En Paraguay entre el 10 y 19% de la población presentaría algún tipo de discapacidad y a nivel mundial el 15%, según la OMS lo que implica un importante impacto a nivel personal y social.

Según Naciones Unidas, las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás, explica el Artículo 1 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Hoy se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y la fecha busca instalar una reflexión en torno a una situación que vive actualmente el 15% de la población mundial, y los movimientos sociales declara que aún no se accede a todos los derechos como salud, educación, trabajo y ciudades accesibles, que el país cuenta con leyes y un plan de derechos 2015-2030, pero se debe trabajar para estos se cumplan en la práctica.

Luis Venialgo, miembro de la Comisión Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad (Conadis) solicitó la puesta en marcha del plan de acción nacional por los derechos de las personas con discapacidad y un acceso igualitario que permita una interacción en igualdad de condiciones.

“Cada día nos encontramos con múltiples barreras que nos dificultan el acceso a la educación, trabajo, salud y el goce de los derechos humanos básicos en igualdad de condiciones con las demás personas y al participación plena y efectiva en la vida cultural, social y política de Paraguay”, expresó ante el presidente de la República, Mario Abdo Benítez y autoridades del gobierno.

Venialgo explicó que solo 2 de cada 10 personas con discapacidad están matriculadas en el sistema educativo y solicitó que todos los organismos y entidades estatales cumplan con la accesibilidad al medio físico en las instituciones.

Solicitó al presidente que firme el decreto reglamentario de la ley que establece el incentivo para empleadores que contraten a personas con discapacidad y que se cumpla en contratar al menos el 5% del funcionariado público con alguna discapacidad como establece la Ley 3585 ya que solo 24 de las más de 400 dependencias del Estado la cumplen.

Pidieron que el mandatario se comprometa a que todos los niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad accedan a una educación inclusiva de calidad y que los hospitales cabecera del interior del país cuenten con el servicio de Salud Mental y de rehabilitación de personas con discapacidad.

La discriminación

Las personas con esta condición nacen o adquieren deficiencias en una parte de su cuerpo, lo cual trae limitaciones que se superan con un adecuado acceso a educación y rehabilitación. Y, aunque muchas personas cuentan con un desempeño personal excelente, la discapacidad se vive cuando se enfrenta la discriminación de la sociedad: escaleras o escalones en cada calle y edificio, la información solo impresa, los videos solo en audio.

“Demasiados contenidos complejos no dejan estudiar a una persona con discapacidad intelectual que aprende despacio y concreto; los prejuicios sobre cómo deberían ser no dejan a personas con discapacidad psicosocial relacionarse cuando su cerebro ve el mundo de una forma diferente”, explica Andrea Paola Salgado, directora del Programa de Desarrollo Inclusivo y Discapacidades de la Fundación Visión.

“Esto significa un gran desafío no solo para las autoridades e instituciones, sino también para la sociedad en su conjunto, actores de los cuales depende garantizar la inclusión de todas las personas con algún tipo de discapacidad”, señala.

Formas de practicar la inclusión

La inclusión se puede dar de diferentes maneras y desde distintos sectores con acciones concretas para no discriminar como cambiar la idea de que las personas con algún tipo de discapacidad no pueden y creer que sí pueden.

“Entendamos que las personas con discapacidad desarrollan sus habilidades de formas diversas, caminan con ruedas o bastones, leen con programas de voces en las computadoras, ven algo con lupas en su celular, hablan con sus manos en la lengua de señas, escuchan algo con audífonos, aprenden con palabras concretas y dibujos o interactúan con rutinas”, explica Salgado.

El lenguaje es otro elemento fundamental en el relacionamiento por lo que al hacer referencia a una persona con esta condición es bueno llamarla por su nombre o al dirigirse a ellas utilizar “señor, señora, joven, niña o niño”, ejemplifica. Recomendó no participar de conversaciones discriminativas y que utilicen palabras relacionadas con la discapacidad para insultar o hacer chistes.

“Protestemos ante lugares no inclusivos, no avalemos las situaciones de discriminación. Si vemos lugares sin rampas, reclamemos; si vemos informaciones sin alternativas como audio, braille, letras grandes, intérprete en lengua de señas, subtítulos o palabras claves con dibujos, ayudemos a pedirlo”, agregó.

El aprender a comunicarse e interactuar con las personas con discapacidad también es un paso importante en la inclusión. Sobre el punto, Salgado indica que es bueno no dejar que solo ellos realicen un esfuerzo por interactuar sino por el contrario, buscar todas las formas posibles por facilitar su interacción, actuando naturalmente como con cualquier persona pero dando reconocimiento a su necesidad.

“Aprendamos a guiar a una persona ciega, manejar una silla de ruedas, comunicarnos con lengua de señas, hablar de modo que se puedan leer nuestros labios, practicar presentar nuestras ideas con palabras sencillas”; agregó.

Salgado destacó el trabajo de inclusión desde la Fundación Visión a través del programa lanzado en el 2017, en Coronel Oviedo que funciona como un articulador para que las personas con discapacidad puedan acceder a sus derechos, sobre todo en el área de salud, empoderando a los niños, jóvenes, adultos y abuelos con discapacidad, sus familias.

“Actualmente, un equipo de la Fundación Visión está trabajando junto a 40 personas con discapacidad y sus familias, identificadas en 6 asentamientos en el cordón urbano de Coronel Oviedo. El trabajo se realiza en forma mancomunada con aliados claves de la Red por la Inclusión de las Personas con Discapacidad del V departamento de Caaguazú y profesionales voluntarios del área de Salud”, puntualizó.

Las autoridades policiales informaron sobre la detención de un hombre de 26 años de edad, quien cuenta con una herida de arma de fuego. El mismo fue trasladado con custodia policial a un centro asistencial privado en la ciudad de Hohenau, de su poder fue incautado un vehículo, así también del interior del vehículo se encontró un bidón de combustible tipo nafta.

También se procedió al levantamiento de indicios del lugar donde ocurrió asalto tipo comando en la sede del BNF en Natalio, de donde se incautó varias vainillas servidas y percutidas de diferentes calibres, cartuchos, cargadores de la marca FAL entre otras evidencias.

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Además fueron localizados dos vehículos presuntamente utilizados para cometer el hecho, los mismos fueron abandonados entre un yerbal del barrio San Miguel del Distrito de Natalio en cercanías del Arroyo Pirayui, del interior de uno se logró levantar dos pasa montañas de tela color negro, un quepis de color negro y rojo, y un balde de plástico de color amarillo conteniendo varios clavos miguelito, otro automóvil de la marca Toyota modelo Runx color plateado, de cuyo interior se logró levantar dos cartuchos sin percutir calibre 556, un rastro papilar latente que fueron levantados y protegidos, una pata de cabra.

Asimismo, en la Comisaría 17ª –Natalicio se levantaron indicios balísticos consistentes en vainas servidas y percutidas calibre.

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Como había ocurrido semanas atrás también en el departamento de Itapúa, los delincuentes tomaron la ciudad de Natalio, donde bloquearon los accesos para evitar que las autoridades de seguridad puedan reaccionar.

Unos 15 delincuentes llegaron hasta la sede del BNF y con explosivos accedieron a la bóveda para alzarse con al menos G. 1.000 millones.

“Lastimosamente no es el primer caso, prácticamente en todos los distritos de Itapúa se vienen dando acciones de estas bandas”, dijo Marcos Maidana en comunicación con la 1020 AM.

El intendente de Natalio sostuvo que, en contrapartida, hay escasez de personal policial para cubrir la ola creciente de inseguridad a nivel departamental.

Por su parte, el senador Kolyn Soroka dijo que la situación amerita la militarización de Itapúa, hasta tanto se aplique un nuevo esquema de seguridad por parte de la Policía.

“Hasta hace poco Itapúa no tenía casi hechos de esta naturaleza, es claro que se produjo una migración de los grupos criminales que accionaban en otras partes del país”, remarcó el legislador.

En ámbito de la Policía se señala que la migración de bandas organizadas es un hecho, tras el reforzamiento de la presencia policial en Alto Paraná.

Cabe indicar que, la cárcel de Cambyreta, Itapúa, es el centro de reclusión que cuenta el mayor número de reos integrantes del Primer Comando Capital (PCC). No se descarta que este foco instalado en esa penitenciaría sea el que comanda a la facción operativa del cártel brasileño que opera en el país.

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Por Cinthia Mora

Periodista

La estrategia de defensa desarrollada por los abogados de Mario Abdo Benítez y su gavilla se dedica desde el 11 de marzo pasado, fecha en que se conoció la imputación, a la defensa mediática más que jurídica. Presentaron una docena de recursos procesales que lograron, hasta ahora, paralizar la causa.

La campaña desatada por los medios afines al abdismo y los abogados defensores para intentar invalidar la imputación cae por su propio peso al demostrarse que todo el procedimiento fiscal estuvo ajustado a lo que establece la ley penal. Las actuaciones de los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, actualmente desafectados de la causa, contó con aval y control judicial. El acta de imputación fue admitida por un Juzgado Penal de Garantías por reunir todos los requisitos que establece la ley.

Uno de los argumentos utilizados por la estrategia mediática de los abogados para intentar sabotear la investigación es que sus clientes “no fueron notificados” por la Fiscalía de que estaban siendo investigados. Trasladando el mismo argumento al plano de lo absurdo, a partir de ahora los casos de narcotráfico o secuestro que se encuentren en plena etapa de investigación (durante la etapa preparatoria) se tendrían que poner a conocimiento de los sospechosos la existencia de una investigación en curso.

Ante la imposibilidad de refutar los más de 40 elementos que aporta la Fiscalía y que sostienen la imputación, una de las abogadas defensoras, Cecilia Pérez, quien actúa en representación del diputado Mauricio Espínola, plantea este argumento: “Esta es una causa jurídico-política y separar no es posible”; mientras que su defendido, quien sigue gozando de fueros, solicita que la causa “comience de cero”.

Tanto el actual diputado, sobre quien existe un pedido de desafuero para que se someta a la Justicia, como su abogada Cecilia Pérez no pueden desconocer la existencia de la publicación realizada con los datos confidenciales.

En una entrevista radial, la propia Cecilia Pérez quedó en “off side” cuando fue consultada sobre la ilegalidad de la publicación realizada por su cliente y solo atinó a responder que en este caso le corresponde hablar como abogada y no en otra condición.

Esos documentos confidenciales filtrados, según sostienen los fiscales, se obtuvieron de la Seprelad, ya que consta en los registros encontrados durante la pesquisa, que fueron redactados dentro de una oficina paralela por funcionarios ajenos a la institución y montados exclusivamente para perseguir a los enemigos políticos de Abdo.

DILACIÓN EN LA CORTE

Hace 15 días que los ministros e integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia, no resuelven la recusación que pesa sobre los camaristas María Belén Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera, recusados por el abogado Felino Amarilla, defensor del imputado por la filtración de información de la Seprelad, Carlos Arregui, extitular de esa institución.

Una vez que los magistrados se expidan sobre la recusación contra los camaristas, los mismos a su vez deberán estudiar la recusación contra la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera. En caso de que Lovera sea confirmada para el presente caso, deberá resolver más de doce chicanas presentadas por los abogados defensores del expresidente y sus excolaboradores.

NUEVO EQUIPO DE FISCALES

Por otra parte, el fiscal Osmar Segovia, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, conformará el equipo de agentes fiscales encargados de investigar al exmandatario Mario Abdo Benítez y otros ocho altos funcionarios de su administración en la causa que investiga la denuncia por persecución política durante su gobierno con el uso de las instituciones públicas como garrote político.

La decisión fue dada a conocer a través de la resolución n.° 986 firmada por el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón. De esta forma, Segovia se integra al equipo conformado por Fabiola Molas y Guillermo Sanabria para continuar con las investigaciones en torno a las supuestas filtraciones de informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).