The Intercept, dirigido por el periodista estadounidense Glenn Greenwald, a quien el ex analista de la CIA Edward Snowden reveló los programas de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), tuvo acceso a las conversaciones mantenidas durante años entre fiscales y jueces.

El medio publica fragmentos de diálogos entre el fiscal Deltan Dallagnol y el exmagistrado Sergio Moro, actual ministro de Justicia del presidente Jair Bolsonaro y quien en 2017 condenó a Lula en primera instancia a nueve años y seis meses de prisión por recibir un apartamento en una playa de Sao Paulo a cambio de favores políticos a la constructora OAS.

Según The Intercept, las conversaciones privadas muestran que Moro sugirió a Dallagnol cambiar el orden de las fases de la operación Lava Jato, dio consejos y pistas a los fiscales encargados del caso, lo que está prohibido por ley.

Asimismo, en otras conversaciones, fiscales del grupo que investigaba la Lava Jato en Curitiba, liderado por Dallagnol, discuten formas de frenar una entrevista que Lula, en prisión desde abril de 2018, había concedido al diario Folha de Sao Paulo porque podría beneficiar al Partido de los Trabajadores (PT) en las elecciones del pasado octubre.

En un comunicado, el Ministerio Público de Curitiba (MPF) subrayó que los procuradores están “tranquilos” en cuanto a la legitimidad de la actuación, pero expresaron su “preocupación con la seguridad personal y con la fiscalización y manipulación del significado de los mensajes”.

The Intercept subrayó que una fuente no identificada les contactó y les entregó el material, aunque no precisó como el mismo fue conseguido.

“La acción vil del hacker invadió teléfonos y aplicaciones de fiscales usados para la comunicación privada y el interés del trabajo, habiendo incluso una sustracción de identidad de algunos de sus integrantes”, señala un comunicado enviado por el Ministerio Público de Curitiba.

Tras el inicio de la operación Lava Jato, hace cinco años, el MPF acusó a Lula de ser el “comandante máximo” de una trama corrupta y de recibir una apartamento en el balneario paulista de Guarujá a cambio de favores a OAS, un proceso por el que fue condenado por Moro y encarcelado tras la pena ser ratificada en segunda instancia.

La defensa del exmandatario subrayó que los documentos divulgados por The Intercept muestran que la actuación de los procuradores y del exjuez Sergio Moro tuvo un “objetivo político”.

“Nadie puede tener dudas de que los procesos contra el expresidente Lula están corrompidos por lo que hay de más grave en términos de violación a las garantías fundamentales y a la negativa de los derechos”, señala el comunicado de los abogados de los comentarios.

El excandidato presidencial Fernando Haddad, quien perdió las elecciones del pasado octubre frente a Bolsonaro, advirtió en su cuenta de Twitter que Brasil “puede estar delante del mayor escándalo institucional de la historia de la República”.

“Muchos serían presos, procesos tendrían que ser anulados y una gran farsa sería revelada al mundo. Vamos a acompañar con toda cautela, pero no nos podemos detener. ¡Que se investigue toda la verdad!, señaló Haddad.

La expresidenta brasileña Dilma Rousseff, por su parte, afirmó que las revelaciones de The Intercept dejan “explícitas las relaciones ilegales y espurias entre el juez Sergio Moro y los procuradores de la Lava Jato, con destaque para Deltan Dallagnol”.

“Procesos corrompidos por el fraude implican la libertad inmediata de Lula”, dijo Rousseff en Twitter.

El rotativo francés tuvo acceso a un documento transmitido por el Banco de Palestina a “algunos socios internacionales”, en el que describe robos espectaculares, como el que ocurrió en su principal sucursal en Ciudad de Gaza.

Empleados de la agencia constataron el 16 de abril “que se había realizado un agujero en el techo de la cámara acorazada”, explica el diario, añadiendo que “los delincuentes se hicieron con casetes de cajeros automáticos” que contenían el equivalente a 3 millones de dólares en séqueles israelíes.

El día siguiente, el 17 de abril, “grupos armados equipados con explosivos entraron de nuevo en el edificio”, hicieron explotar una cubierta de cemento y se llevaron el equivalente a 30 millones de dólares “en diferentes divisas”, añade el rotativo.

La mayor sucursal del centro de Ciudad de Gaza fue atacada el 18 de abril por un “comando” de hombres que dijeron responder a “las más altas autoridades de Gaza”, una fórmula que, según el periódico, corresponde a Hamás. En ese ataque, se llevaron séqueles por un equivalente a más de 36 millones de dólares.

Hamás, en guerra contra Israel, gobierna Gaza desde 2007.

El Banco de Palestina, fundado en 1960, es la principal institución financiera de Gaza.

La Autoridad Monetaria Palestina, un organismo independiente que supervisa el sistema financiero en los territorios palestinos, afirmó a AFP que tenía previsto emitir una declaración sobre el asunto el sábado.

Fuente: AFP

El Gobierno de España ha aprobado por primera vez un real decreto que regulará la actividad de los conocidos como ‘influencers’, con el objetivo de adaptarse a la Ley General de Comunicación Audiovisual aprobada en 2022.

Así, los creadores de contenidos deberán abstenerse de hacer cierta publicidad, además de estar obligados a etiquetar sus publicaciones y a inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como usuarios de especial relevancia.

¿Afecta a todos los ‘influencers’?

La respuesta es no. La ley se refiere a los “usuarios de especial relevancia” y define a estos a través de tres requisitos que deben cumplir:

• Tener unos ingresos anuales superiores a los 300.000 euros.
• Superar el millón de seguidores en una única plataforma o los dos millones en su actividad global.
• Haber publicado 24 o más videos al año.

Otra particularidad es que solo afecta a los residentes en España, es decir, que aquellos que, por ejemplo, se trasladaron a Andorra, no están obligados por esta normativa.

¿Cuáles serán sus obligaciones?

A partir de su registro, que se debe producir en el plazo de los próximos dos meses, todos esos creadores de contenidos deberán atenerse a varias disposiciones.

Deberán identificar los espacios publicitarios explícitamente y etiquetar sus contenidos indicando la edad recomendada de sus espectadores. Además, tendrán prohibido hacer publicidad de productos relacionados con el tabaco, el alcohol, los medicamentos o de cualquier producto o servicio que pueda perjudicar psicológicamente a los menores.

De este modo, se les asimila a otros actores tradicionales del sector audiovisual, como son la televisión o la radio.

Poniendo algunos nombres y apellidos

Entre los afectados por la nueva legislación se encuentra Ibai Llanos, el ‘streamer’ de más éxito del país, que Forbes llegó a incluir en una de sus listas de españoles más influyentes del mundo en 2021. Tiene más de 15 millones de seguidores en Twitch y más de 11 millones en Youtube.

María Pombo es otra de las ‘influencers’ más conocidas del país. Especializada en contenidos relacionados con la moda, la belleza y el estilo de vida, hace casi una década que vive de sus redes sociales, en las que tiene más de tres millones de seguidores.

Otra imprescindible en este listado es Dulceida. Esta bloguera e ‘influencer’ también es conocida por sus publicaciones relacionadas con la moda y el estilo de vida. Desde hace ocho años organiza su propio festival de moda y música. Tiene más de 3,4 millones de seguidores en Instagram.

Otro nombre, más polémico que los anteriores, es el de El Xokas, cuyo nombre real es Joaquín Domínguez. Es conocido principalmente por sus retransmisiones de partidas del ‘World of Warcraft’ en Twitch, donde tiene alrededor de 4 millones de seguidores. Según él mismo ha revelado en varias ocasiones, ingresa alrededor de 60.000 euros al mes.

El tribunal de Río de Janeiro ordenó la liberación de Érika Souza Vieira Nunes, de 42 años -quien sufre de problemas de salud mental y tiene una menor a cargo- que hace dos semanas llevó a su tío muerto a una sucursal bancaria para intentar obtener un préstamo.

La mujer fue detenida in fraganti el día 16 del mes pasado, luego de llevar el cadáver del anciano Paulo Roberto Braga, sentado en una silla de ruedas, al banco Bangu, de esta ciudad. El Ministerio Público (MPRJ) la acusó por los delitos de tentativa de peculado y profanación de cadáver. Érika se encontraba detenida en la prisión de Djanira Dolores, también en Bangu.

La jueza Luciana Mocco, titular del 2º Juzgado Penal de Bangu, respondió a un pedido de la defensa de Érika y revocó su prisión preventiva. Sus abogados señalaron que Érika, de profesión ama de casa, tiene un hogar permanente, “mala salud mental”, y está a cargo de una menor discapacitada que requiere de su cuidado en casa.

El juez determinó, sin embargo, que Érika debe cumplir con medidas cautelares, como presentarse mensualmente a la secretaría judicial para informar sus actividades o un posible cambio de domicilio; en el caso de hospitalización por tratamiento de salud mental, también deberá notificarse al Tribunal; tiene prohibido ausentarse del distrito por más de siete días.

Érika también comenzó a ser investigada por homicidio culposo, sin intención de matar. Una orden del delegado Fabio Luiz Souza, jefe de la 34ª DP (Bangu), responsable de las investigaciones, y publicada por TV Globo, indica una “flagrante omisión de asistencia” por parte de la mujer. Según el delegado, el tío Paulo se encontraba en una “situación crítica que amenazaba su vida”.

“Teniendo en cuenta que el 16 de abril, Paulo se encontraba en una situación grave que amenazaba su vida, como se desprende de las declaraciones de todos los testigos que tuvieron contacto con la víctima, en lugar de volver a ir al hospital, acudió al centro comercial, configurando una flagrante falta de asistencia. Por tanto, se debe registrar un nuevo informe para investigar el delito de homicidio culposo”, señaló.

Según la Policía Civil, como cuidadora del anciano, “al ver que no se encontraba bien, debería haberlo trasladado a un hospital, no a una sucursal bancaria”.

El crimen ocurrió en Bangu, en la Zona Oeste de Río de Janeiro. Érika fue detenida en el acto y su arresto se convirtió en prisión preventiva durante una audiencia de custodia. La denuncia destaca que, aunque el préstamo fue contratado por el anciano Paulo Roberto Braga cuando estaba vivo, el retiro de 17.975 reales (unos 3500 dólares) no pudo realizarse porque en el momento de la detención la víctima había fallecido.

La acción penal también indica que Érika, mediante fraude, intentó apropiarse de fondos que no habrían sido utilizados a favor de su tío, lo que finalmente causaría un perjuicio a la institución financiera que otorgó el préstamo, es decir, que no sería pagado por el donante, fallecido.

“El crimen no se llevó a cabo debido a que los empleados del banco, al notar que el anciano Paulo Roberto Braga estaba en mal estado, pálido y sin poder firmar un documento, llamaron al Servicio Móvil de Atención de Emergencias, quienes confirmaron la muerte”, describe un extracto de la denuncia.

El inspector mencionó “menosprecio y falta de respeto” hacia el mayor al llevarlo muerto para retirar el dinero. “La imputada vilipendió consciente y voluntariamente el cadáver de Paulo Roberto Braga, llevándolo a la referida sucursal bancaria y permaneciendo allí, incluso después de su muerte, con el objetivo de retirar la orden antes mencionada”, señaló.

Con información de O Globo/GDA