El defensor del Pueblo, Miguel Godoy, se apersonó este miércoles al local gastronómico Burger King, ubicado sobre la Avda. Colón y Carlos A. López, de la ciudad de Asunción, para notificar a los encargados sobre la existencia de normas laborales que establecen claramente que al contar con una funcionaria embarazada se deben implementar condiciones que otorguen ciertas comodidades a la misma.

En charla con la 970 AM, el funcionario público explicó que recibieron una denuncia a través de las redes sociales, donde se exponía el caso de una mujer grávida que estaba trabajando como cajera en el puesto de comidas rápidas y tenía prohibido utilizar una silla.

Godoy aclaró que la intervención no fue para aplicar sanción alguna a la empresa, sino más bien para informar sobre la necesidad de cumplir la ley y como labor preventiva para que no ocurra más esa situación tanto en ese como en otro lugar de trabajo.

Así también dijo que dejó en claro que pidieron a los jefes de la mujer que no tomen represalias contra ella, porque de darse esa situación, desde la Defensoría del Pueblo la acompañarán en las acciones legales que considere oportunas presentar.

OTRA IRREGULARIDAD EN NEGOCIO DE VIERCI

Hace dos semanas, tomó estado público el caso de un joven que trabaja en el supermercado de Vierci en Itá y que no contaba con una pierna. El mismo aseguró que lo querían echar de su trabajo sin justificación, por lo que intervino también el defensor Godoy.

Al respecto, la autoridad dejó en claro que no existe ninguna persecución contra el empresario citado, sino que únicamente actúa ante las denuncias recibidas. “La gente nos empezó a etiquetar en una publicación en Facebook (sobre la mujer embarazada) y entonces respondimos. No es culpa (de Vierci) que haya una inconducta del superior inmediato de algún personal. Es un señor que da mucho trabajo. Bajo ningún sentido es responsabilidad de una persona, que el superior inmediato no haya adoptado las medidas necesarias“, puntualizó.

El fiscal Luis Trinidad Colmán consiguió una condena de 20 años de pena privativa de libertad para Gustavo Antonio Medina Velázquez (46), hallado culpable del homicidio doloso de su hijastro.

El crimen se cometió en represalia contra la madre por haber terminado la relación con el acusado, quien inicialmente fue sentenciado a 5 años de prisión por violencia familiar.

El juicio oral concluyó este viernes 26 de abril en el Poder Judicial de Ciudad del Este. En la ocasión, el fiscal produjo pruebas irrefutables contra el acusado, por lo que los jueces Evangelina Villalba, Óscar Gabriel Genez y Lourdes Morínigo, integrantes del Tribunal de Sentencia, emitieron el fallo condenatorio.

Según los antecedentes, el homicidio ocurrió el 7 de mayo de 2021, en horas de la mañana, en la vía pública del Sector III del barrio San Rafael de la capital del Alto Paraná, resultando víctima fatal Gustavo Gómez Melgarejo.

Aquella vez, el joven se despidió de su madre Bella Rosa Melgarejo y salió de la casa como para dirigirse a su lugar de trabajo. Pero, a metros del lugar, fue atacado por Gustavo Antonio, quien le aplicó una puñalada en la zona lumbar derecha.

El herido gritó del dolor y cayó al suelo, siendo posteriormente auxiliado por familiares y trasladado a un centro asistencial, donde falleció el 17 de mayo.

Mientras, el autor del crimen escapó del lugar y luego le envió un mensaje, vía celular, a su expareja y madre de la víctima, culpándola por la muerte de su hijo y advirtiéndola que la próxima sería ella la asesinada. En el escenario del ataque fue hallado el puñal utilizado para el crimen.

Medina Velázquez permaneció prófugo y declarado rebelde, hasta que el 6 de junio de 2021 fue reducido por sus vecinos, quienes lo sometieron a una golpiza antes de entregarlo a la Policía y quedó a cargo del Ministerio Público y el Juzgado.

Paralelamente, Gustavo Medina Velázquez enfrentó un proceso por violencia familiar ejercida en contra de su expareja Bella Rosa Melgarejo, a quien maltrataba sistemáticamente durante el tiempo que duró la relación.

El mismo fue acusado por la fiscal Susan Vega y posteriormente condenado a 5 años de prisión el 28 de febrero de 2024 por el mismo Tribunal compuesto por Evangelina Villalba, Óscar Gabriel Genez y Lourdes Morínigo.

La agente fiscal Sara Torres, de la Unidad Zonal de Limpio, dispuso el resguardo de una mujer de 44 años, víctima de un presunto caso de violencia familiar y lesión grave. A la vez, ordenó la detención del supuesto autor, Paulino Vallejos Giménez de 46 años, expareja de la afectada.

Es en la causa caratulada “Investigación fiscal s/ violencia familiar y lesión grave”, ocurrido en la madrugada de este sábado en la ciudad de Limpio.

El sospechoso, una vez detenido, debe guardar reclusión en la Comisaría 9° Central a disposición del Ministerio Público. La fiscal además dispuso el control aleatorio de efectivos policiales en la vivienda de la víctima.

El hecho esta madrugada, cuando la víctima recibió un mensaje de texto de su expareja, quien le decía que se acercaría en hora más tarde a la vivienda. La mujer le mencionó que se encontraba descansando. E n ese ínterin, Paulino violentó la puerta principal de la casa con un objeto de madera, ingresó y la atacó con golpes de puño y patadas.

Asimismo, rompió las pertenencias del hogar y la amenazó de muerte. Posteriormente se dio a la fuga.

El hombre aparentemente se encontraba en estado etílico, y según los datos, ya contaba con una orden de alejamiento emanado por el Juzgado de Paz de Limpio.

El fiscal Jorge Escobar, de la Unidad Zonal de Luque, fue quien dirigió la intervención acompañado de la perito Arq. Olga Fleitas del Laboratorio Forense del Ministerio Público y la defensora pública en lo Penal de Luque, Abg. Zulma Sánchez.

Te puede interesar: Instalan mesa de protección social en Alberdi para asistir a comunidades vulnerables

La profesional perito deberá establecer como puntos de pericia la verificación de las obras o construcciones técnicas y si las mismas poseían las características de seguridad para el tránsito de peatones y vehículos.

Según el Ministerio Público, el agente fiscal solicitó como urgente este procedimiento teniendo en cuenta que la zona es de alto tráfico de vehículos y personas, y se debe precautelar la escena para que no sea modificada, ocultada o destruida.

Se busca determinar las circunstancias que derivaron en la muerte de Sara Nilde Benítez (48) y Nilda Luján Barrios Benítez (21), quienes fueron arrastradas el miércoles por el caudaloso raudal al cauce hídrico en cercanías del club Balderrama.

El hecho ocurrió el miércoles pasado cuando las víctimas iban acompañadas de tres agentes Linces que se dirigían al acto de egreso de nuevos efectivos en la Secretaría Nacional de Deportes.