Los productores se concentraron frente al Ministerio de Agricultura de la capital para reclamar una mayor inversión en el sector, que se traduzca en un acompañamiento técnico a los pequeños y medianos agricultores.

El secretario general adjunto de la Federación Nacional Campesina (FNC), Marcel Gómez, explicó a Efe que la falta de presupuesto ha provocado que productos como el tomate, el pimiento, la cebolla, las patatas y el ajo se importen principalmente del extranjero.

“Hay todas las condiciones para producir en nuestro país si hay una política de Estado, un acompañamiento y se garantiza el mercado interno”, indicó.

Gómez denunció que el Gobierno de Mario Abdo Benítez no ha demostrado ninguna “política pública en relación a los compromisos que decían durante toda la campaña electoral”, desde que llegó al poder hace seis meses.

En ese sentido, el secretario general de la FNC, lamentó que no se haya dado una respuesta a algunas de las propuestas de la organización para mejorar la producción en sectores como el algodón o la mandioca.

La FNC presentó al Ejecutivo un proyecto para mejorar la producción de cerca de 6.700 agricultores del país que precisa una inversión de 33 millones de dólares en los próximos cinco años.

La iniciativa supondría una mejora en las infraestructuras de trabajo como el riego o los invernaderos, así como una revisión de algunas técnicas como la plantación de semillas mejoradas o la recuperación del suelo.

“Con eso, se cubriría toda la demanda de la producción hortícola de nuestro país”, añadió Gómez, quien criticó que las exportaciones están causando una “pérdida de soberanía y de puestos de trabajo” en Paraguay.

Además de las medidas para incentivar la producción, los manifestantes también denunciaron un encarecimiento de los productos desde que son recolectados hasta que llegan al consumidor.

A este respecto, Gómez indicó que los campesinos venden la mandioca a un precio aproximado de 200 guaraníes (0,03 dólares) el kilo a los intermediarios, mientras que puede alcanzar un valor final de 2.500 guaraníes (0,41 dólares) en el mercado.

Además, la reivindicación de la propiedad de la tierra y la denuncia de las condiciones de vida en las comunidades de campesinos volvió a ser una de las protestas repetidas contra la Administración.

“Los asentamientos campesinos, donde se están produciendo alimentos, están siendo atropellados por los grandes exportadores sojeros con envenenamientos, amenazas de desalojo y persecución a la comunidad campesina”, agregó Gómez.

Esta concentración es una antesala de la tradicional Marcha del Campesinado Pobre que recorrerá el próximo 21 de marzo las calles de la capital paraguaya y en la que se volverán a plantear exigencias al Estado.

Paraguay tiene la mayor concentración en la propiedad de la tierra del mundo, donde el 90 % de los terrenos están en manos del 5 % de los propietarios, según los datos de la ONG Oxfam.

En base a un modelo de implementación, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) a través del Viceministerio de Transporte y la Municipalidad de Asunción, coordinan acciones para analizar y avanzar de forma estratégica respecto a la renovación de flotas, itinerarios, frecuencia de buses, paradas y otros elementos importantes para el fortalecimiento del servicio.

“El transporte público es clave para el bienestar de la ciudadanía, y trabajaremos juntos por un servicio público para la ciudad de Asunción que sea amigable y eficiente ante las necesidades de los pasajeros”, manifestó el viceministro Emiliano R. Fernández.

En esa misma línea, el intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, explicó que el objetivo del modelo presentado es cubrir los itinerarios a través de un sistema integrado. El plan prevé 100 buses que cubrirán los itinerarios de los barrios y servirán como una base de alimentadores.

“La idea es que los ciudadanos puedan pagar una sola vez y trasladarse, saliendo de los barrios y troncales, donde los buses grandes los llevará al destino”, indicó el intendente del municipio.

La Dirección de Policía del departamento de Itapúa impulsa a partir de esta semana el denominado operativo “Itapúa Seguro”.

La decisión fue adoptada luego del millonario asalto registrado el último fin de semana en el distrito de Natalio, el cual afectó a la sucursal del Banco Nacional de Fomento (BNF).

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Como parte de este operativo, se vienen llevando a cabo una serie de controles de vehículos y personas en las rutas nacionales y caminos alternativos del citado departamento.

Las autoridades instan a los conductores a portar consigo todas las documentaciones pertinentes, a fin de poder presentarlas en caso de ser retenido en una barrera de control.

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A la par, se ha realizado un importante despliegue de efectivos policiales en distintas localidades de Itapúa, de modo a reforzar la seguridad y evitar nuevos hechos punibles.

Se prevé un servicio permanente con relevos, fijándose la distribución de agentes de la siguiente manera: San Rafael del Paraná (25), Natalio (17), Edelira (22), Capitán Meza (113), María Auxiliadora (16), Mayor Otaño (19) y Naranjito (95).

La propuesta fue presentada por el diputado Héctor Figueredo (ANR-Cordillera), quien explicó que la mencionada ley es una herramienta jurídica que puede ayudar a la protección de nuestros niños y jóvenes en etapa escolar. Vale recordar que la referida ley fue promulgada el 19 de diciembre del año 2019 y publicada el 26 de diciembre del mismo año.

En ese sentido, consideró que la implementación de estas medidas logrará fomentar un ambiente escolar más enfocado y reducir las distracciones derivadas del uso de dispositivos electrónicos.

“Aunque los teléfonos móviles forman parte de nuestras vidas, no deben estar en las aulas para que los alumnos logren concentrarse y tener la oportunidad de estudiar correctamente; los teléfonos móviles son una distracción según indican los estudios científicos; nuestra obligación, como sociedad, es proteger a nuestros niños y jóvenes”, expresó el diputado ante el plenario.

Comentó, además, que en conversación con el ministro de Educación, Cultura y Ciencias (MEC), Luis Ramírez, coincidieron en la necesidad de hacer cumplir lo que se establece en la mencionada ley.

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