Sonia Barrios, del Sindicato de Empleados y Obreros de la Municipalidad de Lambaré, comentó a la 650 AM que piden que cinco trabajadores echados sean reincorporados a la institución. Agregó que de sus cinco compañeros despedidos de las cuadrillas, dos son sindicalistas.

Comentó que en lo que va de la nueva administración, unos 400 trabajadores fueron desvinculados. “Todos eran contratados. Nosotros tenemos un contrato colectivo que estipula que en dos años se adquiere estabilidad laboral. Algunos tenían 7 o 20 años de estabilidad. No hay justificación para despedir, porque un día de asumir ya borraron los marcadores. Solo decían que se vencía el contrato”, aseveró.

En cuanto a si serían planilleros los despedidos, negó esa situación. “Ellos no sé qué hicieron con los legajos, ellos argumentan eso (planillerismo). Es imposible que la administración anterior haya perdido los documentos para marcar la asistencia”, acotó.

Por último señaló que para el próximo martes se fijó otra reunión tripartita para analizar esta situación en la comuna lambareña.

El Ministerio de Relaciones Exteriores comunicó que están colaborando con autoridades de la Defensa Civil brasileña para la reubicación de connacionales afectado por las inundaciones.

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Todos los paraguayos están siendo asistidos y se encuentran en refugios seguros, pero se trabaja para hallar a más compatriotas. Ante eso, recuerdan que la línea telefónica +55 51-991487881, está habilitada.

Según el cónsul paraguayo, José Martínez, unas 200 familias paraguayas, equivalentes a 500 personas, terminaron desplazadas de sus hogares por el avance de las aguas.

Brasil vive una de las peores catástrofes naturales y registra unas 80 personas fallecidas, entre ellas, no se reportó ningún paraguayo.

Según datos, más de 844.000 personas fueron afectadas en todo el estado, el más meridional del país, de las cuales 134.300 han perdido sus hogares.

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“Los transportistas tienen que tener una empatía mayor con la ciudadanía. Estamos reunidos con el equipo, cada acción que tomemos desde el Viceministerio de Transporte, será a favor de la ciudadanía”, manifestó el viceministro de Transporte, Emiliano R. Fernández, en conversación con Universo 970 AM de Nación Media.

El Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) anunció la decisión de ir a un paro total de buses por el período de tres días. La medida entrará a regir a partir de las 00:00 horas del lunes 20 de mayo.

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“Presiones habrán, hay muchos elementos sobre la mesa pero obraremos siempre a favor de la ciudadanía”, adelantó el viceministro.

Por otra parte, indicó que el objetivo del gobierno es encaminarse hacia una reforma del sistema de transporte público y es un tema que molesta a los empresarios.

Los transportistas vienen amenazando desde hace días con esta medida, por desavenencias con el Gobierno. Entre los pedidos del gremio se encuentran:

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- Actualización de los coeficientes que hacen a la estructura de costos para la fijación de la tarifa.

- Detener la manipulación de coeficientes que determinan los insumos operacionales del sistema.

- Desembolso de los subsidios en tiempo y forma.

- Renovación de los permisos de explotación del servicio.

Los transportistas aseguran haber enviado reiteradas solicitudes en torno a estos puntos, sin obtener respuestas, por lo que se hace “insostenible la prestación de un servicio adecuado”.

Barchini, en su informe de gestión brindado hoy en la reunión del Consejo de Ministros, explicó que las tareas de separación iniciarán en la Penitenciaría Regional de Minga Guazú que será habilitada en el transcurso de mayo.

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Solo el 31% de las PPL tienen condena judicial en el país y, al respecto, informó que están trabajando con la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de la Defensa Pública para acelerar los procesos judiciales.

“Ha habido un cambio, pero eso no significa que estemos conformes o contentos, seguimos en una lucha frontal que no tiene pausa”, expresó el titular del Ministerio de Justicia.

Por otra parte, habló del proyecto de ley del nuevo agente penitenciario, actualmente en estudio en el Congreso, y resaltó que combatirá la corrupción interna en el Ministerio de Justicia en cuanto a la complicidad y chantaje que ejercían sindicalistas y agentes penitenciarios.

“Somos respetuosos de los derechos humanos, pero hay situaciones que requieren tratamientos diferentes”, acotó.

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