Los fiscales Luis Piñánez y Martín Cabrera imputaron a Diego Fernando Napoleón Gómez Silva, por la presunta comisión de los hechos punibles de asociación criminal y producción de documentos no auténticos.

Los agentes indicaron que poseen suficientes elementos de convicción en cuanto a que el imputado sería el responsable de la creación de empresas de maletines. “Estas son creadas con la presunta finalidad de proveer facturas a las distintas empresas, por lo que se ha detectado la utilización de un total de 3.058 facturas pertenecientes a los supuestos proveedores creados por Silva y que totalizan la suma de G. 646.235 millones”, reza el escrito de los fiscales.

Los representantes del Ministerio Público solicitaron a la jueza Dólica Giménez de Luzzi la prisión preventiva, como medida para asegurar el sometimiento al proceso del imputado.

Según los antecedentes, la viceministra de la Subsecretaría de Estado de Tributación formuló una denuncia ante la sede fiscal, en la que hace referencia a las discrepancias entre las ventas declaradas juradas en el IVA de 13 contribuyentes, y las compras informadas por supuestos clientes. La presunción inicial era que las facturas invocadas por los clientes como respaldatorias de su crédito fiscal, eran apócrifas. Luego, como producto de dicha investigación, detectaron 285 empresas que habrían utilizado las facturas de los 13 proveedores.

Tras esta denuncia, el Ministerio Público comenzó a realizar allanamientos. Uno de los lugares intervenidos fue un supuesto depósito de la firma Company Electronics S.A., donde se procedió a la incautación y traslado de diversas documentaciones para su posterior análisis.

Otro sitio inspeccionado, fue el domicilio del hoy imputado en el que hallaron planillas que contenían detalles de liquidación del IVA correspondiente a los 13 supuestos proveedores; copias de acta de Asamblea de la firma Company Electronics S.A.; y constancia de recepción de documentos a nombre de la misma firma.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a través del Viceministerio de Transporte, lamenta que en medio de una mesa de trabajo instalada, igualmente uno de los gremios de transporte, específicamente CETRAPAM, presione para forzar una situación “absolutamente absurda” como duplicar el subsidio cuál es la pretensión de este grupo empresarial.

“Medidas como el paro del servicio anunciado por este gremio no construyen un sistema de transporte acorde a las necesidades de los ciudadanos; por el contrario, impiden avanzar con las acciones impulsadas”, refiere el comunicado del MOPC.

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No obstante, la cartera estatal sostiene que se llevarán adelante todos los mecanismos correspondientes para seguir mejorando el servicio público.

“Rechazamos el paro de buses y garantizamos a los pasajeros seguir trabajando por la reforma del sistema de transporte de manera a brindar a la ciudadanía un servicio eficiente y de calidad. Seguiremos trabajando con compromiso, seriedad y responsabilidad. El MOPC se ratifica en que el diálogo es el camino a seguir para el beneficio de la ciudadanía”, agrega el pronunciamiento.

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El Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) anunció la decisión de ir a un paro total de buses por el período de tres días. La medida entrará a regir a partir de las 00:00 horas del lunes 20 de mayo.

En la reunión del Consejo de Ministros, el titular de Defensa Nacional, Oscar González, se refirió a los avances tras la instalación de una «Sub Área de Pacificación» de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en el departamento de Canindeyú, en relación a las respuestas a las necesidades de seguridad

Señaló que de esta extensión jurisdiccional del CODI-FTC, inicialmente en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, ahora se proyecta llevarlos al sur del país.

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Destacó también el fortalecimiento de las fuerzas armadas, uno de los objetivos del Gobierno, para la lucha contra el crimen organizado y garantizar la seguridad interna.

A esto se suma el proyecto de aumentar la inversión para las fuerzas de seguridad, tanto policías como militares, con una inversión de Itaipú de US$ 90 millones por los próximos tres años.

El hecho ocurrió cerca de las 18:00 hs de este lunes y el conductor fue identificado como Ángel Castillo, quien salió ileso del percance.

De acuerdo al reporte policial, el tractocamión había pasado por el peaje, pero minutos después el semirremolque rosó por una de las casetas, que terminó desplomándose.

Se convocó a personal de la patrulla Caminera quien practicó la prueba de alcotest al conductor, arrojando como resultado negativo 0,00mg/l.

Afortunadamente, ningún funcionario del puesto resultó herido, solo daños en la estructura.

El fiscal Luis Albertini dispuso que el tractocamión con su conductor sean liberado ya que ambas partes cuentan con seguro.