La industria, casi única de Estados Unidos, ha vuelto a ser objeto de atención esta semana después de que la Corte Suprema se negó a bloquear una ley de Texas que permite a los ciudadanos de a pie demandar a cualquiera que ayude a las mujeres a acceder al aborto.

Activistas y políticos han expresado su alarma por la ruptura del alto tribunal con 50 años de protecciones del acceso al aborto en todo el país.

“En efecto, (Texas) ha delegado en los ciudadanos del estado la tarea de cazar recompensas, ofreciéndoles premios en efectivo por perseguir civilmente los procedimientos médicos de sus vecinos”, escribió la jueza Sonia Sotomayor en una mordaz disensión a la decisión del máximo tribunal.

Los activistas que temen que la reforma haga metástasis vieron una señal cuando la campaña del Derecho a la Vida de Texas, que dispuso de líneas telefónicas de información para que la gente denuncie anónimamente a los infractores, indicó que esperaba “replicar este éxito en todo el país”.

Sus preocupaciones se confirmaron cuando la gobernadora republicana de Dakota del Sur, Kristi Noem, fue una de las primeras en sugerir que adoptaría la misma idea en su propio estado.

La caza de recompensas se extendió por todo el mundo desde la Edad Media, pero en la actualidad se encuentra casi exclusivamente en Estados Unidos y Filipinas.

Tristan Cabello, historiador especializado en la cultura y la política de Estados Unidos, declaró a la AFP que la caza de recompensas es una profesión “profundamente arraigada en la psique estadounidense (…) que apela a los ciudadanos más conservadores de Estados Unidos”.

La gran mayoría de los cazarrecompensas se ganan la vida acorralando a fugitivos a cambio de una parte de la fianza. Argumentan que prestan un servicio público sin generar gasto público.

– “Casi antiestadounidense” –

Pero la ley del aborto de Texas ha reavivado el debate sobre un trabajo que puede desencadenar la existencia de personas que actúan como policías “freelance” y cuyos métodos suelen estar protegidos de la supervisión local.

El presidente Joe Biden dijo a periodistas en la Casa Blanca el viernes que la nueva norma de Texas era una ley de “justicieros” que “parece ridícula, casi antiestadounidense”.

En 2017, dos cazadores de recompensas murieron en un tiroteo en un concesionario de automóviles de Greenville, Texas, junto con el fugitivo para el que fueron contratados.

Ninguno de los dos llevaba chaleco antibalas y no habían llamado por teléfono para avisar al negocio que iban a ir.

Es difícil encontrar cifras fiables sobre el número de cazarrecompensas en Estados Unidos, pero la organización Professional Bail Agents of the United States estima el número en 15.000, mientras que la National Association of Fugitive Recovery Agents afirma que el sector detiene a 30.000 fugitivos al año.

Los cazadores de recompensas, sus relaciones con la policía y las normas que siguen son una especie de zona gris, regulada por un mosaico de requisitos desconcertantes que varían mucho según el estado.

No existe una guía de cómo hacerlo y la mayor parte de la literatura sobre el tema se compone de las memorias autopromocionadas de sus practicantes más destacados, como la estrella de la telerrealidad estadounidense Duane Chapman, alias “Dog the Bounty Hunter”, de 68 años.

Los derechos de los cazarrecompensas siguen estando definidos por una sentencia del Tribunal Supremo de 1872, según la cual los ciudadanos que persiguen a fugitivos no están sujetos a las normas constitucionales que se aplican a los “agentes estatales”, como los policías.

– Casos civiles falsos –

En algunos estados casi no hay regulación. Otros permiten el uso “necesario” de la fuerza a los cazarrecompensas que conducen imponentes todoterrenos con las ventanillas tapadas y van armados hasta los dientes, con pistolas, porras, spray de pimienta y esposas.

En unos pocos estados existe una prohibición total o bien se exigen diversos niveles de experiencia y formación, así como la comprobación de antecedentes.

El exfiscal adjunto estadounidense Ken White, quien litigó en casos civiles y penales durante décadas, ve el peligro de la ley de Texas no en su tendencia a exponer a la gente a cazadores de recompensas imprudentes, sino en la oportunidad que presenta para que mojigatos chismosos acosen a sus vecinos.

“Puede que no consigan una condena, pero conseguirán que seas arrestado y detenido y hacerte pasar por el sistema y hacer de tu vida un infierno hasta que tu caso sea desestimado o seas absuelto”, dijo.

“La ley está deliberadamente calculada para abrumar a cualquiera que la derecha piense que está relacionado con el aborto con un litigio caro y abrumador en el que el mero proceso es destructivo”.

Michele Goodwin, de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Irvine, dice que la disposición será especialmente dura para las mujeres negras, quienes en números desproporcionadamente altos son usuarias de los servicios de aborto.

“Ya han sufrido vigilancia policial, detenciones injustas, acusaciones y sentencias desiguales”, dijo.

“Ahora, esto es una capa adicional [de desigualdad] en sus vidas”.

Trump, de 77 años, está acusado de falsificar 34 documentos contables para ocultar el pago de 130.000 dólares destinado a comprar el silencio de Daniels, en plena recta final de las elecciones de 2016, que el magnate republicano ganó frente a Hillary Clinton.

Trump hizo pasar el pago a la exactriz, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, como gastos legales de su entonces abogado personal Michael Cohen, que había adelantado el dinero de su bolsillo, a través de la empresa familiar Trump Organization.

El testimonio de Daniels era uno de los momentos más esperados de este juicio que ha entrado en la tercera semana y que ha arrojado luz sobre las bambalinas de su campaña de 2016 cuando le acechaban pasados escándalos sexuales.

“La fiscalía llama a Stormy Daniels”, dijo la fiscal Susan Hoffinger, ante la impasible mirada del magnate, vestido con traje azul y corbata dorada, flanqueado por sus abogados en la vetusta sala del tribunal de Manhattan.

Daniels, de 45 años, con traje negro, empezó a desgranar su difícil infancia y su participación en la industria del porno.

- “Pijama de seda” -

Nerviosa, la testigo contó cómo conoció a Trump en un torneo de golf cuando tenía 27 años y trabajaba en relaciones públicas de la empresa de cine porno Wicked Entertainment.

“Sabía que era mayor, probablemente mayor que mi padre”, dijo Daniels a escasos metros del magnate.

La fiscalía muestra una foto de los dos en el golf, Trump con camisa amarilla y sombrero y ella con un top negro abrazándose.

“El Sr. Trump dijo que quería cenar conmigo”, refirió la testigo que relató cómo llegó a la suite del hotel, “tres veces más grande que mi apartamento”, donde en una de las habitaciones la esperaba el magnate con flores y en pijama de seda que después cambió por una camisa y un pantalón de calle.

Daniels contó que fue al baño y que cuando regresó a la habitación Trump “estaba en la cama” en calzoncillos y una camiseta.

“Me sorprendió”, dijo. “No esperaba que hubiera nadie allí, especialmente sin mucha ropa”.

“La intención era bastante clara”, sostuvo, antes de agregar que se preguntó a sí misma cómo se había “puesto en esta comprometida situación”.

“No estuve amenazada ni verbal ni físicamente” aunque había un “desequilibrio de poder”.

Dijo que tuvieron sexo en la cama, “en la posición del misionero”, y que Trump no utilizó  preservativo.

“Sentí vergüenza por no pararlo, por no decir que no”, confesó Daniels, quien aseguró que habló de ello a “muy poca gente”.

Trump ha negado que tuviera relaciones sexuales con Daniels.

Esta es la primera vez que Daniels se encuentra cara a cara con el magnate que durante años la ha denigrado, incluso cuando estaba en la Casa Blanca.

El juez Juan Merchan, que preside el juicio, ha prohibido al republicano hablar de los testigos en sus redes sociales, así como del jurado y del personal de la corte y sus familiares. Tras imponerle multas por 10.000 dólares, le ha amenazado con la cárcel en caso de que siga desacatando sus órdenes.

De ser declarado culpable por el jurado popular que sellará su suerte, el republicano podría ser condenado incluso a la cárcel, aunque ello no impedirá que asuma la presidencia si gana en noviembre a su actual rival, el presidente Joe Biden, a quien culpa por estar sentado en el tribunal de Manhattan en lugar de haciendo campaña.

Además del caso de Nueva York, Trump ha sido acusado en Washington y Georgia de conspirar para anular los resultados de las elecciones de 2020 que ganó Biden, y de llevarse a su casa de Florida documentos altamente secretos que podían comprometer la seguridad del Estado al terminar su presidencia en 2021.

© Agence France-Presse

El pastor Glenn Germany, de la iglesia Jesus’ Dwelling Place en North Braddock, en Pensilvania (EE.UU.) pronunciaba su sermón dominical el pasado 5 de mayo, cuando un hombre armado se acercó a pocos metros de distancia y le apuntó con una pistola, recogen medios locales.

Al ver al sospechoso, identificado como Bernard Junior Polite, Germany rápidamente corrió a esconderse tras el púlpito, mientras el diácono de la iglesia, Clarence McCallister, que se encontraba grabando la misa a unos metros de distancia, derribó al atacante por la espalda. Finalmente, los dos hombres lograron desarmar a Polite y reducirlo, mientras llegaba la Policía.

Posteriormente, se supo que el arma se había encasquillado cuando el agresor disparó a Germany, quien aseguró que nunca antes había visto a Polite en la iglesia. “Dios atascó el arma para que la bala no saliera”, afirmó, añadiendo que no le guarda ningún rencor a Polite y que ya lo había perdonado.

Por su parte, Polite declaró a la Policía que tenía la intención de matar al pastor, ya que “Dios le pidió que lo hiciera” y que quería ir a la cárcel para poder “aclarar su mente”. Según los registros judiciales, Polite, de 26 años, se enfrenta a cargos de intento de homicidio y agresión con agravantes. Deberá comparecer ante un tribunal el próximo 13 de mayo.

Horas más tarde, la Policía del condado encontró un familiar de Polite herido mortalmente de bala en su casa, por lo que abrió una nueva investigación al respecto.

El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó este martes a los rusos en su discurso de investidura que “juntos” vencerán y que el país saldrá “fortalecido” del periodo “difícil” que atraviesa.

“Atravesaremos este periodo difícil con dignidad y saldremos fortalecidos”, indicó el dirigente ruso en el Kremlin y añadió: “Somos una nación grande y unida, y juntos superaremos todos los obstáculos, concretaremos todo lo planeado, y juntos, ganaremos”

“Juro (...) respetar y proteger los derechos y libertades, respetar y proteger la Constitución, la soberanía, la independencia, la seguridad y la integridad del gobierno”, declaró el mandatario de 71 años, reportó un corresponsal de la AFP en el lugar.