El 27 de julio pasado, a través de la resolución 16 el directorio del Banco Central del Paraguay se ratificó en la sanción contra el Banco Nacional de Fomento por supuestas fallas antilavado, motivo por el cual el BNF promoverá una demanda ante el trinbunal contensioso administrativa. De esta manera, se abre una batalla legal antre ambos bancos dias antes de empezar la inspeccion de Gafilat.

El caso está vinculado a diferentes operaciones realizadas entre los años 2011 y 2018, periodo en que el empresario Darío Messer era uno de los clientes del Banco de Fomento. El sumario correspondiente se dio a conocer en febrero pasado y se abrió luego de que la Superintendencia de Bancos (SIB) del BCP reportara supuestas inconsistencias que guardan relación con las cuentas vinculadas a Messer y otros.

Llamativamente, la resolución del BCP que aplicó la sanción y la multa omitió información relevante sobre el movimiento de remesas en las cuentas de Messer. El BCP ignoró ingresos extraordinarios registrados en las cuentas para el cálculo del límite operativo autorizado (LOA).

Pleito judicial entre BCP y BNF días antes de examen de Gafilat.

“Nosotros estamos con el derecho y en tiempo para recurrir a esta resolución del BCP con la demanda contenciosa administrativa que ya se esta preparando”.

Enrique Dami-Asesor Legal del BNF#LaCajaNegraPy pic.twitter.com/GvgvffJNFL

— La Caja Negra (@CajaNegraPy) August 4, 2021

Otro aspecto ignorado por el BCP tiene que ver con el origen y la trazabilidad de fondos remitidos desde bancos extranjeros a las cuentas de Messer en el BNF. Además, en la misma resolución del BCP consta que no se encontraron conductas irregulares en la gestión de alertas por parte del BNF.

El equipo de La Caja Negra tuvo acceso al detalle de acreditaciones de dinero recibidas en las cuentas del empresario Dario Messer y su empresa CHAI S.A. El detalle corresponde a cuentas corrientes en guaraníes y en dólares en el BNF desde el 2013 al 2017.

Uno de los argumentos esgrimidos por el Banco Central para sustentar la multa por “faltas administrativas” es la supuesta no realización de la debida diligencia en la verificación del origen de los fondos operados por Messer y la empresa CHAI S.A.

Según el BCP, aparece como “exceso en las operaciones” de Messer unos G 106.658.775.080. Sin embargo al observar el detalle de acreditaciones que aparecen en las cuentas de Messer y CHAI S.A. constan montos transferidos que debieron ser considerados de forma adicional al limite operativo autorizado al cliente como ingresos genuinos.

En el detalle aparece que en el año 2013 la cuenta corriente en dólares 61082/2 a nombre de la empresa CHAI S.A. US$ recibió en total la suma de US$ 6.699.809, el dinero provino de una cuenta bancaria en Luxemburgo, miembro de GAFI y la Union Europea, a través del corresponsal CITIBANK de Nueva York, banco corresponsal externo del BNF.

Cabe mencionar que la resolución 349/2013 de la Seprelad en su articulo 21 establece: “Cuando los fondos provienen de entidades financieras internacionales, se entenderá que la mismas aplicaron el principio de “conozca a su cliente”.

El detalle del dinero transferido desde bancos del extranjero a las cuentas de Dario Messer entre los años 2015 al 2017 constan ingresos extraordinarios por valor de Gs 55.327.419.261. Las transferencias de dinero a las cuentas de Messer en el Banco de Fomento fueron realizadas también desde Luxemburgo a través del banco corresponsal Citibank de Nueva York.

De acuerdo a estas constancias, se tratan de ingresos originados con recursos extraordinarios que poseía Messer en el extranjero, y que fueron acreditados a sus cuentas en el BNF a través de transferencias internacionales viabilizadas por medio del CITIBANK Nueva York (Banco corresponsal externo del BNF) para capitalizar las inversiones que venia realizando en Paraguay.

El dinero transferido desde el exterior posee trazabilidad ya que tuvo origen en bancos ubicados en países y zonas geográficas que tienen ajustadas sus políticas a las buenas prácticas internacionales en materia de prevención del lavado de dinero y además son considerados países cooperantes por los organismos internacionales de control como GAFI, Naciones Unidas, Unión Europea y otros.

Todos estos montos se encuentran registrados en la base de datos del BNF pero fueron omitidos como valores a ser integrados en el limite operativo del cliente.

Batalla legal

El BNF, a través de un comunicado, señaló que posee “plena convicción” de que los mecanismos de prevención de lavado de dinero que aplica se ajustan a los estándares establecidos en las recomendaciones internacionales y a las disposiciones legales y reglamentarias.

El 28 de junio del 2021 los representantes del BNF interpusieron un recurso de reconsideración contra la resolución 34 del BCP pidiendo que sea revocada por arbitraria y contradictoria. Aseguran que el BCP transgrede el artículo 14 de la Constitución Nacional sobre la irretroactividad de la ley y también el principio de legalidad al decidir aplicar la ley 6497/19 en vez de aplicar la Ley 489 (orgánica del BCP) para calificar las supuestas faltas como graves y hacer el análisis de la prescripción de la acción.

Si estos argumentos, además de la información verificable en la base de datos del BNF sobre las remeras del exterior validadas y trazadas desde su origen, no fueron considerados en el sumario ejecutado por la Superintendencia de Bancos y si en la propia resolución del BCP se deja constancia de que no se encontraron conductas irregulares en la gestión del BNF, entonces…

¿En qué se sustenta la decisión de aplicar una multa al Banco Nacional de Fomento? Hay tufo a operación política.

Por Cinthia Mora, periodista.

La campaña de perse­cución que desató el diario Abc Color en contra de la actual titular de Seprelad, Liliana Alca­raz, con el objetivo de invo­lucrarla, sin motivos, en la causa penal donde se inves­tiga a Abdo Benítez y sus excolaboradores, forma parte de la estrategia de defensa mediática del exmandatario imputado.

En agosto de 2023, al asu­mir el cargo de ministra de Seprelad, la exfiscal Liliana Alcaraz constató que no se habían aplicado las reco­mendaciones del Grupo de Acción Financiera de Lati­noamérica (Gafilat) respecto a las filtraciones ni tampoco sumarios a los funcionarios responsables por los gra­ves hechos. Las filtraciones de informes de inteligencia fueron motivo de alerta por parte de los evaluadores del Gafilat que en setiembre de 2022 recomendaron la apli­cación de protocolos para evi­tar tales situaciones y corre­gir los malos manejos.

Alcaraz ordenó la aplicación de sumarios a los funciona­rios asignados a la Dirección General de Análisis Finan­ciero y Estratégico y la apli­cación de los protocolos reco­mendados por el Gafilat. Los resultados de estos sumarios fueron enviados al Ministe­rio Público por solicitud de los agentes fiscales Aldo Can­tero y Giovanni Grissetti, en diciembre de 2023.

Los informes remitidos desde la Seprelad al Ministe­rio Público aportaron infor­mación relevante que permi­tieron colectar datos, correos electrónicos y testimonios que hoy forman parte de los 42 elementos que sustentan la imputación contra Abdo Benítez y su gavilla.

El documento secreto elaborado por Daniel Farías y René Fernández fue descubierto gracias a la colaboración de la actual ministra de la Seprelad, Liliana Alcaraz (Crédito: Acta de imputación)

EL DOCUMENTO SECRETO Y LOS CORREOS

Entre los 42 elementos de prueba que sustentan la imputación contra Abdo Benítez resaltan dos infor­mes remitidos por la nueva administración de Seprelad. El primer informe es del 21 de noviembre de 2023, en el cual la Seprelad responde a un pedido de los fiscales Cantero y Grissetti sobre los procedimientos ejecutados dentro de la Unidad de Inte­ligencia Financiera.

La respuesta de la Sepre­lad aportó un detalle que se convertiría luego en la “brú­jula” de la investigación fis­cal, el documento secreto elaborado por Daniel Farías y René Fernández. Este docu­mento en formato word fue detectado en los archivos de la DGAFE (Dirección Gene­ral de Análisis Financiero y Estratégico), dirección que estuvo a cargo de Carmen Pereira y de Guillermo Preda Galeano, ambos imputados en la causa.

El documento secreto fue uti­lizado como base para la ela­boración del informe de inte­ligencia (10/2022) que luego fue presentado al Ministe­rio Público y enviado a EE. UU. en carácter de “informa­ción espontánea”. El archivo fue redactado en una oficina paralela dentro de la Seprelad y a cargo de un funcionario que no pertenecía a la institu­ción. En el borrador se intro­dujo información falsa y ter­giversada, según lo expuesto por el Ministerio Público.

Este revelador documento fue uno de los elementos de prueba que permitió a los agentes fiscales construir la tesis de la persecución polí­tica ya que fue elaborado por fuera de lo que establece la ley y bajo la orden específica de perseguir exclusivamente a Cartes y a sus empresas.

El otro informe remitido por la ministra Liliana Alcaraz y que permitió avanzar aún más en la investigación contra Abdo Benitez y su camarilla fueron los correos electróni­cos entre la exviceministra Carmen Pereira y los funcio­narios de la Unidad de Inteli­gencia Financiera de la Sepre­lad, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira, todos imputados en la causa.

En estos correos se detalla la manera en que fue incorpo­rado el documento secreto, redactado por Farías y Fer­nández, al circuito institucio­nal de la Seprelad para que sea utilizado como base para la elaboración de un informe de inteligencia contra Horacio Cartes. En estos correos tam­bién se ordenaba incorporar al documento oficial infor­mación tendenciosa y juicios de valor para perjudicar a los enemigos políticos.

DESMIENTE INFORMACIÓN FALSA DE ABC

Publicaciones de tinte mali­cioso y falso del diario Abc Color tienen como objetivo instalar que Liliana Alcaraz fue partícipe del esquema de filtración en su calidad de punto contacto del sis­tema que recibió el pedido de información de la fiscalía de Panamá.

La actual titular de Seprelad mencionó que recién tuvo acceso al sistema mencio­nado en marzo de 2022, dos meses después de haberse registrado la filtración a los medios Abc Color y Última Hora, y de la declaración del entonces ministro del Inte­rior Arnaldo Giuzzio, quien fue el responsable de revelar públicamente el contenido del pedido de cooperación de la fiscalía panameña.

Alcaraz explicó que la RRAG es una plataforma electrónica que se encuentra en el extran­jero (Costa Rica) a través de la cual los países que conforman el Gafilat pueden intercam­biar información de manera segura y recién una persona se convierte en punto de con­tacto cuando tiene acceso a la plataforma. Cada país tiene un coordinador y es este quien gestiona estos accesos. En ese entonces era el minis­tro de Seprelad Carlos Arre­gui. Actualmente ese cargo lo ocupa Liliana Alcaraz. “La responsabilidad siempre es del coordinador nacional”, subrayó.

Por Cinthia Mora, periodista.

Durante parte de su gobierno, el expre­sidente Mario Abdo Benítez (2021 a 2022) habría gestado, según el Ministerio Público, un esquema que aspiraba a generar investiga­ciones penales en contra de figuras contrarias a su movi­miento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y Santiago Peña) con el propó­sito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y electoral.

Para llevar adelante ese obje­tivo, el expresidente Abdo Benítez compuso su gabinete de ministros con personas de experiencia en el ámbito investigativo (exagentes fis­cales) entre ellos Carlos Arre­gui, Arnaldo Giuzzio y René Fernández.

La estrategia incluso había sido revelada por un excolabo­rador de Abdo, Eduardo Petta, quien reconoció en un pro­grama de televisión que gene­rar “pruebas” contra Cartes, a espaldas de la Justicia y en un contexto de odio político, era objetivo del Gobierno. Esta “confesión” de Petta revelaba la estrategia que luego sería utilizada en contra de los ene­migos políticos de Abdo.

El acta de imputación de la Fis­calía revela de qué manera en el gobierno de Mario Abdo Benítez, autoridades y funcio­narios no autorizados fueron armando una historia ficticia en contra de sus adversarios políticos y luego la publicaron en los medios oficialistas, con meros fines electorales.

EL ARCHIVO SECRETO

De acuerdo con la imputación, entre los meses de diciembre de 2021 a mayo de 2022, Car­los Arregui, entonces ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bie­nes (Seprelad), junto con los funcionarios Carmen María Pereira Bogado, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene habrían redac­tado el informe de inteligen­cia n.° 10/2022 referenciado como “MARA041922MP” introduciendo información tergiversada y falsa, en cola­boración con personas ajenas a la institución.

Este informe de inteligencia está fechado el 20 de mayo del 2022, dos meses antes de la “designación” hecha pública contra Horacio Cartes por parte de la Embajada de EE. UU. en Paraguay. La base documental de ese informe de inteligencia fue detectada en los archivos de la Sepre­lad, institución que remitió al Ministerio Público un reporte sobre los antecedentes de ese informe de inteligencia, quiénes fueron los funcionarios responsables de su elabora­ción y en qué condiciones fue redactado.

En su respuesta al pedido de la Fiscalía, la actual ministra de Seprelad, Liliana Alcaraz, reporta que se pudo detectar en los archivos de la Sepre­lad un documento en for­mato Word, que habría sido utilizado como borrador del informe de inteligencia del 20 de mayo. Esta respuesta de la Seprelad fue clave para que el Ministerio Público construya su tesis de montaje y filtración de los informes de inteligencia.

En el archivo informático de la Seprelad no solo quedó el borrador utilizado sino tam­bién quedaron registradas las “huellas” de quienes intervi­nieron en su elaboración. El reporte de Alcaraz a la Fisca­lía incluye la copia de un correo electrónico de fecha 28 de marzo remitido por Carmen Pereira, entonces viceminis­tra de Seprelad, a Francisco Pereira, director de Análisis B, donde se incluía el archivo formato Word utilizado como base del informe de inteligen­cia contra Horacio Cartes.

EL ARCHIVO SECRETO: UN INFORME REMITIDO POR LA SEPRELAD REVELA ORIGEN DE LAS FILTRACIONES. FOTO: GENTILEZA

“CEREBROS” DE LA OPERACIÓN

En los archivos de la Dirección General de Análisis Finan­ciero y Estratégico (DGAFE) de la Seprelad quedaron las huellas de la operación mon­tada por funcionarios de la institución e incluso por per­sonas ajenas a la institución y sin potestad legal para acce­der a informes de inteligencia.

En el acta de imputación se incluyen los metadatos (hue­llas digitales) del archivo en formato Word remitido por Carmen Pereira a Fran­cisco Pereira. Estos metada­tos revelan que el autor del documento fue Daniel Farías Kronawetter y que la última modificación del documento fue hecha por René Fernán­dez en fecha 26 de marzo del 2022 a las 21:58.

En ese sentido, según la Fis­calía, Daniel Farías Kronawe­tter (asesor de inteligencia financiera del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, comisionado recién a partir de junio de 2022 a la Sepre­lad) y René Fernández, enton­ces ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción, ambos sin ser funcionarios de la Seprelad, habrían elabo­rado el borrador (documento Word) que sirvió para hacer el posterior informe confiden­cial filtrado a la prensa.

Tal es así que, Farías y Fer­nández habrían compuesto el archivo en formato Word “AAA_INFORME_ DE INTELIGENCIA_AAA_MJ” cuyo contenido sirvió de base para la elaboración del informe de inteligencia. Los datos confidenciales en dicho documento Word habrían sido utilizados por autorida­des nacionales para que sean filtrados en redes sociales y discursos políticos.

Conforme al acta de impu­tación, el archivo habría servido de base para la fil­tración de datos, en primer lugar, cuando el entonces presidente de la República, Mario Abdo Benítez, afirmó durante un discurso político el 8 mayo del 2022 que Hora­cio Cartes a través de la firma Tabesa pagaba un sueldo de G. 16.000.000 a Óscar Boida­nich, exministro de la Sepre­lad, a cambio de su silencio.

LAS HUELLAS DIGITALES DEL ARCHIVO SECRETO EXPONE A DOS PERSONAJES CLAVE EN LA GRAN CONSPIRACION, FARIAS Y FERNÁNDEZ.

En segundo lugar, a través del diario Última Hora cuando publicó la noticia “Empresas de Cartes pagaron hasta 50 millones mensuales a Boida­nich”. Y, en tercer lugar, a tra­vés del entonces secretario pri­vado adjunto del presidente de la República, Mauricio Espí­nola, quien habría publicado en su red social Twitter (X) datos de los salarios percibi­dos por Santiago Peña como directivo del Banco Basa.

La Fiscalía sospecha que, el archivo secreto elaborado por Farías y Fernández habría tenido un doble propósito, por un lado, servir de base para la filtración de datos confi­denciales de Santiago Peña y Óscar Boidanich a través de los medios de prensa, y por el otro, que estos mismos datos fueran utilizados para la emi­sión del posterior informe de inteligencia.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

Para varios de sus detractores, colegas parlamentarios, era predecible la sacudida que iba a dar la senadora Celeste Amarilla con el proyecto del Ejecutivo que, de alguna manera, busca centralizar más la ejecución y el control de gastos en la compra de la merienda y el almuerzo esco­lar con la creación del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae). Efecti­vamente, la reacción de la legisladora liberal no se hizo esperar y en la premura disparó contra algunos pro­veedores que según ella son los privilegiados con el plan oficialista.

Con los dardos que lanzó Ama­rilla, proveedores del rubro reflotaron los vínculos de esta con el negocio de las licitacio­nes de la merienda escolar. El empresario Miguel Cardona, uno de los principales blan­cos del ataque de la senadora liberal, no se hizo esperar para generar el efecto búme­ran de los intereses particu­lares que presuntamente hacen reaccionar a la parla­mentaria.

En entrevista, Cardona dijo que Amarilla sigue siendo su competidora en el rubro, pero que la misma hace figurar a otras perso­nas para pasar desaperci­bida y que todo el país sabe de las empresas Pinoty SA y Arcángel SA de la sena­dora que proveen merienda y almuerzo escolares.

En redes sociales, incluso, el crítico internauta Hugo Portillo mostró documentos con firmas de la parlamenta­ria para incremento presu­puestario a gobernación que arrastra deudas por provi­sión de alimento escolar. Esto además de que en Tortugas Py SA, empresa que declara Celeste Amarilla ante la Con­traloría General de la Repú­blica, figura como accionista Patricio Benjamín Buteler, representante legal de una de las prósperas proveedo­ras de merienda escolar.

No hay que olvidar que si bien la senadora se borró de los papeles al asumir el cargo, arrastra miles de millones en cuentas a cobrar a las provee­doras Pinoty SA y Arcángel SA que hoy día se llama LF Latinfood SA.

En sus declaraciones juradas Amarilla consignó en 2018 deudas a cobrar a Arcángel SA (LF Latinfood SA) por G. 3.000 millones y en 2019 G. 3.425 millones, cifras que en su última manifes­tación de bienes se redu­jeron a G. 125 millones; es decir, cobró el 9 6% de lo que le debían. Mientras que las cuentas a cobrar a la provee­dora Pinoty SA de G. 4.500 millones en 2018 bajaron a G. 1.611 millones durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

Mientras la parlamentaria ataca la iniciativa de centrali­zación del uso de fondos de ali­mentación escolar alegando que la intención es “debilitar” al gobernador Ricardo Esti­garribia y restar poder econó­mico al departamento Cen­tral, lo que cae en realidad es el negocio de las proveedoras a las que se la vincula, con­siderando que el 53 % de las licitaciones adjudicadas en la última década, precisamente, fueron por parte de la Gober­nación de Central.

María Isabel Gavilán, amiga de Celeste Amarilla y Patricio Buteler, socio de la senadora en otra empresa, representantes de proveedora de alimento escolar

Accionistas de la empresa Tortugas Py que declara la senadora Amarilla ante la Contraloría

María Isabel Gavilán, amiga de Celeste Amarilla y Patricio Buteler, socio de la senadora en otra empresa, representantes de proveedora de alimento escolar

Accionistas de la empresa Tortugas Py que declara la senadora Amarilla ante la Contraloría