Maricarmen Sequera, directora ejecutiva de TEDIC, en entrevista con Radio La Unión sostuvo que la implementación del voto electrónico en nuestro país podría poner en riesgo el artículo 118 de la Constitución Nacional que habla sobre el secreto del voto.

Sobre este punto, explicó que el secreto del voto guarda relación con el hecho de que el elector tenga la certeza de que los encargados de mesa o cualquier otra persona no sabrá por cuál candidato votó durante el sufragio.

“Hoy necesitamos que ese proceso no se digitalice porque es el proceso que más bien funciona dentro del sistema de elección”, indicó al hacer referencia sobre la digitalización del voto.

La experta manifestó que la utilización de urnas electrónicas también podría acarrear otros riesgos como la posibilidad de vulnerar el sistema con algún mecanismo para identificar al votante y qué opción eligió, lo cual a su vez podría acarrear algún tipo de represalia.

Citó el caso de Venezuela en el que se implementa esta modalidad incluyendo la identificación biométrica del votante y aseguró que este mecanismo podría ayudar a saber más fácilmente quién votó, a qué hora y por cuál candidato.

“Implementar el sistema de voto electrónico supone renunciar a un control ciudadano de este proceso electoral en pasos esenciales. La gestión electoral, la determinación de los resultados deben ser comprobados por los ciudadanos de manera fácil y confiable”, refirió.

Sequera admitió que no se debe confiar del todo en las tecnologías debido a que las mismas son muy vulnerables y no existe una que sea 100% segura. “El voto electrónico se puede vulnerar de cualquier manera, tanto desde la empresa que crea el software o del Estado si sabe cómo está el código”, agregó.

A su criterio, en caso de que se llegue a implementar este mecanismo se debería auditar el código de cómo fue creado el software de las urnas, de manera a determinar si no se incluyó algún malware malicioso que pueda afectar los equipos y vulnerar los resultados.

En algunos países en los que ya se llegó a implementar el voto electrónico como Alemania, Dinamarca u Holanda, entre otros, se tuvo que retroceder en esta idea debido a que demostró que había vulneraciones del voto y que se podía llegar a hackear el sistema, según mencionó la directora ejecutiva de TEDIC.

Teniendo en cuenta estos aspectos, desde esta ONG que desarrolla tecnología cívica abierta y defiende los derechos digitales en favor de una cultura libre en Internet abogan por no implementar las urnas electrónicas como parte de la propuesta de desbloqueo de listas sábanas.

En el transcurso de la tarde de ayer se reportó el hallazgo de un lote de medicamentos abandonados en la ciudad de Ypané.

Se trata de cuatro cajas de fármacos pertenecientes al Laboratorio Bagó, que fueron dejados en un terreno baldío.

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Pobladores del barrio donde se produjo el hallazgo denunciaron el hecho y expresaron su preocupación ante el temor de que niños que cruzan por la zona pudieran llevarse los productos.

“Esto queda de camino a una escuela, hay criaturas pequeñas que generalmente van por la tarde”, refirió una de las pobladoras al canal C9N.

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La mujer dijo desconocer quién fue la persona que llegó hasta el sitio para dejar los medicamentos y el motivo por el que decidieron abandonarlos allí.

Varios de los fármacos ya se encuentran vencidos, según se pudo constatar al hacer la revisión de las cajas, aunque hay otros que aún poseen validez conforme a su fecha de fabricación.

La madre de Matías Vicésar (21), Raquel Vicésar, denunció en charla con Visión Comunicaciones que existen muchas irregularidades en el proceso abierto contra el radiólogo Gabriel Ayala, quien fue el responsable de haber ocasionado el accidente.

La madre explicó que habían recusado al juez de Guairá, Víctor Ortigoza, por aparente pérdida de imparcialidad, y que de manera meteórica un Tribunal lo confirmó en el cargo e inmediatamente se fijó la audiencia.

“De la nada se llamó a juicio oral, siendo que se recusó al juez por parcialidad. Mientras estábamos esperando la resolución, a mi hija le avisan que el tribunal confirmó al juez a las 12:10, y que ya se convocó a la audiencia a las 12:30. La contraparte consiguió a todos sus testigos, mientras que nosotros tenemos a un testigo que es de Encarnación y otro que estaba trabajando en ese momento. Por lógica se debe hacer una notificación previa. Me duele mucho eso”, expuso.

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En otro momento, la mujer lamentó que la contraparte denunciada pretendió instalar mentiras, responsabilizando a su hijo de lo ocurrido. Afortunadamente, tras mucho insistir se pudo conseguir un video de circuito cerrado, mediante el cual se supo lo que verdaderamente ocurrió. “La fiscal Gladys Giménez nos trabó al principio, y tuvimos que hacer una querella adhesiva para poder acceder al video. Nuestro abogado accedió y vimos que mi hijo no fue el culpable”, agregó.

También indicó que, uno de los testigos dijo que al radiólogo le preocupó más cómo estaba su auto antes que el joven atropellado, quien estaba tirado en el suelo y no recibió la asistencia oportuna, lo cual podría haber cambiado su situación.

Para el próximo viernes, a las 09:00, está previsto que continúe el juicio contra Gabriel Ayala. La familia de Matías espera conseguir justicia.

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El 25 de junio del 2023, en horas de la noche, Matías Vicésar Leiva sufrió un traumatismo de cráneo y múltiples fracturas. Estuvo involucrado en el accidente el automóvil conducido por el radiólogo Gabriel Ayala Irala, funcionario de blanco de la ciudad de Villarrica.

El percance se registró sobre la calle Avenida España y 25 de noviembre, en la esquina del hospital regional de Villarrica, cuando el joven transitaba a bordo de su motocicleta rumbo a su domicilio tras su jornada laboral, momento en que le salió al paso -aparentemente de manera imprudente- el conductor del rodado.

Marías se encuentra actualmente en su casa, con muerte cerebral, luego de haber estado seis meses en el hospital.

El mismo fue identificado como Julio Ramón Cáceres Carrillo, 52 años, quien es acusado por falsificación de documentos para los delincuentes. El hombre ya se encontraba suspendido desde el año 2023 por una causa similar, sin embargo seguía generando documentos que falsificaba para sus “clientes”.

El allanamiento y detención se produjo sobre las calles Milano y Juan E. O’Leary, de la capital, en donde el sujeto tenía montado su oficina y vivienda.

Las tramas fraudulentas afectaron a muchas personas que caìan en la trampa que se presentaba de manera legal, pero cuyo contenido estaba plagado de falsificaciones de documentos públicos.

Según investigadores, el escribano acusado tendría conexiones cómplices en entes en los que necesariamente deben registrarse las transacciones de bienes, así como en el ámbito judicial. Esto a partir de la forma rápida en que se despachaban los casos, así como el acceso a planillas hojas de documentos en blanco, que eran llenadas con datos falsos. Esta posibilidad ya saltó al tapete en otras ocasiones en donde incluso se vieron involucrados jueces y funcionarios del Poder Judicial.

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