Los asesinatos de mujeres en América Latina han impulsado leyes para evitarlos, pero el número de crímenes de género sigue siendo alto. Además, escasean las estadísticas oficiales, se contabilizan de manera dispar y los sistemas judiciales suelen ser lentos cuando hay que procesar a un hombre por este delito.

El tema está a flor piel en Argentina donde para el próximo miércoles se convocó a una manifestación bajo el lema “Ni una menos”, por la conmoción que despertó en la sociedad una reciente serie de feminicidios.

Entre los casos más escalofriantes destacan el asesinato de María Eugenia Lanzetti, una maestra de kínder de 44 años, separada de un marido obsesivo que tenía orden de alejamiento y ella incluso un botón antipánico en su celular.

También aterró el crimen de una adolescente de 14 años muerta a golpes y enterrada presumiblemente por el novio que la obligó a abortar.

En el caso de Lanzetti, nada impidió que el pasado 15 de abril su exesposo ingresara a la clase en la mañana y le cortara el cuello frente a sus pequeños alumnos en la provincia de Córdoba.

Estos macabros homicidios reflejan “una sociedad enferma de paradigmas machistas donde la mujer sigue siendo una ‘cosa a dominar’”, explicó a la AFP Fabiana Tuñez, directora de la Casa del Encuentro, ONG dedicada a esta problemática.

“Frente a esto el Estado llega tarde. En Argentina sigue muriendo una mujer cada 31 horas por feminicidio”, afirmó.

La marcha “Ni una menos” busca crear conciencia sobre un mal que Argentina no ha logrado frenar con leyes, ni siquiera luego de que en 2012 se agravó con cadena perpetua la pena por femicidio.

¿FEMINICIDIO O CRÍMENES DE MUJERES?

Las palabras feminicidio o femicidio no existen en el diccionario pero forman parte del código penal en 16 países de la región.

Según el Observatorio Ciudadano Nacional sobre Feminicidio de México, este crimen consiste en el asesinato de mujeres por parte de hombres que las matan por el hecho de ser mujeres: por misoginia y por sexismo de hombres que sienten que son superiores y que tienen derecho de terminar con sus vidas.

“Entre 2012 y 2013 documentamos 3.892 mujeres asesinadas en todo el país. De estos homicidios sólo 613 fueron investigados como feminicidios”, dijo a la AFP María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio mexicano.

La explicación a la escasa tipificación del delito obedece a que en México, a diferencia de Brasil o Guatemala, el delito de feminicidio no rige a nivel nacional.

¿Por qué las autoridades consideran tan pocos feminicidios dentro de los asesinatos de mujeres?

Según la activista “17 estados del país tipificaron el feminicidio con tipos penales muy difíciles de acreditar”, con requerimientos complicados que se acaban considerando solo homicidios.

LAS CIFRAS DE LA VERGÜENZA

“Sabemos que 15 mujeres mueren por día en Brasil solo por el hecho de ser mujeres”, lamentó en marzo Dilma Rousseff, la primera mujer presidenta de ese país, al promulgar una ley que incluye el feminicidio en el código penal.

Rousseff enfatizó que la violencia de género “ocurre en todas las clases sociales”.

Argentina, sin estadísticas oficiales, aventaja a varios países de Sudamérica: 277 feminicidios en 2014, cifra sin embargo inferior a los 295 de 2013, según la ONG Casa del Encuentro.

Un informe de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) sobre feminicidio en 2014 señala que 88 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en Colombia; 83 en Perú; 71 en República Dominicana; 46 en El Salvador; 25 en Uruguay; 20 en Paraguay, y 17 en Guatemala.

Ecuador contó solo el año pasado 97 feminicidios que corresponden a 54% de las mujeres que sufrieron muertes violentas (179) pese a que castiga ese delito con 22 a 26 años de cárcel.

Este año, en Chile van 16 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, y según la ministra de la Mujer, Claudia Pascual, la debilidad de la legislación chilena consiste en que “permite que las denuncias las hagan otros, pero tienen que ser ratificadas por la mujer que ha sido víctima”.

En Costa Rica la tendencia es a la baja, pero hubo 27 casos de feminicidios en 2014 a pesar de que pena con entre 20 y 35 años de prisión este delito.

Gabriela Alegre, diputada de la Ciudad de Buenos Aires, aplaudió las leyes para proteger a las mujeres y opinó que “lo que está demostrando la situación actual es que no alcanza con la legislación ni con penalizar, sino que hay que afrontar un cambio cultural y apuntar a la educación”.

El rotativo francés tuvo acceso a un documento transmitido por el Banco de Palestina a “algunos socios internacionales”, en el que describe robos espectaculares, como el que ocurrió en su principal sucursal en Ciudad de Gaza.

Empleados de la agencia constataron el 16 de abril “que se había realizado un agujero en el techo de la cámara acorazada”, explica el diario, añadiendo que “los delincuentes se hicieron con casetes de cajeros automáticos” que contenían el equivalente a 3 millones de dólares en séqueles israelíes.

El día siguiente, el 17 de abril, “grupos armados equipados con explosivos entraron de nuevo en el edificio”, hicieron explotar una cubierta de cemento y se llevaron el equivalente a 30 millones de dólares “en diferentes divisas”, añade el rotativo.

La mayor sucursal del centro de Ciudad de Gaza fue atacada el 18 de abril por un “comando” de hombres que dijeron responder a “las más altas autoridades de Gaza”, una fórmula que, según el periódico, corresponde a Hamás. En ese ataque, se llevaron séqueles por un equivalente a más de 36 millones de dólares.

Hamás, en guerra contra Israel, gobierna Gaza desde 2007.

El Banco de Palestina, fundado en 1960, es la principal institución financiera de Gaza.

La Autoridad Monetaria Palestina, un organismo independiente que supervisa el sistema financiero en los territorios palestinos, afirmó a AFP que tenía previsto emitir una declaración sobre el asunto el sábado.

Fuente: AFP

El Gobierno de España ha aprobado por primera vez un real decreto que regulará la actividad de los conocidos como ‘influencers’, con el objetivo de adaptarse a la Ley General de Comunicación Audiovisual aprobada en 2022.

Así, los creadores de contenidos deberán abstenerse de hacer cierta publicidad, además de estar obligados a etiquetar sus publicaciones y a inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como usuarios de especial relevancia.

¿Afecta a todos los ‘influencers’?

La respuesta es no. La ley se refiere a los “usuarios de especial relevancia” y define a estos a través de tres requisitos que deben cumplir:

• Tener unos ingresos anuales superiores a los 300.000 euros.
• Superar el millón de seguidores en una única plataforma o los dos millones en su actividad global.
• Haber publicado 24 o más videos al año.

Otra particularidad es que solo afecta a los residentes en España, es decir, que aquellos que, por ejemplo, se trasladaron a Andorra, no están obligados por esta normativa.

¿Cuáles serán sus obligaciones?

A partir de su registro, que se debe producir en el plazo de los próximos dos meses, todos esos creadores de contenidos deberán atenerse a varias disposiciones.

Deberán identificar los espacios publicitarios explícitamente y etiquetar sus contenidos indicando la edad recomendada de sus espectadores. Además, tendrán prohibido hacer publicidad de productos relacionados con el tabaco, el alcohol, los medicamentos o de cualquier producto o servicio que pueda perjudicar psicológicamente a los menores.

De este modo, se les asimila a otros actores tradicionales del sector audiovisual, como son la televisión o la radio.

Poniendo algunos nombres y apellidos

Entre los afectados por la nueva legislación se encuentra Ibai Llanos, el ‘streamer’ de más éxito del país, que Forbes llegó a incluir en una de sus listas de españoles más influyentes del mundo en 2021. Tiene más de 15 millones de seguidores en Twitch y más de 11 millones en Youtube.

María Pombo es otra de las ‘influencers’ más conocidas del país. Especializada en contenidos relacionados con la moda, la belleza y el estilo de vida, hace casi una década que vive de sus redes sociales, en las que tiene más de tres millones de seguidores.

Otra imprescindible en este listado es Dulceida. Esta bloguera e ‘influencer’ también es conocida por sus publicaciones relacionadas con la moda y el estilo de vida. Desde hace ocho años organiza su propio festival de moda y música. Tiene más de 3,4 millones de seguidores en Instagram.

Otro nombre, más polémico que los anteriores, es el de El Xokas, cuyo nombre real es Joaquín Domínguez. Es conocido principalmente por sus retransmisiones de partidas del ‘World of Warcraft’ en Twitch, donde tiene alrededor de 4 millones de seguidores. Según él mismo ha revelado en varias ocasiones, ingresa alrededor de 60.000 euros al mes.

El tribunal de Río de Janeiro ordenó la liberación de Érika Souza Vieira Nunes, de 42 años -quien sufre de problemas de salud mental y tiene una menor a cargo- que hace dos semanas llevó a su tío muerto a una sucursal bancaria para intentar obtener un préstamo.

La mujer fue detenida in fraganti el día 16 del mes pasado, luego de llevar el cadáver del anciano Paulo Roberto Braga, sentado en una silla de ruedas, al banco Bangu, de esta ciudad. El Ministerio Público (MPRJ) la acusó por los delitos de tentativa de peculado y profanación de cadáver. Érika se encontraba detenida en la prisión de Djanira Dolores, también en Bangu.

La jueza Luciana Mocco, titular del 2º Juzgado Penal de Bangu, respondió a un pedido de la defensa de Érika y revocó su prisión preventiva. Sus abogados señalaron que Érika, de profesión ama de casa, tiene un hogar permanente, “mala salud mental”, y está a cargo de una menor discapacitada que requiere de su cuidado en casa.

El juez determinó, sin embargo, que Érika debe cumplir con medidas cautelares, como presentarse mensualmente a la secretaría judicial para informar sus actividades o un posible cambio de domicilio; en el caso de hospitalización por tratamiento de salud mental, también deberá notificarse al Tribunal; tiene prohibido ausentarse del distrito por más de siete días.

Érika también comenzó a ser investigada por homicidio culposo, sin intención de matar. Una orden del delegado Fabio Luiz Souza, jefe de la 34ª DP (Bangu), responsable de las investigaciones, y publicada por TV Globo, indica una “flagrante omisión de asistencia” por parte de la mujer. Según el delegado, el tío Paulo se encontraba en una “situación crítica que amenazaba su vida”.

“Teniendo en cuenta que el 16 de abril, Paulo se encontraba en una situación grave que amenazaba su vida, como se desprende de las declaraciones de todos los testigos que tuvieron contacto con la víctima, en lugar de volver a ir al hospital, acudió al centro comercial, configurando una flagrante falta de asistencia. Por tanto, se debe registrar un nuevo informe para investigar el delito de homicidio culposo”, señaló.

Según la Policía Civil, como cuidadora del anciano, “al ver que no se encontraba bien, debería haberlo trasladado a un hospital, no a una sucursal bancaria”.

El crimen ocurrió en Bangu, en la Zona Oeste de Río de Janeiro. Érika fue detenida en el acto y su arresto se convirtió en prisión preventiva durante una audiencia de custodia. La denuncia destaca que, aunque el préstamo fue contratado por el anciano Paulo Roberto Braga cuando estaba vivo, el retiro de 17.975 reales (unos 3500 dólares) no pudo realizarse porque en el momento de la detención la víctima había fallecido.

La acción penal también indica que Érika, mediante fraude, intentó apropiarse de fondos que no habrían sido utilizados a favor de su tío, lo que finalmente causaría un perjuicio a la institución financiera que otorgó el préstamo, es decir, que no sería pagado por el donante, fallecido.

“El crimen no se llevó a cabo debido a que los empleados del banco, al notar que el anciano Paulo Roberto Braga estaba en mal estado, pálido y sin poder firmar un documento, llamaron al Servicio Móvil de Atención de Emergencias, quienes confirmaron la muerte”, describe un extracto de la denuncia.

El inspector mencionó “menosprecio y falta de respeto” hacia el mayor al llevarlo muerto para retirar el dinero. “La imputada vilipendió consciente y voluntariamente el cadáver de Paulo Roberto Braga, llevándolo a la referida sucursal bancaria y permaneciendo allí, incluso después de su muerte, con el objetivo de retirar la orden antes mencionada”, señaló.

Con información de O Globo/GDA