Carla Bacigalupo, ministra de Trabajo, valoró la participación de todas las entidades públicas, sectores sindicales, gremios empresariales y la sociedad civil que conforman la Contrafor.

La sesión extraordinaria contó con la participación de representante de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que integra la Contrafor, en carácter de asesor técnico. Patricia Roa, oficial de programación de la OIT Cono Sur, se comunicó en forma virtual desde Chile.

Bacigalupo manifestó la escasez de recursos humanos y financieros para abordar en forma unitaria la problemática. Señaló que conforme a la ley nacional y órganos internacionales, el tema debe involucrar a todas las instituciones y los gobiernos locales (gobernaciones y municipalidades) para evitar violaciones de los derechos laborales, reconocidos incluso en instrumentos internacionales. Remarcó que para lograr el objetivo es necesario la articulación de tareas en diferentes ámbitos para proteger los derechos de los trabajadores.

La Comisión Nacional de Derechos Fundamentales en el Trabajo y Prevención del Trabajo Forzoso (Contrafor), fue creada por Decreto Nº 7865 en el mes de octubre del 2017. Tiene como objetivo principal la articulación de políticas públicas tendientes a la prevención y erradicación del trabajo forzoso a nivel país. La coordinación está a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess).

A las 14:00 de ayer lunes se registró el fallecimiento de Ninfa Cibeles Morales Díaz de 38 años de edad, condenada por homicidio doloso, según los datos recabados por la Comisaría 6ª de Asunción, que intervino en el caso.

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La mujer ya presentaba problemas de salud por lo que, cuando comenzó a sentirse mal fue trasladada al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente Juan Max Boettner (INERAM), donde se constató su deceso.

El cuerpo fue llevado a la morgue judicial para la autopsia, por disposición de la Fiscalía de Turno. También se dio participación a los departamentos de Criminalística, Homicidios y al Ministerio Público.

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El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a través del Viceministerio de Transporte, lamenta que en medio de una mesa de trabajo instalada, igualmente uno de los gremios de transporte, específicamente CETRAPAM, presione para forzar una situación “absolutamente absurda” como duplicar el subsidio cuál es la pretensión de este grupo empresarial.

“Medidas como el paro del servicio anunciado por este gremio no construyen un sistema de transporte acorde a las necesidades de los ciudadanos; por el contrario, impiden avanzar con las acciones impulsadas”, refiere el comunicado del MOPC.

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No obstante, la cartera estatal sostiene que se llevarán adelante todos los mecanismos correspondientes para seguir mejorando el servicio público.

“Rechazamos el paro de buses y garantizamos a los pasajeros seguir trabajando por la reforma del sistema de transporte de manera a brindar a la ciudadanía un servicio eficiente y de calidad. Seguiremos trabajando con compromiso, seriedad y responsabilidad. El MOPC se ratifica en que el diálogo es el camino a seguir para el beneficio de la ciudadanía”, agrega el pronunciamiento.

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El Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) anunció la decisión de ir a un paro total de buses por el período de tres días. La medida entrará a regir a partir de las 00:00 horas del lunes 20 de mayo.

En la reunión del Consejo de Ministros, el titular de Defensa Nacional, Oscar González, se refirió a los avances tras la instalación de una «Sub Área de Pacificación» de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en el departamento de Canindeyú, en relación a las respuestas a las necesidades de seguridad

Señaló que de esta extensión jurisdiccional del CODI-FTC, inicialmente en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, ahora se proyecta llevarlos al sur del país.

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Destacó también el fortalecimiento de las fuerzas armadas, uno de los objetivos del Gobierno, para la lucha contra el crimen organizado y garantizar la seguridad interna.

A esto se suma el proyecto de aumentar la inversión para las fuerzas de seguridad, tanto policías como militares, con una inversión de Itaipú de US$ 90 millones por los próximos tres años.