Ante 190 personas reunidas hasta el domingo en el Vaticano, entre ellas 114 representantes de las conferencias episcopales, Francisco indicó que lo que se espera de su Iglesia no es solo condenar los abusos de sus clérigos sino “medidas concretas y efectivas” para erradicarlos.

“El pueblo de Dios nos mira y espera de nosotros no simples y obvias condenas, sino medidas concretas y efectivas”, afirmó el papa.

Y para empezar a trabajar, se distribuyó entre los participantes una lista con 21 propuestas que han realizado los diferentes comités y conferencias episcopales y que el experto en la lucha contra los abusos y secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, definió como una “hoja de ruta” que guiará el debate en estos días.

Entre los 21 puntos -el papa dijo que son “un simple punto de partida”- figura “la elaboración de un vademécum en el que se especifican los pasos a seguir por la autoridad en todos los momentos clave del surgimiento de un caso”.

También se propone crear “centros de escucha, compuestos por personas capacitadas y expertas, donde se ejerza un primer discernimiento de los casos de las presuntas víctimas”.

Otro de los puntos propuestos que más sorprendió es elevar a 16 años la edad mínima para el matrimonio. El Derecho Canónico establece ahora la edad mínima para casarse en 14 años para las mujeres y en 16 para los hombres.

Entre los puntos a debate, se incluyen “informar a las autoridades civiles y las autoridades eclesiásticas superiores de conformidad con las normas civiles y canónicas” e “implementar procedimientos compartidos para el examen de las denuncias, la protección de las víctimas y el derecho de defensa del acusado”.

Otros puntos son “establecer protocolos específicos para la gestión de las acusaciones contra los obispos” y cursos de formación continua para “obispos, superiores religiosos, clérigos y trabajadores pastorales”.

Una de estas propuestas “concretas” es también la de garantizar “la proporcionalidad del castigo con respecto al delito cometido”, es decir que “los sacerdotes y obispos culpables de abuso sexual de menores tienen que ser expulsados de sus cargos”.

También se propone “realizar una evaluación psicológica a cargo de expertos cualificados y acreditados para los candidatos al sacerdocio y la vida consagrada”.

A algunas de las asociaciones de víctimas de abusos por parte del clero no les pareció que estas propuestas reflejen la “tolerancia cero” prometida.

El español Miguel Hurtado, que denunció por abusos sexuales a un monje de Montserrat (Cataluña), consideró estas propuestas “muy vagas” y “muy flojas” y lamentó que no incluyen “las medidas básicas para garantizar la tolerancia cero” como que si “abusas de un niño te tienes que ir inmediatamente a la calle” o la “obligación de denunciar automáticamente todos los casos a la Policía”.

“Si esto es lo mejor que el papa tiene que ofrecer, esta cumbre va a ser un absoluto fracaso”, zanjó.

La reunión comenzó con un puño en el estómago para los presentes ya que se escucharon los testimonios grabados de víctimas que relataron las violaciones sufridas y cómo una y otra vez se ignoraron sus denuncias.

“Lo primero que hicieron fue tratarme de mentiroso, darme la espalda y decir que yo y otros éramos enemigos de la Iglesia”, explicó en un vídeo el chileno Juan Carlos Cruz, que denunció al sacerdote Fernando Karadima, según la transcripción proporcionada por el Vaticano.

Una mujer africana relató que desde que tenía quince años fue obligada a mantener relaciones sexuales con un sacerdote: “Estuve embarazada tres veces, él me hizo abortar tres veces”. relató.

Durante la sesión de la mañana se escucharon las ponencias del arzobispo de Manila, el cardenal Luis Antonio Tagle, que lanzó una dura acusación a los obispos por haber abandonado a las víctimas.

Scicluna recordó a los responsables de las Iglesias locales que tienen el deber de respetar “los protocolos existentes” y “las leyes civiles y nacionales”.

Fuente: AFP

Las tropas rusas han logrado varios avances en la región de Donetsk la última semana, lo que ha generado incluso críticas de los blogueros militares ucranianos, que no suelen enjuiciar a las fuerzas armadas de su país.

“Gracias a las operaciones activas, unidades del grupo de fuerzas central han liberado la aldea de Novobajmutivka”, indicó el Ministerio de Defensa ruso.

Esta posición está situada a cerca de 10 kilómetros al norte de la ciudad de Avdiivka, que las fuerzas rusas tomaron en febrero tras una de las batallas más rudas desde que empezó el conflicto en febrero de 2022.

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Este avance colocó en dificultades al ejército ucraniano, que enfrenta esta ofensiva con una escasez de hombres y de municiones.

El jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrsky, afirmó a mediados de mes que la situación en el frente oriental “empeoró considerablemente” y reconoció que Rusia ha obtenido algunos “éxitos tácticos”.

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El director de inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Kirilo Budánov, advirtió este mes que la situación en el frente iba a empeorar hacia mediados de mayo y junio.

Kiev espera que la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de un nuevo paquete de ayuda militar por miles de millones de dólares le permita estabilizar la situación en las extensas líneas del frente.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a partir de la cero hora del lunes un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida, dijo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, paralizará las exportaciones de agroalimentos y controles sanitarios en todo el territorio argentino.

“Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, dijo Aguiar.

La medida se produce en la etapa inicial del período de mayor liquidación de agroexportaciones e ingreso de divisas a la Argentina, pues implica la paralización de controles en puertos, aeropuertos y aduanas.

Al cese de la fiscalización de las barreras zoofitosanitarias, que impide la salida de productos, se sumará la movilización del sindicato el martes 30 de abril al Congreso de la Nación, fecha en que se estima que la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto oficial en una maratónica sesión que se iniciará el lunes.

Proyecto con dictamen

El tratamiento de la versión reducida del original proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado del dictamen de mayoría firmado el jueves en la Cámara baja.

Según ATE, la pieza legislativa propicia “una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el Senasa. Por eso, dice el sindicato, “el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario”.

“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país”, dijo Aguiar.

Según el dirigente sindical, “si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”.

Respecto al caso del Senasa, agregó: “pretenden dejar sobre la órbita del Senasa solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En busca de una excepción

El objetivo de la medida, dijo Aguiar, es que el gobierno exceptúe al Senasa de los organismos alcanzados por la ley. En un comunicado, ATE subrayó la importancia de “contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional”.

El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y está habilitado al respecto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el organismo de control de la normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.

Según ATE, “sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.

Como ejemplo, apuntó: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación.

El sindicato también aseguró que “se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más”, como el caso de Japón.

Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales”.

La institución indicó en la red social X haber “logrado que 14 pandilleros de la MS (Mara Salvatrucha), que operaban en diferentes sectores de Santa Tecla y La Libertad, sean condenados a penas de hasta 120 años de cárcel”.

Los pandilleros fueron encontrados culpables del homicidio de 14 personas entre 2017 y 2019.

“Estos criminales privaban de libertad a las víctimas, les quitaban la vida y las enterraban en cementerios clandestinos. Entre las víctimas hay un policía”, señaló el comunicado.

Precisó que cuatro de los acusados recibieron las condenas mayores, a 52, 64, 112 y 120 años de prisión, por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas.

El presidente Nayib Bukele mantiene desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas amparado por un polémico régimen de excepción tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

Desde entonces, las autoridades han arrestado a 79.800 presuntos pandilleros, de los cuales 7.600 han sido liberados, indicó en una reciente entrevista con AFP el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro.

La cruzada contra las pandillas devolvió una aparente tranquilidad a las calles del país centroamericano, pero es criticada por organismos de derechos humanos debido a que el régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial.