Las sentencias, emitidas en 2006 y 2010, afectan a la comunidad Sawhoyamaxa, de la etnia énxet, y a la comunidad Xákmok Kásek, de la etnia sanapaná, ambas ubicadas en la región del Chaco, en la mitad occidental del país.

“Desprenderse de entre 12 y 15 millones de dólares en dos casos, considerando las necesidades del país, es algo que se nos escapa”, aseguró Servín.

El funcionario hizo esas declaraciones en la sede del INDI poco antes de su reunión con líderes de los dos grupos indígenas afectados por las sentencias.

Para el presidente del INDI, estos dos casos “son importantes” pero “no son el ombligo del mundo”, ya que la entidad “tiene otros casos antiguos de expropiaciones a pagar”.

Aclaró que el INDI posee un remanente de 67.000 millones de guaraníes (unos 14 millones y medio de dólares) correspondientes al presupuesto de 2014, que son los que las comunidades indígenas solicitan que se utilicen para dar cumplimiento a las dos sentencias de la CorteIDH.

Ireneo Téllez, abogado de la asociación Tierraviva, que representa legalmente a los indígenas, dijo que se reclaman 34.000 millones de guaraníes (unos 7 millones de dólares) para acatar la sentencia que afecta a los Sawhoyamaxa.

Y cerca de 30.000 millones (casi 6 millones y medio de dólares) para cumplir con la sentencia favorable a los Xákmok Kásek.

En el caso de los Sawhoyamaxa, el Estado firmó en junio de este año una ley de expropiación a favor de la comunidad indígena de 14.404 hectáreas que eran propiedad del alemán Heribert Roedel.

Roedel no aceptó la decisión e interpuso un recurso de inconstitucionalidad, que la Corte Suprema de Justicia rechazó a fines de septiembre.

El empresario prevé ahora solicitar una aclaratoria a la Corte, lo que podría ralentizar el proceso, reconoció el presidente del INDI.

“Si el propietario no quiere aceptar la indemnización por las buenas, vamos a tener que hacer un depósito en una cuenta judicial”, explicó Servín.

Según Téllez, este “pago por consignación” se tendría que haber efectuado a partir de fines de septiembre, pero no se hizo, aclaró, “porque el INDI dijo en octubre que iba a dar prioridad al caso de Xákmok Kásek”.

Sin embargo, en la reunión mantenida este lunes entre los líderes indígenas y el INDI, Servín se comprometió a dar prioridad al caso de los Sawhoyamaxa y postergar la resolución del de la comunidad Xákmok Kásek.

Gerardo Larrosa, líder de la comunidad Xákmok Kásek, criticó este cambio de postura y dijo que supone un “golpe bajo a las esperanzas de la comunidad”.

Respecto a estos indígenas, el Estado llegó a un acuerdo de compra con el propietario de los terrenos, ocupados hoy por la explotación ganadera Estancia Salazar, del estadounidense Roberto Eaton.

Según ese acuerdo, el INDI debe ahora tramitar la compra de 7.701 hectáreas del total de 10.700 que deben restituirse a los Xákmok Kásek.

Si la operación se retrasa, los indígenas temen que Eaton retire su oferta de compra, y “los trámites sean más duros, porque se tenga que expropiar”, señaló Larrosa.

Además de las sentencias que afectan a los Sawhoyamaxa y a los Xákmok Kásek, Paraguay tiene pendiente desde 2005 una orden de la CorteIDH que obliga a permitir el acceso libre a sus tierras a la comunidad indígena Yakye Axa, del grupo étnico énxet.

Agentes de la Policía Nacional el día de ayer lograron la detención de un presunto estafador en la zona céntrica de Ciudad del Este, Alto Paraná.

Se trata de Wellington Denis Dos Santos, de 21 años, de nacionalidad brasileña, quien fue denunciado por intentar adquirir teléfonos celulares de manera fraudulenta.

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De acuerdo al informe, este extranjero se hizo pasar por una mujer para contactar con la tienda comercial “RDA Cell”, a fin de consultar datos sobre dos dispositivos de la marca iPhone.

Posteriormente, decidió cerrar la transacción con el dueño del negocio, Tarek Melsmani (40), enviándole un supuesto comprobante de transferencia a través del sistema Pix.

Ante las dudas sobre la autenticidad del comprobante (que se veía borroso y tenía colores que no coincidían con los de dicha plataforma), el comerciante libanés optó por pedir ayuda a agentes policiales que estaban cerca de su local.

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Cuando el supuesto “secretario” de esta mujer acudió para retirar los móviles, constataron que era un Moto Bolt, quien dijo desconocer a la compradora. Fue así como montaron una entrega vigilada y descubrieron que, en realidad, se trataba de Wellington Dos Santos.

El estafador brasileño acabó siendo detenido y de su poder se incautó un teléfono celular para ser peritado, de manera a recabar más evidencias, menciona el diario La Jornada.

La tecnología que implementará Che róga porâ permitirá agilizar notoriamente los trámites que, en condiciones habituales, implicarían perder mucho tiempo con recorridos de un banco a otro.

La presidenta de la AFD, Stella Guillén, lo describe como un Marketplace, en el que, dentro de la plataforma, el interesado hará un clic para contactar con la institución financiera que él decida.

“Las instituciones financieras tienen un tiempo de tres días para darle una respuesta a la familia, si es sí o no. Entonces la familia puede pasar a la siguiente entidad en caso de que sea no”, afirmó.

La AFD provee una línea de crédito en ciertas condiciones y son los bancos y financieras los que, conforme a su política de riesgo, analizan a cada individuo para determinar si están en condiciones de tomar el crédito.

En total, hasta el momento, son 16 las instituciones adheridas, entre ellas, cinco bancos (Basa, Zeta Banco, Ueno, BNF, Visión), dos financieras y nueve cooperativas.

“Una vez que llegan todos los documentos a la AFD, nosotros no nos demoramos más de 24 horas para dar el OK en la AFD, pero no tenemos el control del tiempo que demora en la banca”, detalló.

La tasa de Che róga porâ es del 6,5 % con plazos de pago de hasta 30 años. Estas condiciones se decidieron como parte de un acuerdo entre todos los involucrados (Gobierno y entidades), pero con un pedido especial del Ejecutivo de llegar a la meta que constituye la esencia del programa: casas a precios de alquiler.

El programa estará disponible al público desde finales de mayo. En este momento, la fase vigente es la de evaluación de parte del Ministerio de Urbanismo de los proyectos presentados por los desarrolladores inmobiliarios.

Un grupo de desconocidos incendió el domicilio de un hombre que presuntamente apuñaló en el pecho a un joven, de cuya consecuencia falleció. El incendio se registró ayer en horas del la noche, en la colonia 8 de Diciembre de la ciudad de Minga Porã.

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Agentes de la Subcomisaria 26° fueron alertados por vecinos mediante una llamada al sistema 911 y al llegar en el lugar, encontraron una vivienda de madera de 36 metros cuadrados envuelta en llamas, así como todas las pertenencias consumidas por el fuego.

Los pobladores señalaron que la casa pertenece a José González González, quien mató de una puñalada a Juan Carlos Cristaldo Peralta (25), el domingo en horas de la noche, durante una actividad para recaudar fondos para la escuela San Jorge.

Juan Carlos intervino para calmar una pelea, que se inició por motivos desconocidos, entre José y los hermanos Florencio, Miguel y Osvaldo recibiendo la mortal estocada. Tras el hecho, el autor se dio a la fuga y continúa con paradero desconocido.

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