Un total de 22 líderes de primer y segundo escalón del PCC presos en Sao Paulo fueron trasladadas por las autoridades de regionales a tres prisiones federales del Brasil, una medida que “desestructura” al menos de forma momentánea la influyente organización.

En la lista de transferidos figura Marcos Willians Herbas Camacho, conocido como “Marcola”, condenado a más de 200 años de cárcel y quien comanda el crimen organizado desde el interior de su celda gracias a la rígida y jerárquica estructura de la organización.

“La transferencia provoca una desorientación, una falta de coordinación. Es como si quitas al consejo director de una empresa y dejas a los funcionarios, que saben lo que es el día a día, pero no saben tomar medidas drásticas”, explicó Gakiya, fiscal de Sao Paulo y quien solicitó la transferencia de los 22 miembros del PCC.

La decisión de la justicia, ejecutada este miércoles, supone un duro golpe para la mayor facción criminal del país, que ha extendido sus tentáculos por todo Brasil y una parte de Sudamérica, especialmente Paraguay y Bolivia.

De acuerdo con el fiscal, el Primer Comando de la Capital se encuentra hoy en un estado “premafioso”, ya que reúne todos los componentes de los grupos mafiosos, excepto uno de ellos: la sofisticación en el lavado de dinero.

Fundado en 1993 durante una rebelión en Sao Paulo, el grupo, que inspiró su nombre en el equipo de fútbol de la cárcel, ha extendido en los últimos años su actividad al tráfico de drogas y armas, especialmente en las regiones fronterizas, y también al rentable robo de cargas y contrabando de combustible.

A pesar de su robusta estructura, Gakiya considera que la transferencia de Marcola y sus secuaces va a “debilitar” temporalmente al PCC, que podría iniciar una disputa interna por el poder ante el aislamiento de sus líderes.

“Cuando hay disputa interna por el poder, hay debilidad, eso es natural. Dejan de expandirse para cuidar de la propia dirección”, cuenta.

El capo de la facción fue transferido de una cárcel de Sao Paulo, bastión de la organización, a un presidio federal de Porto Velho capital del estado de Rondonia (norte), donde las reglas para las visitas y contacto con otros presos son mucho más rígidas.

El alejamiento de Marcola de su “zona de confort” va a “dificultar la transmisión de órdenes” a las bases del PCC, grupo que cuenta con alrededor de 30.000 miembros esparcidos por todo Brasil y con ramificaciones en algunos países de Sudamérica y Europa, entre ellos España, según el fiscal.

“Es como un boxeador que recibe un golpe fuerte. Se marea, pero va a continuar la lucha. El Estado tiene que aprovecharse de ese momento de aturdimiento”, señaló Gakiya, quien investiga la actuación del PCC desde hace más de una década y ha recibido amenazas de muerte por parte de la facción.

El fiscal considera improbable que la transferencia de los presos provoque represalias como las ocurridas en 2006, cundo el grupo criminal comandó una ola de ataques contra comisarías y centros de detención en el estado de Sao Paulo en los que mataron a decenas de policías y guardias de prisiones tras la decisión del Gobierno regional de aislar a los líderes de la facción.

“El riesgo siempre existe, pero no por ese riesgo el Estado va a dejar de trabajar”, precisó.

La decisión de transferir a los líderes del PCC se produjo después de que las autoridades frustraran un cinematográfico plan de fuga para liberar a Marcola de la cárcel Presidente Vencesalu, a 600 kilómetros de la ciudad de Sao Paulo, y la operación realizada este miércoles contó con el apoyo del Gobierno del presidente Jair Bolsonaro.

El ultraderechista ha prometido mano dura contra el crimen organizado y su ministro de Justicia, Sergio Moro, ha presentado un paquete de medidas, pendientes de aprobación, que endurecen las leyes con el fin de acorralar la delincuencia, al que se le atribuye una violencia que anualmente deja unos 60.000 muertos en el país.

Fuente: AFP

Las tropas rusas han logrado varios avances en la región de Donetsk la última semana, lo que ha generado incluso críticas de los blogueros militares ucranianos, que no suelen enjuiciar a las fuerzas armadas de su país.

“Gracias a las operaciones activas, unidades del grupo de fuerzas central han liberado la aldea de Novobajmutivka”, indicó el Ministerio de Defensa ruso.

Esta posición está situada a cerca de 10 kilómetros al norte de la ciudad de Avdiivka, que las fuerzas rusas tomaron en febrero tras una de las batallas más rudas desde que empezó el conflicto en febrero de 2022.

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Este avance colocó en dificultades al ejército ucraniano, que enfrenta esta ofensiva con una escasez de hombres y de municiones.

El jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrsky, afirmó a mediados de mes que la situación en el frente oriental “empeoró considerablemente” y reconoció que Rusia ha obtenido algunos “éxitos tácticos”.

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El director de inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Kirilo Budánov, advirtió este mes que la situación en el frente iba a empeorar hacia mediados de mayo y junio.

Kiev espera que la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de un nuevo paquete de ayuda militar por miles de millones de dólares le permita estabilizar la situación en las extensas líneas del frente.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a partir de la cero hora del lunes un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida, dijo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, paralizará las exportaciones de agroalimentos y controles sanitarios en todo el territorio argentino.

“Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, dijo Aguiar.

La medida se produce en la etapa inicial del período de mayor liquidación de agroexportaciones e ingreso de divisas a la Argentina, pues implica la paralización de controles en puertos, aeropuertos y aduanas.

Al cese de la fiscalización de las barreras zoofitosanitarias, que impide la salida de productos, se sumará la movilización del sindicato el martes 30 de abril al Congreso de la Nación, fecha en que se estima que la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto oficial en una maratónica sesión que se iniciará el lunes.

Proyecto con dictamen

El tratamiento de la versión reducida del original proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado del dictamen de mayoría firmado el jueves en la Cámara baja.

Según ATE, la pieza legislativa propicia “una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el Senasa. Por eso, dice el sindicato, “el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario”.

“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país”, dijo Aguiar.

Según el dirigente sindical, “si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”.

Respecto al caso del Senasa, agregó: “pretenden dejar sobre la órbita del Senasa solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En busca de una excepción

El objetivo de la medida, dijo Aguiar, es que el gobierno exceptúe al Senasa de los organismos alcanzados por la ley. En un comunicado, ATE subrayó la importancia de “contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional”.

El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y está habilitado al respecto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el organismo de control de la normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.

Según ATE, “sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.

Como ejemplo, apuntó: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación.

El sindicato también aseguró que “se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más”, como el caso de Japón.

Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales”.

La institución indicó en la red social X haber “logrado que 14 pandilleros de la MS (Mara Salvatrucha), que operaban en diferentes sectores de Santa Tecla y La Libertad, sean condenados a penas de hasta 120 años de cárcel”.

Los pandilleros fueron encontrados culpables del homicidio de 14 personas entre 2017 y 2019.

“Estos criminales privaban de libertad a las víctimas, les quitaban la vida y las enterraban en cementerios clandestinos. Entre las víctimas hay un policía”, señaló el comunicado.

Precisó que cuatro de los acusados recibieron las condenas mayores, a 52, 64, 112 y 120 años de prisión, por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas.

El presidente Nayib Bukele mantiene desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas amparado por un polémico régimen de excepción tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

Desde entonces, las autoridades han arrestado a 79.800 presuntos pandilleros, de los cuales 7.600 han sido liberados, indicó en una reciente entrevista con AFP el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro.

La cruzada contra las pandillas devolvió una aparente tranquilidad a las calles del país centroamericano, pero es criticada por organismos de derechos humanos debido a que el régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial.