Seis jóvenes fueron aprehendidos en la jornada de ayer por agentes de la Comisaría 16 de Lambaré debido a que supuestamente presentaban actitud sospechosa en la vía pública.

Luego de ser derivados a la dependencia policial, los mismos habrían sido víctimas de una serie de maltratos físicos por parte de los uniformados, además de un intento de extorsión.

Tras tomar conocimiento del hecho posterior a la denuncia de la madre de uno de los detenidos, intervinieron en el caso los agentes fiscales Osmar Segovia y Teresita Torres.

En entrevista con HOY, el fiscal Segovia cuestionó una serie de hechos llamativos en el procedimiento policial, como que los jóvenes fueron detenidos sin tener orden de captura y sin estar en flagrante comisión de un hecho punible.

Asimismo, señaló que al notar la presencia fiscal en la comisaría, los policías entraron en contradicción al argumentar su decisión de colocar a los detenidos en el calabozo debido a que pusieron resistencia, esto siendo que en el acta del procedimiento constaba que en todo momento brindaron su colaboración.

Otro aspecto llamativo es que, luego de haber sido ingresados a su lugar de reclusión sin justificación alguna, varios de ellos presentaron lesiones en el rostro, abdomen y el cuello, producto de una supuesta agresión física por parte de los policías, de acuerdo a la denuncia.

Esta agresión habría sido filmada por uno de los jóvenes en su teléfono celular, aunque al percatarse de ello uno de los policías le habría pedido a la fuerza que elimine el video para no dejar pruebas, indicó.

El fiscal Segovia refirió que en poder de uno de los jóvenes se encontraron 1,6 gramos de marihuana, cantidad considerada como ínfima desde el punto de vista penal dado que, según la Ley 1340/88, un consumidor tiene permitido poseer hasta 10 gramos sin que ello constituya un delito. En vista a ello, esto tampoco puede ser motivo de detención por parte de la Policía, refirió.

La madre de uno de los detenidos también denunció que en sede de la Comisaría 16 los uniformados les habrían solicitado dinero a cambio de no derivarlos a la Fiscalía Antinarcóticos, además de amenazarlos con que “iba a aparecer más marihuana” si no colaboraban.

El agente fiscal indicó que los intervinientes en ningún momento informaron sobre esta detención al Ministerio Público ni tampoco a la Unidad Antinarcóticos para que se haga el análisis de la supuesta droga, tal y como corresponde en situaciones similares. Así también, se descubrió que en la comisaría existían tres libros de novedades que eran utilizados en forma simultánea y no correlativamente, uno de ellos inclusive había sido comprado minutos antes para aparentemente registrar un acta diferente al que ya habían consignado con anterioridad.

Los policías que participaron del procedimiento se exponen a una imputación por lesión corporal en ejercicio de funciones públicas -con expectativa de pena de hasta 5 años-, además de privación ilegítima de libertad.

Las empresas Ximex Línea 44, Ypacaraí Línea 242, Aregüeña Línea 111, San Isidro Línea 48-51 y Magno Línea 12 seguirán circulando, al no sumarse al paro anunciado por el otro sector de transporte.

“Todas nuestras operaciones seguirán en funcionamiento total incluso reforzando nuestras frecuencias donde sea posible para seguir dando a nuestros pasajeros el servicio”, reportaron los integrantes de la Federación de Transporte del Área Metropolitana (FETRAM).

Las firmas transportistas argumentaron que entienden que para la ciudadanía es sumamente importante contar con el servicio sin ningún inconveniente, por lo que buscarán trabajar y mejorar el servicio al pasajero, realizando acciones diarias y comprobables de que sí desean un transporte digno.

Finalmente expresaron su apoyo al Presidente de la República, a la Ministra de Obras Públicas y al Viceministro de Transporte, en su desarrollo del nuevo Plan Maestro y formalización del progreso del sector.

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El Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) anunció la decisión de ir a un paro total de buses por el período de tres días. La medida entrará a regir a partir de las 00:00 horas del lunes 20 de mayo.

Los transportistas vienen amenazando desde hace días con esta medida, por desavenencias con el Gobierno. Entre los pedidos del gremio se encuentran:

- Actualización de los coeficientes que hacen a la estructura de costos para la fijación de la tarifa.

- Detener la manipulación de coeficientes que determinan los insumos operacionales del sistema.

- Desembolso de los subsidios en tiempo y forma.

- Renovación de los permisos de explotación del servicio.

Los transportistas aseguran haber enviado reiteradas solicitudes en torno a estos puntos, sin obtener respuestas, por lo que se hace “insostenible la prestación de un servicio adecuado”.

Entre estos tramos, la ministra citó la Avda. Mariscal López, desde la Avda. Madame Lynch hasta la ciudad de San Lorenzo, la duplicación de la curva Romero en Luque y también la intervención desde Autopista hasta Mariano Roque Alonso.

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Explicó que actualmente desde el MOPC están en marcha estos procesos para llevar adelante estas intervenciones urbanas, que forman parte de los nuevos proyectos que se estarán licitando en los próximos meses, y que en total suman cerca de USD 500 millones en inversiones.

“Estamos preparando la licitación del mejoramiento de la Avda. Mariscal López, desde la Avda. Madame Lynch hasta la ciudad de San Lorenzo, la duplicación de la Curva Romero en Luque, y también la intervención desde Autopista hasta Mariano Roque Alonso (ruta D025), además de un viaducto también en la zona”, puntualizó al tiempo de destacar que “son proyectos de altísimo impacto”.

Además, añadió que también está próximo a ser licitado un nuevo proyecto que prevé intervenciones en 6 zonas del departamento Central, como Ñemby, Itá y Guarambaré como parte del denominado “Plan Central”.

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El diputado Yamil Esgaib es el autor del proyecto que modifica el Código Penal y plantea favorecer a los condenados por el simple hecho de ser funcionarios públicos.

La propuesta conocida como devolución premiada estipula que los funcionarios corruptos podrán disminuir sus sentencias al 50 %, en caso de que devuelvan lo robado (una vez descubiertos).

El proyecto cuenta con media sanción de la Cámara Baja y tendrá sanción ficta el 31 de mayo, por ello, el tratamiento figura hoy en el orden del día de la sesión extraordinaria del Senado.

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A criterio del senador colorado, Derlis Maidana, el proyecto ningunea el principio del artículo 46 de la Constitución Nacional, sobre la igualdad ante la ley, al beneficiar a una persona por el simple hecho de estar en la función pública.

“No podemos hacer ningún tipo de discriminación a favor de funcionarios para que sean ciudadanos de primera. No es justo que otros ciudadanos, por haber cometido igual hecho punible, tengan una pena mayor”, opinó el legislador.

A juzgar por la posición del senador de Honor Colorado, se cree que existirían los votos necesarios para el rechazo de este proyecto que, no hace más que premiar a funcionarios que son descubiertos robando y que, una vez sorprendidos (no por arrepentimiento) y con la soga al cuello, devuelven el dinero.

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