El episodio generó una andanada de críticas de adversarios y militantes de su propio partido, e impactó en la campaña hacia las elecciones legislativas de medio término que se celebrarán el 14 de noviembre en Argentina, cruciales para los últimos dos años del mandato del peronista Fernández, con posibilidad de una reelección en 2023.

El fiscal federal Ramiro González resolvió el jueves “formalizar la investigación descripta contra el presidente”, su esposa Fabiola Yañez y los otros diez comensales que participaron el 14 de julio de 2020 de la celebración de cumpleaños de la primera dama en la residencia oficial de Olivos (periferia norte) cuando estaban prohibidas las reuniones por la pandemia del covid-19, según el texto de la imputación.

Poco antes de conocerse la imputación por parte de la fiscalía, el presidente se presentó el jueves ante la justicia y propuso a modo de “reparación de un potencial daño” donar la mitad de su sueldo durante cuatro meses consecutivos al Instituto Malbrán de investigación bacteriológica.

El juez Sebastián Casanello debe ahora decidir si avanza en la investigación o acepta el ofrecimiento del presidente y pone fin al procedimiento judicial.

“El festejo del cumpleaños de Fabiola no fue una maniobra dolosa, fue un acto de imprudencia y de negligencia. No esperé que me citen, ni busqué influenciar ni a un fiscal ni a un juez ni busqué un abogado ‘lobbista’. Me presenté espontáneamente y dije lo que creo que jurídicamente ocurrió. Ya di las explicaciones, fue algo que no debió haber ocurrido”, afirmó Fernández en una entrevista este viernes con Radio 10.

El presidente, profesor de derecho penal, dijo sentirse “tranquilo” porque “no se configuró un delito” ya que no se produjeron contagios a raíz de la cena.

El escándalo estalló hace dos semanas con la publicación de una foto de aquella celebración, tras lo cual Fernández fue denunciado en la justicia por supuesta violación de cuarentena, más allá de sus disculpas públicas.

“Quiero que los argentinos sepan que me dolió, me preocupó. Cometí un error, un desliz, un descuido, producto de la vorágine” del primer año de su gestión en medio de la pandemia, aseveró este viernes.

Fernández consideró que “es un tema superado”, cuando intenta poner el eje en “la recuperación real de la economía” argentina.

IMPACTO INCIERTO

El episodio generó malestar en familiares de víctimas del covid que no pudieron despedir los restos de sus allegados. Más de 111.000 personas murieron y 5,1 millones contrajeron coronavirus sobre una población de 45 millones.

La difusión de la foto marcó la largada de la campaña electoral para las primarias abiertas y obligatorias del 12 de septiembre que definen las listas de cada espacio político para los comicios legislativos, y que en los hechos funcionan como un termómetro y una suerte de gran sondeo electoral.

Los encuestadores coinciden en que es incierto saber cuánto impactará el episodio en el resultado de esta elección marcada por la pandemia que agudizó la recesión, en una Argentina que comienza de a poco a reactivarse.

“Después de mirar todas las encuestas, decidí esperar el resultado de las elecciones”, ironizó este viernes el analista político Raúl Timerman en la red Twitter.

El politólogo y consultor Raúl Aragón minimizó el alcance electoral del escándalo atizado por la oposición.

“Nadie que tenga decidido votar por el (oficialista) Frente de Todos va a cambiar su voto por esa foto. Los primeros números que estamos viendo muestran que no tuvo impacto”, sostuvo.

El 14 de noviembre, los argentinos irán a las urnas para renovar un tercio del Senado, con mayoría oficialista, y la mitad de la Cámara de Diputados, donde la oposición tiene los escaños necesarios para bloquear proyectos del gobierno si lo desea.

Fuente: AFP

Las tropas rusas han logrado varios avances en la región de Donetsk la última semana, lo que ha generado incluso críticas de los blogueros militares ucranianos, que no suelen enjuiciar a las fuerzas armadas de su país.

“Gracias a las operaciones activas, unidades del grupo de fuerzas central han liberado la aldea de Novobajmutivka”, indicó el Ministerio de Defensa ruso.

Esta posición está situada a cerca de 10 kilómetros al norte de la ciudad de Avdiivka, que las fuerzas rusas tomaron en febrero tras una de las batallas más rudas desde que empezó el conflicto en febrero de 2022.

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Este avance colocó en dificultades al ejército ucraniano, que enfrenta esta ofensiva con una escasez de hombres y de municiones.

El jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrsky, afirmó a mediados de mes que la situación en el frente oriental “empeoró considerablemente” y reconoció que Rusia ha obtenido algunos “éxitos tácticos”.

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El director de inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Kirilo Budánov, advirtió este mes que la situación en el frente iba a empeorar hacia mediados de mayo y junio.

Kiev espera que la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de un nuevo paquete de ayuda militar por miles de millones de dólares le permita estabilizar la situación en las extensas líneas del frente.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a partir de la cero hora del lunes un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida, dijo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, paralizará las exportaciones de agroalimentos y controles sanitarios en todo el territorio argentino.

“Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, dijo Aguiar.

La medida se produce en la etapa inicial del período de mayor liquidación de agroexportaciones e ingreso de divisas a la Argentina, pues implica la paralización de controles en puertos, aeropuertos y aduanas.

Al cese de la fiscalización de las barreras zoofitosanitarias, que impide la salida de productos, se sumará la movilización del sindicato el martes 30 de abril al Congreso de la Nación, fecha en que se estima que la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto oficial en una maratónica sesión que se iniciará el lunes.

Proyecto con dictamen

El tratamiento de la versión reducida del original proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado del dictamen de mayoría firmado el jueves en la Cámara baja.

Según ATE, la pieza legislativa propicia “una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el Senasa. Por eso, dice el sindicato, “el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario”.

“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país”, dijo Aguiar.

Según el dirigente sindical, “si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”.

Respecto al caso del Senasa, agregó: “pretenden dejar sobre la órbita del Senasa solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En busca de una excepción

El objetivo de la medida, dijo Aguiar, es que el gobierno exceptúe al Senasa de los organismos alcanzados por la ley. En un comunicado, ATE subrayó la importancia de “contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional”.

El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y está habilitado al respecto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el organismo de control de la normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.

Según ATE, “sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.

Como ejemplo, apuntó: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación.

El sindicato también aseguró que “se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más”, como el caso de Japón.

Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales”.

La institución indicó en la red social X haber “logrado que 14 pandilleros de la MS (Mara Salvatrucha), que operaban en diferentes sectores de Santa Tecla y La Libertad, sean condenados a penas de hasta 120 años de cárcel”.

Los pandilleros fueron encontrados culpables del homicidio de 14 personas entre 2017 y 2019.

“Estos criminales privaban de libertad a las víctimas, les quitaban la vida y las enterraban en cementerios clandestinos. Entre las víctimas hay un policía”, señaló el comunicado.

Precisó que cuatro de los acusados recibieron las condenas mayores, a 52, 64, 112 y 120 años de prisión, por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas.

El presidente Nayib Bukele mantiene desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas amparado por un polémico régimen de excepción tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

Desde entonces, las autoridades han arrestado a 79.800 presuntos pandilleros, de los cuales 7.600 han sido liberados, indicó en una reciente entrevista con AFP el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro.

La cruzada contra las pandillas devolvió una aparente tranquilidad a las calles del país centroamericano, pero es criticada por organismos de derechos humanos debido a que el régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial.