finalmente se procedió a cumplir con este trámite. En sus respectivas comparecencias, todos los pobladores aseguraron que nunca vieron a Benítez ingiriendo bebidas alcohólicas y tampoco realizando disparos al aire, tal y como consta en la denuncia penal.

Uno de los detalles que más llamaron la atención y generaron sospechas en este caso es que Maciel Baumann ni siquiera era vecino del barrio, dado que su domicilio estaba registrado en el barrio Loma Merlo de Luque, a unos 10 kilómetros del inmueble de Benítez.

El caso siguió su curso y, aparentemente como una medida de presión por parte del denunciante, denunciaron a la jueza Jennifer Ynsfrán ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados alegando que “cajoneaba” el expediente y “daba un trato preferencial” a Benítez. Más adelante, se presentó una recusación en su contra, la cual finalmente fue rechazada por improcedente.

Cabe mencionar que en abril de este año el fiscal del caso, Miguel Vera Zarza, había caído por un presunto pedido de coima a una persona para no imputarlo por violencia familiar por la suma de G. 15.000.000. Este hecho motivó que el mismo sea apartado de la causa penal.

En otro momento en un supuesto control aleatorio, dos policías de la comisaría de Luque fueron a la propiedad y, según dejaron constancia en un documento, aplaudieron durante 15 minutos sin recibir respuesta alguna, lo cual les hizo suponer que Benítez incumplió con su arresto domiciliario. A raíz de ello, la jueza envió un actuario hasta la vivienda, el cual pudo constatar que en realidad sí estaba cumpliendo con la orden.

Benítez denunció que hace poco tiempo “un amigo en común” le había ofrecido una suma de dinero junto con su libertad a cambio de que acceda a vender su propiedad. En caso de que él hubiera decidido aceptar, le prometieron que en 8 días “moriría” el caso, confirmando así sus sospechas de que tramaron un plan en su contra.

Tras 7 meses de no poder retornar a su vivienda y no poder compartir con su familia, finalmente ayer se realizó la audiencia de revisión de medidas en la que se concedió libertad ambulatoria a Derlis Julián Benítez, permitiéndole así recuperar su vida normal a partir de ahora.

Paraguay figura en los primeros lugares en el ranking latinoamericano en el que, entre el 30 y el 50% de los casos de cáncer de próstata, se diagnostican en etapa metastásica, y los que la mitad de ellos fallecen en un lapso de primeros cinco años del diagnóstico.

El doctor Antonio Alcaraz, jefe del servicio de Urología del Hospital Clínica de Barcelona y especialista en uroncología, manifestó que la tendencia, muy similar en todos los países de la región, es consecuencia de la resistencia de muchos varones a concurrir a la revisión médica, que hace que cuando ya la enfermedad está avanzada, el Cáncer inició su fase destructiva y mortal.

“Mientras nosotros (en Europa) diagnosticamos solamente a un 5 o 10% de los enfermos en etapa metastásica, en Latinoamérica se viene diagnosticando entre el 30 al 50% del cáncer de próstata como metastásico y eso tiene una implicación muy directa en la mortalidad”, expresó el mismo, durante su intervención en foro científico que se realiza en México.

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La Organización Panamericana de la Salud (OPS), sostiene en un informe que el de próstata es el tipo de cáncer diagnosticado más frecuente en la población masculina en el continente americano con el 21,7% de los casos, seguido del cáncer de pulmón, con el 9,5% de los casos y colorrectal, con un 8 por ciento.

“Es una cuestión de acceso a la sanidad, pues en poblaciones de nivel socioeconómico más bajo y en programas de salud pública gubernamental las pruebas de diagnóstico precoz se implementan muchísimo menos y eso crea una grave asimetría en el manejo de los pacientes”, agregó Alcaraz.

“Pero incluso, en los pacientes que no podemos curar, existen determinados tratamientos que nos permiten prolongar la vida y utilizados en fases más precoces la efectividad es muy alta”, acotó.

La intervención fue encabezada por funcionarios de la Ande, en compañía de efectivos de la Policía Nacional y agentes del Ministerio Público, en el establecimiento ubicado en la localidad de Sapucai, departamento de Paraguarí.

La propiedad pertenece al exdiputado colorado Miguel Cuevas, y fue arrendada a la señora Ramona Peralta, quien reside en Alto Paraná.

En propiedad de Miguel Cuevas intervienen una granja ilegal de criptomonedas

El informe preliminar de la intervención refiere que se logró la incautación de 354 máquinas de criptominería, con una inversión aproximada de US$ 1.5 millones.

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La denuncia fue realizada por el Departamento Jurídico de la Ande ante el Ministerio Público, por sustracción de energía eléctrica, perturbación de servicios públicos y sabotaje, tras una medición de la línea de media tensión que ingresa a la propiedad.

“¡Los paraguayos somos capaces de lograr todo!”, manifestó el presidente Santiago Peña, durante el encuentro con compatriotas becados en la República de China (Taiwán).

“Hablamos de los grandes desafíos que tenemos por delante como país, donde de la mano de los mejores hombres y mujeres vamos a impulsar el resurgir del gigante que estamos destinados a ser”, agregó el mandatario.

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Tras su gira por Estados Unidos, Santiago Peña viajó a Taiwán para participar de la ceremonia de asunción del mandatario electo, Lai Ching-te, este lunes 20 en Taipéi.

En ese sentido, ya mantuvo un encuentro con Lai Ching-te, presidente electo de Taiwán, y Hsiao Bi-khim, vicepresidenta electa,

Peña también conversó con Tsai Ing-wen, presidente saliente de Taiwán, con quien adelante una reunión bilateral donde hablaron de los avances en el trabajo conjunto para el progreso de nuestras naciones.

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Cabe recordar que Paraguay es uno de los 12 países que aún mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán, el único de Sudamérica.