Desde hace bastante tiempo los ayolenses venían solicitando una audiencia con el titular de la EBY, Nicanor Duarte Frutos, para conversar sobre los reclamos y las necesidades de la zona.

“Llegamos y cuando yo hice mi descargo correspondiente el director se enojó, en un momento dado nos discutimos pero nosotros no nos callamos”, comentó en contacto con radio UNO Ostiano Aranda, dirigente de Ayolas.

Explicó que el pedido se centra en inversiones de infraestructura para Ayolas, comenzando por la entrada a la ciudad, que según Aranda, es una vergüenza y necesita ser mejorada en todos sus aspectos.

“Lo que pretendemos es que haya movimiento, mano de obra, Ayolas está abandonada, los ciudadanos viven en un yuyal “, afirmó Aranda.

El video de la discusión entre Nicanor Duarte Frutos y los pobladores de la zona se difundió a través de las redes sociales y generó críticas contra la actitud de Duarte Frutos.

La Fiscalía, con apoyo del Departamento contra Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), ayer encabezó un allanamiento en un local comercial de la ciudad de Presidente Franco.

Se trata de un supermercado donde, conforme a las investigaciones de las autoridades, se comercializaban productos presuntamente ingresados de contrabando al país.

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El procedimiento estuvo encabezado por la fiscal Claudelina Corvalán, en cumplimiento de un mandamiento judicial del Juzgado Penal de Garantías de Franco, a cargo de la jueza Carina Frutos Recalde.

Durante la intervención, se incautaron productos como azúcar, aceite, sal, galletitas, vino y bebidas gaseosas, todos de origen brasileño y argentino, además de carne vacuna de la marca Friboi (costilla, también conocida como ‘costelao’), de procedencia brasileña.

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Las autoridades presumen que todas estas mercaderías ingresaron al país de manera ilegal, por lo que se dispuso su decomiso y traslado al depósito asignado para el efecto.

De igual manera, la fiscal interviniente ordenó la detención preventiva de Aldren Jordan Prieto Cáceres, responsable del establecimiento comercial. El mismo deberá afrontar una investigación por el presunto delito de contrabando.

Una mujer de de 28 años fue hasta la comisaría 9° de la localidad Aguaraymí, departamento de San Pedro, y atacó con un cuchillo a su expareja, el comisario de dicha sede policial.

Se trata de Lorena Beatriz Sanabria, quien fue detenida luego del ataque al jefe policial Guido Daniel Achucarro.

La denuncia refiere que ayer, en horas de la siesta, Sanabria llegó hasta la mencionada comisaría y con una actitud violenta ingresó hasta la oficina de Achucarro para hablar sobre la reciente separación. Sin embargo, en un momento dado, la mujer se alteró y al tratar de calmarla, el comisario sufrió varias heridas, la mayoría en el cuello, con un arma blanca, además de la rotura de su uniforme.

Los oficiales que se encontraban en el sitio intervinieron a fin de evitar que se registrara un homicidio en plena comisaría. Tras la detención de la iracunda mujer, se dio aviso al fiscal de turno, Óscar López, quien dispuso la aprehensión y traslado de la mujer hasta la sede de la Comisaría 1ª San Pedro, en libre comunicación y a disposición del Ministerio Publico.

El empresario deportivo Regis Marques confirmo haber recibido ofertas para acceder a mantener sexo (pagado) con señoritas de “buena presencia y mucha discreción”.

“Recibí propuestas de una mujer que se presentaba como ella (Virginia). Pero yo ya no estoy en edad para acceder a dichos planteamientos”, señalo Marques en comunicación con la 1020 AM.

Añadió que no acepta, por otro lado, las mismas propuestas para conseguir mujeres para mantener sexo con jugadores que el mismo representa.

En la pesquisa abierta en el expediente, se menciona que varios futbolistas, empresarios y políticos, que cayeron en las redes del esquema que tiene a la modelo, como principal articuladora.

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El modus operandi del grupo de sextorsión, era “conseguir” pareja sexual temporal a hombres que pagaban sumas establecidas para el efecto. Los mismos eran filmados en los actos íntimos y luego les extorsionaban con publicación de los vídeos.

Las tarifas de apriete que imponían, iban de 1.000 a 3.000 dólares en promedio, y algunos casos incluso mucho más. Esto conforme testimonios de algunas de las víctimas a la Policía. Muchas de las víctimas, según se supo, no formularon denuncias, para evitar escándalo y visualización.