El magistrado federal Claudio Bonadio dictó el procesamiento con prisión por “asociación ilícita” contra ella -cuya detención dependerá de que dos tercios de los senadores aprueben su desafuero- y diversos miembros de su Ejecutivo, así como contra varios de los empresarios sospechados de haber pagado coimas para favorecerse con contratos.

Entre ellos Angelo Calcaterra, primo del actual presidente, Mauricio Macri (que declaró haber hecho bajo presión pagos ilegales para financiar las campañas electorales kirchneristas), Aldo Roggio, Gerardo Ferreyra, Luis Betnaza, Carlos Wagner y Enrique Pescarmona.

Desde que surgió el escándalo a principios de agosto, varios son los empresarios y exfuncionarios que declararon como imputados ‘arrepentidos’ -figura legal que otorga beneficios penales para los que colaboren con la Justicia- y han reconocido la existencia de las coimas y la supuesta implicación de Fernández y su fallecido esposo, el también expresidente Néstor Kirchner.

“Era algo que estábamos esperando, habituados a un Bonadio que no está ejerciendo su rol de juez independiente sino de juez arbitrario por fuera del estado de derecho”, dijo a Efe el abogado de la exmandataria Gregorio Dalbón.

El defensor aseguró que el magistrado -que ya procesó a Fernández en otras causas e incluso pidió su desafuero para detenerla a finales del año, algo que no prosperó- está “comulgando con las corporaciones mediáticas” y con el Poder Ejecutivo nacional para seguir “persiguiendo a la líder de la oposición”.

Según informó el juez a finales del pasado mes, en bases a sus investigaciones llegó a la conclusión de que Kirchner y Fernández fueron, junto a su ministro del área de obras públicas, Julio de Vido, los “verdaderos beneficiarios” de la supuesta red de sobornos llevada a cabo durante sus Gobiernos.

El caso surgió por las anotaciones, fotografías y filmaciones efectuadas por Oscar Centeno, chófer del ministro De Vido y del subsecretario de Coordinación de su cartera, Roberto Baratta.

Este material apunta a la existencia de una “organización delictiva” conformada por funcionarios públicos y comandados por Kirchner -fallecido en 2010-, su viuda, Fernández, y el Ministerio de Planificación Federal de Julio de Vido, durante los Gobiernos de ambos.

Bonadio cree que hay indicios que permiten sostener que Baratta y otros funcionarios más de la cartera efectuaron los cobros a distintos particulares, siendo trasladados después, “en la mayoría de las oportunidades”, en vehículos conducidos por Centeno.

“A partir de ello, y previo percibir el porcentaje que correspondiera a sus tareas, procedían a entregar los fondos recaudados a otros funcionarios”, que “finalmente los derivaban a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita”: Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Julio de Vido.

La Policía maneja hipótesis que rodea al asunto. Uno dice que ocurrió por una falta de atención, aunque por el momento van a seguir con la investigación, porque también existe la posibilidad de que pudiera haber sido adrede.

La información proveída por los investigadores menciona que se utilizó vino blanco en lugar de agua para diluir la leche en polvo. La abuela sostiene que se confundió porque se encontraba dentro de una botella oscura. El niño ingirió parte del contenido, pero al rato rechazó seguir bebiendo.

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Allí la abuela afirma que se dio cuenta del error y avisó a la madre. Llevaron al niño de inmediato a la sala de emergencias del Perrino, donde fue trasladado a Pediatría y recibido de inmediato por los médicos para un tratamiento urgente. Esto incluyó el lavado gástrico y luego la intubación, antes de ser trasladado al hospital pediátrico Giovanni XXIII en Bari, donde actualmente está en la unidad de cuidados intensivos.

La condición del bebé es estable por el momento y parece que mejora ligeramente, pero debido a su corta edad existe un gran peligro para su vida. El pronóstico es reservado y se está considerando si se le puede extubar. Los Carabinieri de la compañía de Brindisi son los que están investigando lo ocurrido, pero por ahora no hay abierto ningún caso.

Fuente Infobae/ Agencias

El reverendo estadounidense Lawrence Kozak fue acusado la semana pasada de robo y delitos relacionados tras una investigación sobre sus gastos mientras ejercía como párroco de la iglesia católica Saint Thomas More en Pensilvania, informan medios locales.

En 2022, un contador que revisaba las finanzas de la parroquia descubrió una “cantidad astronómica de transacciones” en los extractos de las tarjetas de crédito de la iglesia. Las compras habían comenzado a hacerse en 2019, poco después de la llegada del religioso al templo, a través de una cuenta de usuario de Apple registrada a su nombre.

Una revisión a fondo de los registros bancarios reveló que Kozak había acumulado más de 40.000 dólares en gastos en el transcurso de tres años. Los recursos parroquiales los empleó para comprar regalos y artículos personales, y para financiar su adicción a juegos móviles como ‘Candy Crush’, ‘Mario Kart’ y ‘Pokémon Go’.

En una entrevista en ese entonces con uno de los investigadores, Kozak comentó que estaba buscando asesoramiento para su adicción. Al mismo tiempo, afirmó que, más que gastar en juegos de azar en línea, lo que hacía era comprar habilidades para obtener ventajas en los juegos que consumía.

Por otro lado, el sacerdote negó haber usado intencionalmente las cuentas de la iglesia, argumentando que las tarjetas estaban vinculadas a su teléfono celular para el pago de servicios permitidos por las autoridades eclesiásticas. Sin embargo, reconoció que pudo haberlas utilizado accidentalmente. Además, dijo sentirse “decepcionado” por haber dejado que las cosas llegaran a ese punto, aunque señaló que no había excusas y que debió haber prestado más atención.

Desde la gerencia comercial de Saint Thomas More, no obstante, consideran que Kozak sabía perfectamente lo que estaba haciendo. En una ocasión anterior ya se le había contactado para cuestionarle sobre unas compras inexplicables en los extractos de cuenta y ya le habían advertido sobre los peligros de mezclar gastos comerciales y personales.

Kozak, de 51 años, fue destituido de su puesto en noviembre de 2022. La arquidiócesis emitió en ese entonces un comunicado indicando que la decisión estaba basada en “ciertos gastos” suyos y el cuestionamiento del uso de los fondos parroquiales. Tras las acusaciones de la semana pasada, el reverendo fue puesto en libertad tras pagar una fianza de 250.000 dólares.

De acuerdo con su abogado, Joseph Poluka, se revisarán los cargos y planean contactar a los fiscales sobre el caso en los próximos días. Kozak se había disculpado con el sacerdote que lo sustituyó, diciendo que lamentaba haber “cometido ese error” y que había estado pagando el dinero que le debía a la iglesia.

Al menos 13 personas han muerto y 21 se encuentran desaparecidas por las fuertes lluvias que azotan Rio Grande do Sul, en el sur de Brasil, donde se ha decretado el estado de calamidad pública.

El gobernador, Eduardo Leite, afirmó que se trata del “mayor desastre natural” al que se ha enfrentado el estado. “Tenemos grandes dificultades para rescatar a las personas, porque la lluvia no cesa y esto impide las operaciones aéreas”, aseguró.

Leite dijo que había hablado con el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien informó que la región está viviendo “una situación de guerra”. El mandatario manifestó su intención de viajar este jueves a la zona.