En esa fecha, el capitán de Ingeniería Enrique Piñánez y el suboficial José González Ferreira, murieron en una misión de la FTC.

La versión oficial que dieron los organismos de seguridad siempre fue confusa e iba cambiando. La historia oficial indica que el capitán Piñánez, el suboficial González y el agente de la Senad, Juan Manuel Jara, iban en una camioneta de la Secretaría Antidrogas, siguiendo a operadores logísticos de la ACA.

Esta vez vuelve a discutirse la versión de los hechos, con una supuesta carta del EPP que cuenta “la verdad” de lo que pasó.

“Los primeros días nos quisieron hacer creer, primero, que fue un accidente, después que fue un atentado”, recordó Gloria Piñánez, hermana del explosivista fallecido, quien manejaba mucha información, indicó. En el pasado, incluso llegó a pensar de que la muerte de su hermano pudo ser una quema de archivo.

“El gobierno ha mentido a los familiares, engaña al pueblo respecto a los hechos acontecidos aquel 26 de noviembre del 2014”, expresa el correo electrónico de un tal Rodrigo, supuesto miembro del EPP. El correo fue enviado a la radio Ñanduti y divulgado ayer.

La versión de los hechos que se cuenta en la carta enviada, señala que el artefacto explosivo preparado por el Capitán Piñánez debía ser activado a distancia mediante un teléfono celular, cuyo número poseía Luis Rojas, titular de la Senad.

“Fue dolorosísimo volver a leer. Después de 7 meses pensar que alguien tan cercano, pudo haber hecho eso, pudo haber sido un accidente. Tampoco puedo decir qué exactamente pasó”, dijo en la entrevista radial la hermana del explosivista muerto.

La supuesta carta del grupo armado explica así los hechos: “El EPP ha accedido a información sensible, en cuanto sigue. Entre las 19:00 a 20:00 horas, el agente Jara (el sobreviviente) pacta un encuentro en el tem 88 ubicado en Cuero Fresco, con su agente infiltrado en las filas del ACA, quien debía llevar provisiones con una bomba que estallaría una vez que esta llegara al campamento de la Asociación Campesina Armada (ACA)”.

“Una vez llegado al sitio -continúa la carta- Jara baja de su auto, camina unos metros, para encontrarse con su agente, el cual no quería que otros supieran de su identidad, segundos después el artefacto explota partiendo en mil pedazos a ambos militares. Allí no existió la impericia, ni la imprudencia de las personas que armaron dicho artefacto, sino que, en su acelerada y trastornada personalidad con complejo de Rambo, el Secretario de la Senad, Luis Rojas, activó el dispositivo, llamando al número del celular que haría explotar la bomba”, explica el correo electrónico.

Consultada en la entrevista si a la familia del fallecido le cierra más la versión del correo electrónico, Gloria Piñánez dijo que sí, “porque mi hermano no va a ser un suicida, un kamikaze”. Para la familia, indicó, lo que queda dilucidar es quién activó la bomba que mató a su hermano.

“Lo que queremos es saber la verdad. La versión oficial es que una persona en una moto tiró la mochila y explotó la bomba”, expresó la hermana del capitán fallecido.

También Gloria señala que aparte de no haberse realizado en la investigación fiscal varias diligencias, el doctor que atendió a los heridos, cambió su versión y dijo que más personas llegaron esa noche producto de las heridas de la explosión.

“No se hizo la reconstrucción de los hechos, no se les llamó a declarar a los sobrevivientes, ahora surge la versión del doctor que dice que atendió a tres y no a dos”, señaló.

Este mañana se produjo la fuga de un recluso en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, en el departamento de Alto Paraná.

Se trata de Alberto Ramón Kaufmann, de 24 años, quien se encontraba recluido en la citada cárcel esteña luego de ser procesado por el hecho punible de robo agravado.

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El joven había logrado trepar la muralla perimetral desde el sector del patio de visitas, tras lo cual decidió saltar al predio de la Dirección de Policía que se encuentra contiguo.

Una vez allí, personal del Grupo Lince de la Policía Nacional se encargó de recapturar al interno del penal, frustrando así su intento de fuga.

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El hecho fue comunicado a la fiscal Olga Melgarejo, mientras que Kaufmann fue devuelto al Pabellón Negro – sector pasillo donde cumplía con su prisión.

Poco después de la medianoche se reportó un tiroteo con resultado fatal en la Compañía San Roque de San Pedro del Paraná, departamento de Itapúa.

Resultaron víctimas de este episodio Magno Gabriel Vera Guerrero (32), quien recibió dos impactos de bala en el pecho, y Alexis José Fernández Venialgo (24), quien acusó un total de siete disparos en diferentes partes del cuerpo.

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Por otro lado, una tercera persona identificada como Derlis Antonio Fernández Venialgo (20), hermano del segundo fallecido, resultó herida tras ser alcanzada por un proyectil a la altura del pecho.

Las víctimas fueron baleadas durante un festejo de 15 años que se realizaba en la comunidad. Según informan medios locales, el incidente se registró luego de que Vera se haya acercado a un hombre -cuya identidad aún no trascendió- para pedirle que dejara de realizar disparos al aire.

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Este pedido provocó el enojo del tirador, quien decidió rematar contra Vera efectuando una serie de disparos contra su humanidad, tras lo cual se dio a la fuga. Ya en medio de su huida, volvió a disparar contra Fernández y su hermano, acabando con la vida del mayor.

La Policía Nacional se encuentra realizando las averiguaciones pertinentes, a fin de confirmar la identidad y dar con el paradero del homicida.

El doctor Martín Alfaro, médico forense de la Fiscalía, confirmó al canal C9N que finalmente no pudieron llevar a cabo la autopsia del hijo de la escribana Carmen Ruiz Díaz.

Tras el levantamiento del cuerpo, el mismo fue trasladado hasta una funeraria local, esto en vista a que no existe una morgue judicial en el departamento de Alto Paraná.

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Debido a la falta de insumos y un lugar adecuado para este tipo de procedimientos, se tuvo que posponer la realización de la autopsia y proceder al traslado del cadáver a la morgue judicial de Asunción, tanto para determinar las causas de muerte como así también para la identificación del niño.

Sobre el último punto, explicó que, debido al estado de descomposición del cadáver, la víctima ya no pudo ser identificada con las huellas dactilares a través del Sistema AFIS, por lo que se recurrirá a una prueba de ADN.

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Alfaro resaltó que ninguna otra zona del país cuenta con una morgue judicial, siendo la única disponible la que se encuentra en el barrio Sajonia de la capital. Alto Paraná -el segundo departamento más poblado del país, después de Central- requiere con urgencia contar con una, afirmó.

“Por lo menos una camilla o una cámara para que se mantenga el cuerpo no existe. No tenemos guantes, tapabocas, funcionarios. En Paraguay faltan por lo menos 60 médicos forenses más para tener uno cada día de la semana en los 16 departamentos”, afirmó.