Graciela Barreto, especialista en tratamiento de adicciones y titular de la Dirección General de Reducción de la Demanda de Droga de la SENAD, en contacto con la 970 AM habló sobre las imágenes de supuestos caramelos con droga que andan circulando por Whatsapp.

En ese sentido, confirmó que en Paraguay no existe este tipo de drogas de colores con formas de famosos personajes animados, las cuales mayormente son drogas estimulantes como éxtasis o metanfetaminas. La información provendría de otros países en los que sí se llegó a detectar este tipo de sustancias, como Colombia y Argentina.

Precisó que las pastillas de colores que suelen llegar a nuestro país son las de forma redonda, las cuales fueron incautadas principalmente en ciudades de frontera como Pedro Juan Caballero, Ciudad del Este, Pdte. Franco y Hernandarias.

Asimismo, dijo que en su mayoría los adolescentes no optan por esa clase de estupefacientes debido a su elevado costo y el ritual de consumo, considerando que generan un impacto importante en el comportamiento.

“Los adolescentes generalmente se juegan por otras sustancias, por eso la sustancia más dañina que circula entre ellos sigue siendo la bebida alcohólica. Es la que está más disponible y no le estamos dando la fuerza necesaria para la percepción del riesgo. A los 10 y 11 años nuestros muchachos ya toman”, puntualizó la especialista en tratamiento de adicciones.

Según pudo precisar, 6 de cada 100 estudiantes secundarios entre 12 a 18 años ya llegaron a probar marihuana alguna vez. Barreto considera que es una droga que en algún momento puede abrir las puertas al consumo de otras drogas “más duras” como el éxtasis o el crack.

A su criterio, esto debe considerarse como una señal de alarma para los padres, quienes deben estar atentos en todo momento y “bichear” más frecuentemente qué hay en la mochila de sus hijos.

“Lo que deben hacer los padres es minimizar el factor de riesgo, los papás tienen que estar alertas no precisamente a las sustancias, porque esas sustancias siempre van a estar ahí, sino al comportamiento, eso tiene que ver con la comunicación que tienen con sus padres”, expresó.

La especialista en tratamiento de adicciones sugirió tres preguntas básicas que deben hacer los padres a sus hijos de manera a confirmar o descartar un posible consumo de drogas:

1- ¿Conocés a alguien que consume algún tipo de drogas?: en este primer punto se inicia la conversación y se podrá tener un diagnóstico de dónde está parado el joven.

2- ¿Ya te invitaron a probar?: eso puede generar un silencio y mucha preocupación en los padres ya que implica que el riesgo está entrando en un circuito más cercano.

3- ¿Vos probarías?: si ahora existe un 32% de alumnos de colegios a nivel país que dijo que sí llegaría a probar alguna droga, uno debe saber cuán protegidos están los chicos en el ámbito escolar.

Graciela Barreto sostuvo que el consumo de drogas puede llegar a afectar considerablemente el entorno familiar y el relacionamiento con los demás, pudiendo llegar inclusive a desmembrar la familia y generar la expulsión del consumidor del hogar.

Su principal recomendación es que se pueda lograr un diálogo fluido entre padres e hijos y que se animen a encarar esta realidad sin ningún tipo de temor o prejuicio.

La entrega de la llave fue realizada por el señor por señor Tomás De Los Santos Lezcano Gaona, ante el Procurador General de la República, Marco Aurelio González.

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El terreno entregado cuenta con una superficie de 2.084 metros cuadrados, y forma parte de la propiedad perteneciente al Ministerio de Defensa y que fue desafectada a favor de la Municipalidad de Villa Hayes.

Con esto suman 8 llaves de las 16 que se devuelven al Estado, mientras que el resto se rehúsa a entregar porque continúa litigando.

La propiedad es conocida como la finca 916 Jardines de Remansito, que fue tomada por varias familias luego de que un proyecto de Ley, posteriormente vetado por el presidente Santiago Peña.

Desde la Procuraduría General de la República alientan a otros ocupantes irregulares a seguir el ejemplo y también entregar sus llaves.

El informe policial señala que el hombre, que estaba al mando de un automóvil, realizaba paradas en calles, y cuando visualizaba el paso de mujeres, abría la puerta del auto y procedía a realizar el acto en cuestión.

La actitud y modus operandi del joven Iván Daniel, al decir de los intervinientes, era recurrente, ya que muchas mujeres de la zona en donde lo aprehendieron, ya se quejaron por episodios similares.

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“El (último) hecho ocurrió en Villa Elisa. La víctima estaba llegando a su casa, él estaba en un auto, él la llama, ella se acerca al auto y lo ve masturbándose en el vehículo. Hoy se realizó un allanamiento y ya se detuvo a esta persona, el Ministerio Público lo imputó por actos exhibicionistas. Él se abstuvo de declarar”, dijo a la 1020 AM la fiscal Andrea Ríos.

La misma señaló que se relevarán datos en torno al individuo para definir la categoría de delito, para resolver la correspondiente penalización.

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La Ley Nº 6789, “cancela la licencia, itinerario y subsidio a empresas del transporte público a infractores del la ley”.

Artículo 1°.- Esta Ley tiene por objeto establecer causales y sanciones de rescisión de contratos e itinerario a las empresas del transporte público de las zonas y áreas metropolitanas que no cumplan con las leyes vigentes.

Artículo 2°.- Las empresas del transporte público, adjudicadas con contratos y licencias de transporte público que sean cesadas por las causales descriptas en esta Ley, no tendrán derecho a solicitar reembolso ni indemnizaciones de cualquier tipo por las sanciones administrativas que conlleve el incumplimiento de los presupuestos. A ese efecto las causales establecidas en esta Ley pasan a incorporarse a los términos de las concesiones de pleno derecho.

Artículo 3°.- Están sujetos a esta Ley todas las empresas del transporte público que fueron adjudicadas y cumplen con sus itinerarios en zonas y áreas metropolitanas en el país.

Artículo 4°.- Establecer las causales, faltas y sanciones aplicables a los infractores, según la siguiente clasificación:

a) La empresa que deje de prestar unilateralmente sus servicios acordados en la concesión en forma regular y no lo regularice en un período de 24 (veinticuatro) horas de intimada por la autoridad competente, será cancelada y perderá su licencia y su itinerario de pleno derecho, debiendo ser dictada la resolución pertinente inmediatamente cumplido el plazo previsto. En este caso, el itinerario volverá a ser licitado. En caso de reincidencia con otras adjudicaciones de la misma empresa en un período de 1 (un) año, serán aplicables las máximas sanciones administrativas, a más de las previstas en el inciso b) de este artículo.

b) La empresa que cometa la causal y falta prevista en el inciso a) de este artículo, durante un período de emergencia nacional, departamental o municipal, sea de naturaleza sanitaria u otra declarada por autoridad competente en el área donde presta servicios, además de cancelarse su licencia y su itinerario, tendrá prohibido participar de licitaciones en licencia o itinerario de transporte público por un plazo de 10 (diez) años. Esta sanción incluye a los directivos de las empresas o sociedades que no podrán participar bajo nuevas sociedades.

c) La empresa que no cuente en sus buses con elevadores o rampas de acceso para personas con incapacidad física, cuanto menos en un 50% (cincuenta por ciento) de su flota no tendrá derecho a percibir algún tipo de subsidio por parte del Estado. Se establece un plazo de 180 (ciento ochenta) días para que las empresas adecuen sus buses a las exigencias de este inciso.

Artículo 5°.- En caso que los directivos, accionistas o representantes legales o gremiales de las empresas del transporte público realicen algún tipo de amenaza o extorsión a órganos del Estado relacionados con la prestación de sus servicios, ya sea por cualquier medio, será considerado como hecho punible de coacción y perturbación de servicios públicos y cualquier ciudadano podrá denunciar estos hechos por cualquier medio a los órganos de persecución penal del Estado.

Artículo 6°.- El Poder Ejecutivo por medio del Viceministerio de Transporte deberá controlar la estricta aplicación de esta Ley.