La Cámara de Diputados agotó el estudio en particular del Proyecto de Ley “Que modifica varios artículos de la Ley N° 5.016/2014, Nacional de Tránsito y Seguridad Vial”.

Durante el tratamiento del artículo 60 se produjo un intenso debate acerca de algunos incisos que fueron cuestionados por varios legisladores.

En el apartado relativo a las “Prohibiciones en la vía pública”, no corrió la intención de eliminar la prohibición de circular con defensas delanteras y traseras, y enganches sobresalientes, y tampoco prohibir la instalación de inhibidores de radares en los vehículos.

El inciso “X” fue testado, posteriormente, por moción del parlamentario Eber Ovelar. Ese punto hablaba de exceptuar a los transportes públicos de la prohibición de instalar en los tableros monitores, pantallas, etc.

El artículo 87, referente al análisis estadístico para prevención de accidentes, fue aprobado con modificaciones, a fin de evitar testar el último párrafo que estipula que “en los siniestros que por su importancia, habitualidad u originalidad justifiquen, la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial ordenará una investigación técnico-administrativa, a realizarse por funcionarios especializados de la misma. En todos los casos deberán observarse la garantía del debido proceso”.

Para salvaguardar el documento y las investigaciones, tanto en lo penal, como en lo administrativo y sumarial, se agregó una última línea que apunta cuanto sigue: “sin perjuicio de las investigaciones efectuadas en otros ámbitos”.

RETENCIÓN DE LICENCIAS Y RODADOS

En lo que respecta a este segmento de la Ley, tras un largo debate, el plenario decidió aprobar las modificaciones en el numeral 6°, sugeridas por el presidente de la Comisión de Legislación y Codificación, diputado Bernardo Villalba.

Con estos cambios, se establece que cuando un vehículo retenido no fuera retirado por su propietario o responsable, en un plazo de seis meses, el rodado podrá ser rematado. Del monto obtenido en el remate se descontará al propietario el costo de la multa, y el saldo será entregado al dueño del vehículo rematado.

Inicialmente, el diputado Dionisio Amarilla pidió testar este numeral, teniendo en cuenta que lo considera un procedimiento arbitrario y de tinte inconstitucional.

Los parlamentarios que estaban a favor del punto indicaron que el 40 por ciento de las motos retenidas son abandonadas, y eso se convierte en todo un costo para el municipio, pues debe arrendar un inmueble para guardar esas motocicletas.

SOMETIMIENTO A PRUEBAS

El artículo 95, de obligación de sometimiento a pruebas, fue aprobado con modificaciones. El primer párrafo quedó definido, básicamente, con la siguiente especificación: “Todo conductor que sea sorprendido en los presupuestos de la causa probable de la comisión de un hecho punible…”.

ALCOHOL PERMITIDO

En el artículo 141, que modifica, a su vez, el artículo 217 de la Ley 1.160/97, “Código Penal Paraguayo”, los legisladores debatieron sobre la graduación mínima de alcohol permitida y las sanciones por faltas leves y graves.

La redacción quedó como sigue: “(El que) condujera en la vía pública un vehículo habiendo consumido sustancias, drogas prohibidas o sicotrópicas legales, o no, o bebida alcohólica siendo su graduación desde 0.400 mg/L de CAAL o 0.800 g/L de CAS, será considerada falta leve. En los demás, serán consideradas faltas graves y sometidas a las disposiciones del artículo 217 del Código Penal. De esta manera, aquellos infractores de faltas graves también serán sancionados”.

Otro punto que estaba definido es el referente al artículo 17 (de las edades mínimas para obtener la licencia de conducir). El diputado Eber Ovelar planteó una modificación, ya que en principio se establecía la edad de 23 años. Sugirió bajar la edad mínima a 18 años, lo que fue aprobado.

Este mañana se produjo la fuga de un recluso en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, en el departamento de Alto Paraná.

Se trata de Alberto Ramón Kaufmann, de 24 años, quien se encontraba recluido en la citada cárcel esteña luego de ser procesado por el hecho punible de robo agravado.

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El joven había logrado trepar la muralla perimetral desde el sector del patio de visitas, tras lo cual decidió saltar al predio de la Dirección de Policía que se encuentra contiguo.

Una vez allí, personal del Grupo Lince de la Policía Nacional se encargó de recapturar al interno del penal, frustrando así su intento de fuga.

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El hecho fue comunicado a la fiscal Olga Melgarejo, mientras que Kaufmann fue devuelto al Pabellón Negro – sector pasillo donde cumplía con su prisión.

Poco después de la medianoche se reportó un tiroteo con resultado fatal en la Compañía San Roque de San Pedro del Paraná, departamento de Itapúa.

Resultaron víctimas de este episodio Magno Gabriel Vera Guerrero (32), quien recibió dos impactos de bala en el pecho, y Alexis José Fernández Venialgo (24), quien acusó un total de siete disparos en diferentes partes del cuerpo.

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Por otro lado, una tercera persona identificada como Derlis Antonio Fernández Venialgo (20), hermano del segundo fallecido, resultó herida tras ser alcanzada por un proyectil a la altura del pecho.

Las víctimas fueron baleadas durante un festejo de 15 años que se realizaba en la comunidad. Según informan medios locales, el incidente se registró luego de que Vera se haya acercado a un hombre -cuya identidad aún no trascendió- para pedirle que dejara de realizar disparos al aire.

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Este pedido provocó el enojo del tirador, quien decidió rematar contra Vera efectuando una serie de disparos contra su humanidad, tras lo cual se dio a la fuga. Ya en medio de su huida, volvió a disparar contra Fernández y su hermano, acabando con la vida del mayor.

La Policía Nacional se encuentra realizando las averiguaciones pertinentes, a fin de confirmar la identidad y dar con el paradero del homicida.

El doctor Martín Alfaro, médico forense de la Fiscalía, confirmó al canal C9N que finalmente no pudieron llevar a cabo la autopsia del hijo de la escribana Carmen Ruiz Díaz.

Tras el levantamiento del cuerpo, el mismo fue trasladado hasta una funeraria local, esto en vista a que no existe una morgue judicial en el departamento de Alto Paraná.

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Debido a la falta de insumos y un lugar adecuado para este tipo de procedimientos, se tuvo que posponer la realización de la autopsia y proceder al traslado del cadáver a la morgue judicial de Asunción, tanto para determinar las causas de muerte como así también para la identificación del niño.

Sobre el último punto, explicó que, debido al estado de descomposición del cadáver, la víctima ya no pudo ser identificada con las huellas dactilares a través del Sistema AFIS, por lo que se recurrirá a una prueba de ADN.

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Alfaro resaltó que ninguna otra zona del país cuenta con una morgue judicial, siendo la única disponible la que se encuentra en el barrio Sajonia de la capital. Alto Paraná -el segundo departamento más poblado del país, después de Central- requiere con urgencia contar con una, afirmó.

“Por lo menos una camilla o una cámara para que se mantenga el cuerpo no existe. No tenemos guantes, tapabocas, funcionarios. En Paraguay faltan por lo menos 60 médicos forenses más para tener uno cada día de la semana en los 16 departamentos”, afirmó.