“Por las características de transmisibilidad de la Ómicron existe una alta posibilidad de que su contagio se transforme en comunitario en las próximas semanas”, advirtió el ministerio de Salud en un comunicado.

Sin precisar detalles sobre su condición de salud, agregó que el tercer caso de dicha variante en Ecuador “se trata de un paciente domiciliado en Quito” y que “llegó desde Reino Unido” con “las dos vacunas (esquema completo) y el refuerzo”.

Con 17,7 millones de habitantes, Ecuador reportó hasta el jueves 536.129 casos de covid-19 (3.029 casos por cada 100.000 habitantes), desde febrero de 2020, cuando se detectó el primer contagio.

El martes, la ministra ecuatoriana de Salud, Ximena Garzón, había anunciado el primer caso de la variante ómicron en un hombre que estuvo en Sudáfrica, país donde se había identificado la variante hace un mes y que ya alcanza cerca de 80 diferentes naciones.

Se trata de un ingeniero, quien había viajado a Sudáfrica en noviembre junto con otros dos colegas. Sus compañeros dieron negativo al examen.

Garzón pidió a la población seguir vacunándose para evitar el avance de la enfermedad.

Al menos unos 12 millones de habitantes de Ecuador han completado su esquema de vacunación y más de 700.000 han recibido una tercera dosis de refuerzo, según cifras oficiales.

El segundo caso, sin relación alguna con el primero, trascendió el viernes que está en la porteña Guayaquil (suroeste), donde en el pico de la pandemia colapsaron los sistemas sanitario y funerario.

“La persona contagiada (una mujer) está en aislamiento (desde el 12 de diciembre), estable y con síntomas leves, gracias a que tenía el esquema completo de vacunación”, refirió Salud.

La cartera anticipó que “ha ejecutado una serie de acciones para controlar el avance de esta y otras mutaciones”.

El 1 de diciembre el número de casos nuevos diarios en todo el país andino era de 355 y el 17 de diciembre llegó a 715, un aumento de alrededor del 101% en dos semanas.

Ante ese incremento de contagios, las autoridades resolvieron prohibir la celebración en espacios públicos de procesiones y fiestas por Navidad y fin de año.

El jueves, las muertes por covid-19 reportadas por las autoridades sanitarias ecuatorianas desde febrero de 2020 superaron las 33.500.

La norma que enfureció a las organizaciones que defienden la diversidad sexual incorpora una vieja clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Es un decreto que nos retrocede más (de) tres décadas, cuando se ‘descataloguizó’ la homosexualidad desde la OMS (...) No podemos vivir en un país donde nos consideren enfermas o enfermos”, señaló a la AFP Jorge Apolaya, portavoz del Colectivo Marcha del Orgullo Lima.

Unos 200 manifestantes se reunieron frente a la sede del Ministerio de Salud, en Lima, para rechazar la decisión del gobierno de mantener en firme el decreto, pese a las protestas que coincidieron con el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.

“Es una normativa que nos violenta (...) nos están colocando como personas enfermas, como si tuvieramos un problema y la identidad de género es todo lo coantrario” sostuvo Áfrika Nakamura, una comunicadora audiovisual de 25 años.

Bajo lemas como “¡No es enfermedad, es diversidad!” y “Somos trans y no somos enfermas, aquí está la resistencia trans”, los manifestantes bloquearon por unas horas la transitada y céntrica avenida donde está el ministerio, sin que se reportaran choques con la policía.

“Reclamamos la derogación porque estigmatiza a las identidades transgénero, no podemos ser catalogadas frente a un diagnóstico patologizante”, dijo a la AFP Maju Carrión, directora de la asociación TRANSformar.

- “Interpretación errónea” -

Un portavoz del Ministerio de Salud justificó la vigencia del decreto, y alegó que su anulación impediría que los afiliados al sistema de salud, sobre todo al privado, accedan a más servicios de salud mental.

“El decreto se va a mantener porque no podemos quitar el derecho de atención”, dijo a la AFP Carlos Alvarado, director de Aseguramiento e Intercambio Prestacional del ministerio.

Según el portavoz oficial, “ha habido una mala lectura y una interpretación errónea” del decreto.

La transexualidad “no es un problema de salud mental y estamos de acuerdo con eso, a tal punto que hay varios documentos del ministerio que lo especifican”, expresó Alvarado.

El decreto actualiza el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), una lista de los beneficios mínimos a los que tiene derecho un afiliado de la salud pública, mixta o privada.

Sin embargo, empleó una antigua clasificación de la OMS, conocida como CIE-10, con la descripción que puso en alerta a los grupos LGBT.

Desde 2022, la organización dejó de caracterizar la transexualidad como un trastorno mental.

Alvarado insistió en que la intención del gobierno fue ampliar la atención en salud mental a tratamientos ambulatorios, siquiátricos, endocrinológicos derivados de la identidad de género, que antes del decreto no eran cubiertos por aseguradoras privadas, principalmente.

“La idea es hacer la transición al CIE-11 lo más rápido posible”, sostuvo Alvarado, sin especificar si esto implicaría la expedición de un nuevo decreto más adelante.

- Consecuencias -

Para los colectivos LGBT, mientras la norma siga vigente, sus miembros están expuestos a “graves consecuencias”, como a las mal llamadas terapias de conversión, que agencias de la ONU equiparan con torturas.

“No hay que olvidar que las terapias reparativas consistían en tratamientos (como) electroshock, baños en hielo”, comentó el portavoz del Colectivo Marcha del Orgullo Lima.

Perú no reconoce el matrimonio ni la unión civil entre homosexuales, ni permite que las personas trans incluyan en sus documentos su identidad de género.

En un artículo publicado en su página web, la ONG Human Rights Watch (HRW) también llamó la atención sobre los efectos de “este decreto sesgado y poco científico”.

“Patologizar de manera oficial a las personas LGBT (...) puede socavar gravemente los esfuerzos por mejorar la protección de los derechos basados en la orientación sexual y la identidad de género”, advierte la organización.

Fuente: AFP

Las nuevas normas, publicadas por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe y aprobadas por el papa Francisco, permiten una interpretación más moderada de este tipo de acontecimientos.

“En determinadas circunstancias, no todo es blanco o negro”, dijo en una conferencia de prensa el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, responsable del Dicasterio. “A veces se mezcla una posible reacción divina (...) con pensamientos y fantasías humanas”, afirmó.

Las nuevas reglas actualizan las que existían desde 1978 y orientan a los obispos, que hasta ahora tenían libertad para determinar la autenticidad de las visiones y apariciones.

Según el documento, el Vaticano solo ha “resuelto” seis casos de este tipo desde 1950.

La historia de la Iglesia católica está llena de fenómenos extraños o inexplicables que implican estatuas religiosas u objetos de todo tipo.

Hace dos meses, el Vaticano rechazó como falsos los presuntos milagros de una imagen de la Virgen María en la pequeña ciudad de Trevignano Romano, al noroeste de Roma, que no solo habría llorado sangre sino que habría hecho aumentar el tamaño de las pizzas.

Este miércoles salió a la luz una nueva grabación de un accidente sucedido a comienzos de marzo, en el que un camión de carga estuvo a punto de caer a un río desde un puente en la ciudad estadounidense de Louisville, en Kentucky.

Presentaron las imágenes ante un tribunal que revisa el caso y fueron grabadas por una cámara de la cabina del vehículo afectado, que se estrelló contra la barandilla del puente Clark Memorial y quedó colgando. Su conductora, Sydney Thomas, perdió el control y se desvió luego de que una camioneta que iba por el carril contrario se saliera y chocara de frente a toda velocidad contra el camión que conducía.

Socorristas tuvieron que descender desde el puente para rescatar a Thomas, de 26 años, que estuvo atrapada en la cabina, que pendía a más de 30 metros sobre el río Ohio. El semirremolque que transportaba quedó encajado entre las vigas del puente y evitó que el camión cayera al agua.

De acuerdo con la Policía de Louisville, el accidente involucró a cuatro vehículos. Según registros judiciales, Trevor Branham, de 33 años, fue acusado por haber provocado el accidente. En el material audiovisual se puede ver que este hombre, tras el volante de una camioneta Chevrolet, se desvía del camino para evitar a otro automotor que estaba detenido y cruza a la vía contraria antes de impactar contra el camión de Thomas.

Branham acudió este miércoles a la audiencia preliminar, donde el video fue presentado como prueba de su culpabilidad, y recibió cuatro cargos por poner en peligro sin razón a una persona. También fue acusado de conducir con una licencia suspendida.