En la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), está abierta una licitación de la Municipalidad de Asunción para conceder a una empresa el servicio de consultoría para la fiscalización de las obras de construcción del drenaje pluvial sustentable de la ciudad.

Si bien la necesidad de desagüe pluvial en la ciudad es -cuanto menos- imperiosa, resulta llamativo que la contratación de una consultoría pueda suponer una erogación de US$ 4.000.000 para la Municipalidad de Asunción.

Según se establece en el pliego, el objeto de los servicios de fiscalización consiste en la vigilancia, el control técnico, económico y ambiental, sobre la empresa que deberá ejecutar los trabajos y su dirección técnica. Todo esto, a fin de garantizar la correcta ejecución y culminación de la obra, así como una correcta interpretación de las especificaciones técnicas, administrativas y ambientales.

Para lograr el cometido, al firma debe contar como parte de su equipo con un gerente de supervisión, un residente y un profesional ambiental para una eficiente labor de la consultoría.

Aclara además que la fiscalización debe realizar la verificación del proyecto contrastando con la inspección al área del proyecto, antes de dar la orden de inicio a la constructora.

Para obtener más detalles sobre el proceso, además de la versión de la Comuna al respecto, el director de Obras Municipales Antoliano Benítez, expresó a HOY Digital que de la licitación pública internacional de US$ 4.000.000 solo se habilitó el lote 1, que representa el 50% del total es decir, US$ 2.000.000, poco más de G. 11.000 millones.

Sostuvo que la modificación ya fue aclarada a través de una adenda, en la que se hace referencia al total de la obra.

Con respecto a la disponibilidad de fondos para el pago, sostuvo que los G. 11.000 no los abonará la Municipalidad de Asunción sino que serán pagados por la empresa en un sistema de financiamiento a través de un fideicomiso, que hasta ahora no se utilizo a nivel país. El plazo para que la empresa que resulte adjudicada pueda recuperar la inversión realizada, con el interés correspondiente, es de 15 años. Todo el proceso se llevará a cabo a través de un banco de plaza.

Benítez explicó que, en paralelo, la Municipalidad de Asunción generará una unidad supervisora de proyectos con personal que fiscalizará todo el proceso. Dentro del equipo de fiscalización, se está pidiendo sumar a profesionales en hidráulica, en suelo, en vialidad y en ambiente.

La obra en sí de construcción del desagüe pluvial para la ciudad de Asunción tendrá un costo de US$ 90 millones de los cuales solo se licitará la mitad, US$ 45 millones (unos G. 521.000 millones). Ahora, según dijo Benítez, la Comuna está evaluando la posibilidad de hacer un nuevo llamado para cubrir el otro 50% de la obra.

Hasta el momento solo hay una empresa que se presentó al proceso de construcción de desagüe pluvial en la ciudad, que es la empresa 8A de Luis Pettegill. La firma tendrá a su cargo canalizar las aguas pluviales de las cuencas de la ciudad que existen en zonas de Aviadores del Chaco, España, Bartolomé de las Casas, Santo Domingo, entre otras.

Con el proceso, la Comuna pretendía extender la cobertura de desagüe pluvial al 65% de la ciudad pero con la división del mismo se alcanzaría el 45%. Actualmente, Asunción solo tiene el 22% de canalización de agua de lluvia, que responsabilidad del Municipio.

Este lunes, autoridades del Ministerio de Salud se reunieron con el director del INERAM, Dr. Felipe González, a fin de conversar sobre la situación del hospital y el trabajo coordinado para que el mismo se mantenga preparado para responder a la demanda ante el incremento de enfermedades respiratorias.

Esto se da como prosecución de la reciente visita de la ministra María Teresa Barán al hospital, quien había enfatizado durante su recorrido que lo fundamental es dotar de herramientas necesarias al personal de salud y que la atención a pacientes sea con calidez y empatía.

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Cabe mencionar que el informe del Ministerio de Salud indica que la curva epidemiológica de COVID-19 en la última semana experimentó un significativo aumento de casos positivos, con relación a la semana anterior.

Actualmente, diez departamentos del país presentan casos de la infección. El mayor porcentaje de afectados hasta el momento procede del departamento Central.

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En cuanto a las consultas por enfermedad tipo influenza (ETI), se reporta en la última semana un total de 46.460 consultas. La franja en edad pediátrica y la de 60 años y más son las más afectadas por las infecciones respiratorias siendo estas las de mayor proporción en cuanto a internaciones en los servicios.

Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer la causa que derivó en la intoxicación de 150 trabajadores de una obra en esa zona del país.

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El fiscal Joel Díaz lideró el allanamiento en el local gastronómico donde incautaron sándwiches y mayonesas que serán sometidos a estudios para determinar si existe o no un hecho punible que deba derivar a otro proceso.

“Dentro de unos días ya vamos a tener el resultado de lo que ocurrió. Hoy mismo la investigación está en forma innominada, cuando tengamos el resultado vamos a volver a analizar”, expresó el fiscal al canal Trece.

Refirió que dependiendo de los exámenes laboratoriales de los alimentos, se citarán a los responsables para avanzar con el proceso y deslindar responsabilidades.

Los propios representantes de la empresa habían informado que 150 personas, trabajadores de la empresa Tecnoedil, consumieron el mismo alimento.

Los afectados presentan náuseas, vómitos, deshidratación, dolores abdominales, diarrea y otros síntomas.

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El mandatario firmó el Decreto N° 1909, mediante el cual se dispone el reajuste del salario mínimo legal para los trabajadores del sector privado, según informó el Ministerio del Trabajo.

Se trata de un incremento del 4.4% a partir del 1 de julio de 2024, por lo que el nuevo salario mínimo queda en G. 2.798.309.

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Asimismo, se establece como nuevo jornal mínimo el monto G. 107.627

El Decreto N° 1909 autoriza además al Ministerio a reglamentar y publicar los salarios mínimos para diversas actividades especificadas.

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Esta disposición tiene como objetivo asegurar la adecuada implementación del reajuste y el cumplimiento de los criterios técnicos establecidos por el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam).