Villalba fue sometido a juicio acusado de un delito de coacción ocurrido en 2008 durante una protesta campesina, anterior a la matanza que provocó la destitución de Lugo en un juicio parlamentario y que ha servido para mantenerlo en la prisión, mientras que el resto de imputados están en arresto domiciliario.

La causa se refiere a la supuesta participación de Villalba en la retención de un vehículo de la Fiscalía que investigaba la denuncia de los propietarios de una finca dedicada al monocultivo de soja en colonia Pindó, donde los campesinos protestaban aduciendo que los dueños estaban fumigando sin las mínimas medidas de seguridad.

Al iniciar el juicio, la Fiscalía solicitó la introducción de un nuevo testimonio como “nueva prueba” que confirmaría la presencia de Villalba en el lugar de los hechos, relataron sus abogados en un comunicado.

La defensa se opuso a la inclusión de esta prueba porque “no obraba en el expediente”, lo cual es “improcedente en términos procesales” y además “deja a Villalba en total indefensión”, según afirmaron.

Los abogados pidieron la extinción de la causa, debido a que consideran que “se han sobrepasado ya ampliamente todos los plazos para un juzgamiento razonable”.

El Tribunal resolvió aceptar la inclusión del nuevo testimonio y rechazó el pedido de extinción del proceso penal, informó la defensa.

La causa por la que se juzga desde hoy a Villalba, conocida como “caso Pindó”, se reabrió el pasado abril, cuando el acusado, que se encontraba en prisión preventiva por su presunta participación en la masacre de Curuguaty, iba a ser beneficiado con una medida de arresto domiciliario.

Las autoridades revocaron la medida al encontrar que Villalba estaba implicado en el “caso Pindó”, y solicitaron su reingreso en la prisión asuncena de Tacumbú, donde el campesino había pasado 58 días en huelga de hambre para solicitar su libertad.

Desde entonces, Villalba se mantiene en prisión preventiva por esta causa, aunque sus abogados afirman que el plazo máximo de vigencia de esta medida para el delito que se le imputa por el “caso Pindó” es de seis meses.

En total, y tras su arresto en septiembre de 2012 por la masacre de Curuguaty, Villalba acumula 28 meses en prisión preventiva, según su defensa.

La matanza de Curuguaty de once campesinos y seis policías ocurrió en un enfrentamiento durante un desalojo irregular a campesinos que habían ocupado una finca que querían que formara parte de la reforma agraria.

Los sucesos llevaron a la destitución una semana después por parte del Congreso del exobispo Lugo, tras un controvertido juicio político, y al nombramiento como presidente de Federico Franco, del Partido Liberal.

Los trece campesinos imputados por los sucesos enfrentan cargos de invasión de inmueble ajeno y asociación criminal, y diez de ellos también afrontan el cargo de intento de homicidio de los policías, mientras que no hay nadie imputado por la muerte de los once labriegos.

El juicio contra los acusados, de los que Villalba es el único que permanece en prisión, está fijado para el próximo junio, después de que fuera pospuesto por la Justicia en varias ocasiones.

En un esfuerzo conjunto con instituciones públicas y privadas el Gobierno Central con la Gobernación de Ñeembucú realiza intensas labores de limpieza en todo el departamento con máquinas trabajando sin parar, según la Secretaría de Obras Públicas.

Varias instituciones se unieron y pusieron a disposición maquinarias para ayudar con la limpieza en zonas completamente inundadas.

El Cauce Montuoso con la retroexcavadora del Comando de Ingeniería del Ejército Paraguayo prosigue con las tareas de cuneteo, junto a la ruta PY-19 para desviar el agua del cauce natural y evitar inundaciones.

En la Compañía Medina (Puente Lázaro), la retroexcavadora N°2 de la ARP se encuentra realizando la limpieza de cunetas, líneas de tubos y puentes para mejorar el estado de la infraestructura vial en la zona.

En Villalbin, la retroexcavadora con palita colabora con los productores de la zona en el transporte de balanceados y víveres, además de brindar apoyo en la limpieza de la zona.

En Cauce Paso Pucú (Zona Puesto Torres Norte, Puente Señorita), la retroexcavadora anfibia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se encuentra trabajando en la zona para remover sedimentos y desobstruir el cauce hídrico.

En los caminos de General Díaz camiones de la Gobernación, en conjunto con maquinarias del MOPC, intensifican las tareas de limpieza en los caminos de la zona; mientras que en el barrio La Eliza de Pilar y alrededores de la rotonda continúan los trabajos de limpieza y drenaje con maquinaria de la Gobernación para mejorar las condiciones viales en el sector.

El fiscal Luis Trinidad Colmán consiguió una condena de 20 años de pena privativa de libertad para Gustavo Antonio Medina Velázquez (46), hallado culpable del homicidio doloso de su hijastro.

El crimen se cometió en represalia contra la madre por haber terminado la relación con el acusado, quien inicialmente fue sentenciado a 5 años de prisión por violencia familiar.

El juicio oral concluyó este viernes 26 de abril en el Poder Judicial de Ciudad del Este. En la ocasión, el fiscal produjo pruebas irrefutables contra el acusado, por lo que los jueces Evangelina Villalba, Óscar Gabriel Genez y Lourdes Morínigo, integrantes del Tribunal de Sentencia, emitieron el fallo condenatorio.

Según los antecedentes, el homicidio ocurrió el 7 de mayo de 2021, en horas de la mañana, en la vía pública del Sector III del barrio San Rafael de la capital del Alto Paraná, resultando víctima fatal Gustavo Gómez Melgarejo.

Aquella vez, el joven se despidió de su madre Bella Rosa Melgarejo y salió de la casa como para dirigirse a su lugar de trabajo. Pero, a metros del lugar, fue atacado por Gustavo Antonio, quien le aplicó una puñalada en la zona lumbar derecha.

El herido gritó del dolor y cayó al suelo, siendo posteriormente auxiliado por familiares y trasladado a un centro asistencial, donde falleció el 17 de mayo.

Mientras, el autor del crimen escapó del lugar y luego le envió un mensaje, vía celular, a su expareja y madre de la víctima, culpándola por la muerte de su hijo y advirtiéndola que la próxima sería ella la asesinada. En el escenario del ataque fue hallado el puñal utilizado para el crimen.

Medina Velázquez permaneció prófugo y declarado rebelde, hasta que el 6 de junio de 2021 fue reducido por sus vecinos, quienes lo sometieron a una golpiza antes de entregarlo a la Policía y quedó a cargo del Ministerio Público y el Juzgado.

Paralelamente, Gustavo Medina Velázquez enfrentó un proceso por violencia familiar ejercida en contra de su expareja Bella Rosa Melgarejo, a quien maltrataba sistemáticamente durante el tiempo que duró la relación.

El mismo fue acusado por la fiscal Susan Vega y posteriormente condenado a 5 años de prisión el 28 de febrero de 2024 por el mismo Tribunal compuesto por Evangelina Villalba, Óscar Gabriel Genez y Lourdes Morínigo.

La agente fiscal Sara Torres, de la Unidad Zonal de Limpio, dispuso el resguardo de una mujer de 44 años, víctima de un presunto caso de violencia familiar y lesión grave. A la vez, ordenó la detención del supuesto autor, Paulino Vallejos Giménez de 46 años, expareja de la afectada.

Es en la causa caratulada “Investigación fiscal s/ violencia familiar y lesión grave”, ocurrido en la madrugada de este sábado en la ciudad de Limpio.

El sospechoso, una vez detenido, debe guardar reclusión en la Comisaría 9° Central a disposición del Ministerio Público. La fiscal además dispuso el control aleatorio de efectivos policiales en la vivienda de la víctima.

El hecho esta madrugada, cuando la víctima recibió un mensaje de texto de su expareja, quien le decía que se acercaría en hora más tarde a la vivienda. La mujer le mencionó que se encontraba descansando. E n ese ínterin, Paulino violentó la puerta principal de la casa con un objeto de madera, ingresó y la atacó con golpes de puño y patadas.

Asimismo, rompió las pertenencias del hogar y la amenazó de muerte. Posteriormente se dio a la fuga.

El hombre aparentemente se encontraba en estado etílico, y según los datos, ya contaba con una orden de alejamiento emanado por el Juzgado de Paz de Limpio.