Tras la matanza de 10 presos en la cárcel de San Pedro, el domingo pasado, el Ejecutivo ensayó algunas posibles salidas al problema. Anunció que acelerará la construcción de tres cárceles

El ministro de Justicia, Julio Javier Ríos explicó que los tres centros penitenciarios se construirán en Minga Guazú y Emboscada, y que tendrán capacidad de albergar a 1.300 reos. Las obras, dijo, culminarán en 15 meses a partir de sus inicios.

El anuncio, sin embargo, quedó planchado con datos proveídos por organismos especializados como el Mecanismo Nacional de Prevención de Torturas, que sostienen que para solucionar la crisis penitenciaria actual, será necesaria la construcción de 23 cárceles, una hipótesis imposible desde el punto de vista de financiamiento, como de efectividad.

Con 1.000 nuevos presos que engrosan anualmente las cárceles (la tendencia puede aún ser mayor), los tres nuevos centros prácticamente absorberán a los 1.300 que se menciona será la capacidad de reclusión.

La matanza de presos en San Pedro trajo como consecuencia dos destituciones de Institutos Penitenciarios, Blas Martinez y el titular de la cárcel de San Pedro, Wilfrido Quintana. Se aguarda que el ‘hacha’ caiga igualmente sobre el juez Nestor Arévalos, quien ordenó que uno de los narcotraficantes sea trasladado del penal de San Pedro a la “granja”, en razón de que el mismo tenía problemas de claustrofobia.

CUMBRE PARA ORGANIZAR OTRA CUMBRE

El titular de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Gimenez Rolón junto al ministro de Justicia Julio Javier Rios, convocaron a una reunión para el lunes a la fiscal General Sandra Quiñonez, el ministro del Interior Juan Ernesto Villamayor, la Defensora de República Lorena Segovia, al titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Enrique Bachetta.

La idea es abordar la crisis y preparar una agenda para una nueva cumbre de poderes del Estado (Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo) en la que se supone saldrá un plan de solución.

LAS CULPAS COMPARTIDAS

Sin embargo las perspectivas que podrían surgir de esa cumbre son sombrías y más pesimista que optimista.

Esto en razón de las culpas que cargan los tres poderes sobre la crisis penitenciaria.

El Poder Judicial tiene la pesada mochila que consigna que de los 15.740 presos en las cárceles del país, apenas 3.800 cuentan con condena. Esta morosidad es señalada como un foco principal en todo el drama de las penitenciarías hacinadas, Otro “pecado” de este poder, sostienen los profesionales del foro, es el abuso extremo que se hace de la prisión preventiva. Miles de casos que pueden ser abordados con variantes de penas, se “solucionan” con mandar presos todos por igual.

La culpa que carga por su parte el Poder Legislativo es el eterno cajoneo a que somete al proyecto de ley de reforma del Código Penal. Para profesionales del derecho, dicha legislación es gran parte del problema que diariamente determina que las cárceles se saturen.

En el terreno del Ejecutivo mientras tanto la mayor responsabilidad radica en la parálisis para el abodaje del problema penitenciario, así como la corrupción que campea en las direcciones de las penitenciarias. La “granja” vip de San Pedro apenas reflotó el drama de la sociedad delictiva de presos y altos funcionarios. No pasó una semana para que se revelara que en la cárcel de Pedro Juan Caballero también existe obras para presos privilegiados. Todo esto sin agregar los episodios de altos privilegios que se detectaron en la Agrupación Especializada y Tacumbú.

La Agentes del Destacamento Policial No. 1., dijeron que la víctima es Carolina Benítez Vallejos (38). Y que la pandilla de cinco hombres irrumpió en la casa, y de manera rápida y violenta redujeron a la mujer. Èsta manifestó que se encontraba descansando, pero a la hora señalada cuando llegaron los delincuentes, tumbaron la puerta y entraron, algunos con arma de fuego en mano.

Varios de los integrantes de la gavilla rebuscaron los sitios y encontraron las joyas y se apoderaron de ellas para luego huir abordando sus motocicletas, en las que llegaron. Los delincuentes ingresaron inicialmente al patio por encima del portón posterior.

Otros dos robos agravados fueron denunciados la víspera en Alto Paraná. Uno de ellos fue en San Alberto, a una casa comercial de donde llevaron celulares y dinero en efectivo. El otro fue un asalto en la vía pública a un ciudadano a quien despojaron de su teléfono, su motocicleta y 400 mil guaraníes. Ocurrió también en el km 8 Monday de Ciudad del Este.

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El médico del Hospital de Clínicas resaltó que estos profesionales pueden verse afectados por la disfonía, una patología común que puede interrumpir la actividad laboral. La misma es abordada por el equipo multidisciplinario de la Cátedra que ofrece diagnóstico, tratamiento y rehabilitación a través de terapia vocal y fonocirugía.

El Dr. Tornaco enfatizó que existen varios factores que pueden afectar la voz, como el tabaquismo, la deshidratación y el mal uso vocal. Recomendó acudir a un otorrinolaringólogo ante cualquier síntoma persistente en la voz y destaca la importancia de la hidratación, el cuidado del reflujo gastroesofágico y así como evitar otros irritantes como el tabaco.

Los profesionales de la voz deben realizar controles regulares con fonoaudiólogos y someterse a entrenamiento vocal, incluyendo el calentamiento previo para evitar lesiones. Para aquellos interesados en consultar, el Dr. Tornaco invitó a acercarse a la ventanilla de la Cátedra y Servicio de Otorrinolaringología de Clínicas para tomar un turno, donde serán derivados al consultorio correspondiente.

El agente fiscal Orlando Quintana formuló imputación contra el suboficial de la Policía, Fernándo Llamas Ríos (29), quién sería responsable en la comisión de los hechos punibles de asociación Criminal, y frustración de la persecución y ejecución penal.

Según la denuncia, el suboficial estaría directamente vinculado al grupo criminal encargado de perpetrar el robo a la asociación de cambistas de Ciudad del Este, ocurrido el pasado mes de febrero.

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La Fiscalía estima que al menos 15 hombres participaron de manera directa en la sustracción del dinero de los cambistas en Ciudad del Este.

El acceso a la bóveda de los cambistas de Ciudad del Este era potestad exclusiva de los que estaban registrados como socios y depositantes. El plano visual externo del recinto, por lógica, fue proveído por alguien que conocía a la perfección la disposición de las cajas.