Liz Fabiana Vázquez (16) se llama la menor, quien el miércoles al mediodía salió de su vivienda ubicada en el km 11, Acaray, Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná, rumbo al colegio.

Debía regresar alrededor de las 17:00 como cada jornada, sin embargo, el día acabó y Liz Fabiana nunca más regresó.

Su padre, don Fidencio Vázquez solicita la colaboración de la ciudadanía para encontrar a su hija sana y salva, pues teme que pudiera ser víctima de trata de blancas.

“No tenemos datos de que pueda estar con un muchacho porque no tiene novio”, comentó el papá desesperado por la falta de noticias de la adolescente.

Manifestó que la joven no llevó su teléfono celular y tampoco sus documentos, aunque sí “un par de ropas”.

La denuncia ya fue presentada ante la Policía Nacional, que a su vez, comunicó el caso al Ministerio Público.

Tras las primeras averiguaciones realizadas en torno a una denuncia que, por violencia familiar formuló una mujer en contra de su expareja Diego Ramón Benítez Villagra, de 38 años. En ese sentido, la fiscal Estela Ramírez ordenó su detención preventiva y ante su falta de cumplimiento, lo imputó en rebeldía.

Según la denuncia, Benítez Villagra acudió al domicilio de su expareja, quien lo había abandonado por violento, para entregar dinero correspondiente a la prestación alimentaria de los tres pequeños hijos de ambos.

No obstante, tras entregar el dinero a la mujer, Villagra pretendió quedarse a dormir y mantener relaciones sexuales con la misma, pero ésta se resistió. El hombre reaccionó agresivamente, la maltrató verbalmente, hasta agredirla físicamente, produciéndole serias lesiones y darse a la fuga. Una vez detenido, pasará a guardar prisión preventiva a cargo del juez y la fiscal de la causa.

La propuesta ya había sido aprobada, en general, en una sesión anterior y, en la fecha, se prosiguió con el estudio en particular.

La normativa tiene el propósito de velar por la protección, integración y desarrollo de las personas con discapacidad, especialmente, de niños y adolescentes.

Según el proyecto, su implementación en todas las plazas que cuenten con espacios recreativos, posibilitará que, tanto niños y niñas portadores de algún tipo de discapacidad, tengan una respuesta a la necesidad de generarse espacios inclusivos y de acceso para eliminar las barreras de su entorno.

Durante el tratamiento, punto por punto, se acordaron algunas modificaciones de forma. En el acápite fue reemplazada la palabra “integradores”, por “inclusivos”.

En el artículo 1° también se agregó la frase “creación de espacios inclusivos”, dejando en claro que los sectores de recreación son para “personas con discapacidad”.

Otro de los cambios responde a la inclusión de las municipalidades como responsables de la elaboración de mecanismos para la inversión en plazas o parques inclusivos. El proyecto original solo daba participación a las gobernaciones.

En efecto, el proyecto prevé que las autoridades de aplicación de la presente disposición sean las gobernaciones y municipalidades, en coordinación con las comisiones vecinales.

Se estableció, igualmente, que las obras sean realizadas con la participación de la SENADIS y de las universidades y colegios técnicos para la elaboración de los juegos inclusivos.

Finalmente, el pleno de la Cámara Baja aprobó el documento con las modificaciones mencionadas y fue enviado a la Cámara de Senadores para su segundo trámite constitucional.

Es lo que señalo el comisario Cesar Diarte, quien indico que el hombre agredido denunció el despojo. Subrayo que este es empleado jardinero en la sede de la Unión Europea, y que no realizó ningún gesto para provocar la violenta acción de los barrabravas.

“La prioridad es identificar a estas personas, y se los va a identificar para ponerlos luego a disposición del Ministerio Público”, señalo el jefe policial en cubicación con la 730 AM.

Los datos relevados en torno al caso, mencionan que los agresores son integrantes de la “barra organizada” de Olimpia. Y que al momento en que emprendieron a golpes contra el trabajador, se hallaban hostigando a automovilistas y transeúntes a “aportar” a los mismos.

Profesionales abogados señalaron que desde el momento en que la agresión se extendió a la distracción del celular, automáticamente tiene la categoría de robo agravado, una figura con pena carcelaria más severa.

Los investigadores indicaron que se recogieron Imágenes de las cámaras de seguridad, para obtener las fotografías de rostros de los delincuentes.

El violento ataque perpetrado por los “barras”, desató la indignación de la ciudadanía, por la violencia extrema demostrada por el grupo de agresores.

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