El concejal departamental de Central, Mario Caballero, se presentó a la Cámara de Diputados para solicitar los proyectos de ley presentados por Rocío Casco y Romero Roa, en vista de que ambos impulsan normativas diferentes sobre la declaración de emergencia educacional.

“Queremos unificar porque hay un proyecto que establece que la emergencia se declarará por 90 días y uno de 2 años, pero en 90 días no creo que podamos dar solución a esto, creo que debería ser 6 meses como mínimo y prorrogable“, sostuvo el edil en comunicación con Radio Uno.

El concejal argumentó su postura diciendo que las declaración de emergencia no solo prevé la refacción de instituciones educativas, sino también hace referencia al almuerzo escolar y a la capacitación docente. Además, precisó que se debe crear un mecanismo para garantizar el manejo transparente de los recursos del Fonacide, que serán utilizados para el efecto.

“Los Municipios y Gobernadores deben ser conscientes de que habrá un control estricto a través del cuerpo legislativo para que el Fonacide se use adecuadamente y también imprimir el informe de Contraloría y de la Secretaria de la Función Pública, y que se pueda hacer también un control (por parte) de los alumnos que se están organizando“, sostuvo.

El representante departamental informó que este martes presentarán el pedido de declaración de emergencia para Central, considerando que es una de las Gobernaciones más grandes y donde se concentra la mayor cantidad de la población nacional.

“Nosotros tenemos 19 distritos, el 33 % de la población paraguaya está en Central, nosotros vamos a declarar (emergencia educacional), vamos a remitir este martes el documento y estamos hablando con los líderes de bancada para que Central sea uno de los primeros departamentos que pueda tomar la posta“, sentenció.

Un niño de 12 años salvó a su madre de ser víctima de feminicidio. El supuesto autor es pareja de la misma, quien fue encontrado muerto horas después.

Según el informe policial, Walter Aranda Cañete (46) intentó matar a su pareja Hermelinda Domínguez de Aranda (38) durante una discusión que mantuvieron previamente. El hombre la tenía acorralada contra la pared con un cuchillo a la altura de la garganta, sin embargo, el niño vio lo que estaba sucediendo y se interpuso entre ambos logrando salvar a su mamá.

Ese momento fue aprovechado por la mujer y su hijo que lograron escapar refugiándose en la vivienda de una vecina y escondiéndose debajo de la cama. Walter los siguió, pero por su estado etílico no pudo alcanzarlos. Luego fue hallado colgado de un árbol ya sin signos de vida. La causa de muerte fue diagnosticada como asfixia por ahorcamiento.

Asimismo, según el sistema de la Policía Nacional tanto el hombre como la mujer cuentan con antecedentes por simulación del hecho punible, denuncia falsa, usurpación de identidad, entre otros, por lo que tenían prisión domiciliaria. El caso fue comunicado al Ministerio Público para el procedimiento correspondiente.

Alrededor de las 22:30 de ayer lunes, dos hombres en una motocicleta llegaron a 18 Proyectadas entre Independencia y Nuestra Señora de la Asunción, barrio Obrero de Asunción, donde efectuaron varios disparos contra una vivienda.

El domicilio con portón de chapa pertenece al concejal René Gabriel Calonga Acevedo, de 44 años, quien no se encontraba allí al momento del atentado, pero rápidamente recibió el aviso de sus vecinos.

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La denuncia fue formulada ante la Comisaría 4ta de Asunción, cuyos efectivos labraron acta de lo acontecido y, entre las primeras medidas, revisaron las imágenes captadas por las cámaras de la cuadra.

Los videos muestran con claridad que son dos desconocidos en moto los que se detienen frente a la casa del concejal y realizan los disparos. El portón quedó con los rastros dejados por los proyectiles.

De momento no se maneja ninguna hipótesis al respecto, pero el Departamento de Investigación de la Policía ya está a cargo de la pesquisa.

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Lemir señaló que existe una sola morgue y un solo laboratorio, que están asentados en Asunción, lo cual implica que esa centralización afecte sensiblemente el trabajo que realizan en las unidades no capitalinas.

La crítica saltó al tapete tras el caso de la escribana que mató a sus dos hijos y luego se suicidó. Los cuerpos rescatados de la mujer y una de las criaturas, tuvieron que ser derivados a la capital, porque en las fiscalías altoparanaenses no había infraestructuras ni insumos para realizar los trabajos correspondientes.

La queja socializada del doctor Alfaro, a través de los medios de comunicación, desató la molestia del Fiscal General, Emiliano Rolón, quien emitió un comunicado fustigando al médico, por ventilar las miserias de la estructura forense del interior del país.

“Ningún funcionario puede lanzar comunicados afectando a la institución y menos denostar la labor de sus compañeros fiscales. Las denuncias responsables son las vías, en este caso la Inspectoría General”, dice una parte del pronunciamiento de Rolón.

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En otro párrafo sostiene que las críticas del médico “son desatinadas”, al tiempo que le conmina al mismo a que, si está descontento en su sitio de trabajo, busque otra alternativa laboral en el sector privado.

Ese tipo de pronunciamientos, “afectan a la institución”, acotó el jefe del Ministerio Público.

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