La ministra de Hacienda, Lea Giménez, quien es presidenta del Consejo de Administración del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI), lamentó que hace algunos meces ofreció a las autoridades de la UNA que trabajen en conjunto para elaborar proyectos, lo que les iba a permitir liberar el presupuesto apretado que tienen mediante el FEEI, pero jamás aparecieron al encuentro.

Esa cartera de Estado también ofreció, según contó a radio Monumental, un apoyo para trabajar en una ley de aranceles “progresiva”, que no impacte a los que están en la cola baja de los ingresos, sin embargo, pese a que los propios decanos estaban de acuerdo, nunca comparecieron a las reuniones.

El presupuesto total de la UNA para el 2018 es de $225,2 millones. Inicialmente, las autoridades de la casa de estudios pedían el aumento de 65 millones de dólares, destinando 18 millones a readecuación administrativo, 12 millones a gastos corrientes, 10 millones al contrato colectivo, 7 millones a desprecarización, 6 millones para crecimiento vegetativo, otros 6 por reducción de aranceles, un millón a escalafón docente, y otro millón para dietas de asamblea universitaria y representación de directores.

Finalmente, lo aprobado para presentar al Parlamento fue la adenda de $3,6 millones para medicamentos, otro aumento concretado en la Bicameral de $3,6 millones para crecimiento vegetativo, una reprogramación para los 117 estudiantes que aprobaron el cursillo de ingreso a Ingeniería pero que quedaron afuera por falta de cupo, y la reestructuración del presupuesto, utilizando el 50% de los cargos vacantes de la UNA para completar todo el pedido de crecimiento vegetativo.

En ese sentido, la UNA cuenta con 2.360 cargos vacantes, cuyo costo anual es de 7,6 millones de dólares, monto que supera el requerido para el crecimiento vegetativo. Es así que en Derecho, Economía, Arquitectura y Politécnica, el costo de sus vacancias supera al requerimiento para crecimiento vegetativo.

Al realizar un análisis del costo/beneficio, los 225 millones de dólares para los 48.000 estudiantes, dan como resultado la suma de 4.687 dólares al año para cada universitario. Según estimaciones, el costo por alumnos de las universidades privadas en Paraguay, con lucro incluido, es de USD 1.000 por alumno, y el costo estimativo de Taiwán Paraguay Tech es US$ 2.000 por año por estudiante.

De acuerdo a los datos obtenidos de la propia casa de estudios, allí además se registra un alto número de profesores, dando un promedio de 5,5 alumnos por maestro. Sin embargo, en facultades como Medicina y Odontología la relación es de 1 % o menos. En total, hay 48.093 alumnos en la UNA y 8.800 docentes.

Según datos acercados a la redacción, la facultad de Ingeniería tiene 160 computadoras mientras que el SNPP 2.000. La diferencia además se registra que Ingeniería cuenta con piscina, polideportivo, capilla, entre otros.

Por otra parte, la UNA cuestiona el recorte presupuestario, pero son igualmente cuestionables las duplicaciones de carrera, ya que así se incrementan los gastos. En ese aspecto Ingeniería y la Politécnica piden aumentos para las mismas carreras de Electrónica, Eléctrica e Industrial. Misma situación se daría en Facen y Química.

Este fin de semana se tuvo conocimiento sobre un hecho de hurto en un comercio ubicado en el distrito de Santísima Trinidad, departamento de Itapúa.

El local comercial afectado se denomina “Amely Store”, el cual fue visitado por delincuentes cuando nadie se encontraba presente.

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Según menciona el portal Más Encarnación, los responsables de este robo sustrajeron una gran cantidad de productos que van desde cargadores para celulares hasta cuchillos artesanales y parlantes.

La propietaria del local, Mirian Susana Franco Centurión, mencionó que al llegar en horas de la mañana para iniciar su actividad comercial se percató que la puerta principal fue violentada.

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Al ingresar al negocio, descubrió que alguien había entrado allí entre la noche y madrugada para hurtar varias de las mercaderías que se encontraban en los escaparates.

La denuncia fue formalizada ante la comisaría de Trinidad, a fin de impulsar las investigaciones pertinentes.

En el transcurso de la tarde se reportó una amenaza de bomba en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi de la ciudad de Luque.

La alerta se registró en un avión de la empresa JetSmart que se encontraba a punto de partir de la terminal aeroportuaria con destino a la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

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Los reportes preliminares mencionan que un pasajero afirmó contar con un explosivo en su equipaje de mano, motivo por el que automáticamente se emitió la alerta y se activó el protocolo de seguridad.

A raíz de ello, se procedió a la evacuación de toda la tripulación -157 pasajeros y 6 tripulantes- que se encontraba en la aeronave, además de la extracción de todo el equipaje.

Posteriormente, se dio aviso a personal explosivista de la FOPE, que a estas horas ya se encuentra en el lugar para hacer la inspección de rigor, a fin de confirmar o descartar la veracidad de la amenaza.

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Mientras tanto, los pasajeros fueron llevados en un bus hasta una zona segura del aeropuerto, a la espera de los resultados que arroje la verificación que realicen los especialistas.

Los vuelos en el Silvio Pettirossi se encuentran suspendidos de forma temporal luego de confirmarse esta amenaza de bomba, mientras que la aeronave de JetSmart sigue varada en la pista de despegue.

Erick Urueta, veedor judicial de Colombia, señaló que de confirmarse esa versión, y que EEUU tenga pruebas de que los asesinos ingresaron de ese modo a su esquema legal, corresponderá la extradición de los sujetos ya condenados en Colombia.

“Lo que sí está claro es que para que EEUU pida extradición de estas personas es porque se cometió una conducta delictiva en EEUU, a pesar de que el crimen fue en Colombia. Si se llega a demostrar que uno de los bancos fue utilizado para hacer llegar a Colombia la plata que salió de Paraguay para pagar el crimen, estaríamos frente a una legalidad acerca de que ese país pida la extradición. Eso es lo que cree EEUU”, manifestó Urueta en comunicación con la 1020 AM.

Enfatizó que con la evolución de las investigaciones, en Colombia existe la convicción de que se puede llegar hasta la persona que ordenó matar a Pecci.

“No es una retaliación a ese pedido de extradición. Se está solicitando una reunión urgente con la Fiscalía de Colombia para tratar ese asunto, pero no se pueden ir a EEUU si no llegamos a los autores intelectuales y yo creo que tarde o temprano lo haremos”, acotó.

El funcionario colombiano significó que la pesquisa de la DEA, podría desembocar en dilucidar las conexiones que se tejieron en torno al magnicidio.

“Pienso que se debe determinar si el fiscal Pecci fue asesinado por alguna persona intelectualmente que esté relacionada con actos delictivos en EEUU. Tiene que demostrarse muchos elementos probatorios que demuestren que estas conductas afectaron a ese país”, concluyó Urueta.

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