• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

Puestos de recauda­ción en negro en la estructura más sen­sible de la institución, que son las penitenciarías, fue­ron cedidos a recomendados de los ministros de Desarro­llo Social, Mario Varela, y de Justicia, Édgar Olmedo. Estas movidas resultan imposibles de disociar de la intensa cam­paña proselitista en la que se encuentran embarcados ambos secretarios de Estado.

Es así que operadores políti­cos de Varela, equipo del que también forma parte Olmedo en Coronel Oviedo, copan car­gos que son claves en el sistema de recaudación dentro de los penales, donde circulan millo­nes en negro, con treintena de negocios dentro manejados con cobro de cánones que no ingresan a las cajas del Estado paraguayo.

El ex viceministro de Política Criminal Rubén Maciel Gue­rreño, quien renunció hace un mes con el cambio de admi­nistración en el Ministerio de Justicia, señaló en conversa­ción con La Nación que en las cárceles, principalmente en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, “todo tiene un pre­cio”. Recordó cómo se nego­ciaban dentro de los penales los nombres de reclusos para vender un lugarcito dentro de las planillas de beneficiarios para aislamientos afuera por casos de covid.

Esta comunidad penitenciaria cerrada dentro del Estado es la que pasa bajo el mando de lea­les a Varela. César Raúl Krisko­vich, conocido como “el secre­tario de Varela”, funcionario de confianza del Ministerio de Desarrollo Social de la oficina regional de Coronel Oviedo, fue comisionado al Ministe­rio de Justicia como director de la inspectoría general de la cárcel de Coronel Oviedo, uno de los puestos considerados de oro en el sistema penitenciario debido a que controla el ingreso de comodidades dentro de las cárceles.

De los ojos de Kriskovich dependerá que los reclusos disfruten de lujos, ya sean en las conocidas como celdas vip o fuera de estas, que ingre­sen televisores, computado­ras, bebidas caras, etc. Con el salario y las bonificaciones, la remuneración del nuevo direc­tor de Inspectoría General de Oviedo asciende a G. 14 millo­nes al mes.

Raúl Vera, ex concejal de la Municipalidad de Coronel Oviedo, también del equipo político de Olmedo y Varela, aterriza como jefe de gabi­nete del Ministerio de Justi­cia tras quedar fuera en las últi­mas elecciones municipales. Mientras que Julio Balbuena, otro político de Oviedo, migró de bando y ya fue confirmado en el apetecible cargo de direc­tor de Establecimientos Peni­tenciarios, aunque espera el decreto presidencial para ofi­cializar su mando.

Balbuena perdió en las últi­mas elecciones municipa­les de Oviedo, pero ganó un puesto con sueldazo de G. 19 millones y, además, manejará la administración de todas las cárceles del país. Si bien en Presidencia hay mucha resis­tencia a su nombramiento, es un hecho que el amigo asume el cargo debido a que ya está mar­cando presencia en las oficinas del ministerio.

Detrás de leales en puestos claves hay una decena de ope­radores de poca monta que están en proceso de contrata­ción temporal en las cárceles, coincidentemente con la cam­paña proselitista de Varela y Olmedo.

En la penitenciaría de Tacumbú existen alrede­dor de 30 cantinas pequeñas, además de lavanderías, con­fiterías, kioskos de carga de saldo para telefonía e incluso restaurantes.

Si bien el ex viceministro Maciel no quiso confirmar números cerrados, se estima que solo en provisión de insu­mos para estos negocios de minutas hay un ingreso en negro de G. 300 millones men­suales. La cadena comercial a la que se suman ganancias pre­sume volúmenes de circulante que pueden duplicar y hasta triplicar la cifra mencionada.

“Los internos pagan por esa explotación, pagan una regalía al director o jefe de seguridad. Nosotros llegamos a elaborar un proyecto de ley para regu­larizar esas actividades y que ingresen fondos como Fuente 30 al Ministerio de Justicia, considerando que el ministe­rio solo cobra por estampillas del Registro Civil. Puede ser una fuente de ingreso impor­tante para la institución”, dijo el ex viceministro.

Es sabido que los reclusos pagan cánones de entre G. 200 mil, G. 500 mil y G. 1 millón, sostuvo Maciel. En este con­texto, los privilegiados nue­vos jefes, políticos serviles a la campaña del dúo Vare­la-Olmedo con miras al 2023, advierten voraces recauda­ciones dentro de un sistema penitenciario carcomido por la corrupción.

La Comisión de Cuentas y Control de la Cámara de Diputados comenzó a pedir informes como el listado de guardiacárceles que cumplen horario continuado de trabajo de 24 horas debido al cambio introducido desde este año en el clasificador de la Ley de Presupuesto, que establece que solo ellos percibirán el subsi­dio alimentario bimestral de G. 1.700.000.

Tras el filtro que se aplicó en el presupuesto del Ministerio de Justicia, el diputado Arnaldo Samaniego adoptó el papel de sin­dicalista y presentó un proyecto de ley para reabrir el grifo del pago discrecional de subsidio alimentario a todo el funciona­riado vinculado al sistema penitenciario, aunque cumplan carga laboral mínima de 8 horas de trabajo y hasta menos.

Ante consultas, técnicos de dicha comisión señalaron que mane­jan el tema con cautela y que los integrantes están a la espera de informes para dar sus respectivos pareceres. Otras fuentes mencionan que ante las publicaciones de la rifada que preten­den volver a implementar los diputados están dando lugar al tiempo para que el escándalo no pase a mayores.

• Por Cinthia Mora
• Periodista

LOS HECHOS DE LA OPERACIÓN GARROTE

Audios filtrados de una reunión en la Secretaría Antidrogas (Senad) entre el exministro Arnaldo Giuzzio, Zully Rolón y agentes de inteligencia de dicha secretaría revelaron cómo se operaba desde esa institución para forzar la inclusión de empresas del Grupo Cartes a esquemas delictivos sin ningún tipo de sustento. Esta reunión se habría registrado el 13 de noviembre de 2019, coinci­dentemente días después en Brasil se libraba una orden de prisión en contra de Horacio Cartes.

Haciendo una cronología de hechos relevantes regis­trados a partir de esa fecha, noviembre de 2019, se pue­den constatar las coinci­dencias entre los persona­jes, los hechos y las acciones como parte de un mismo mecanismo montado, uti­lizando toda la artillería estatal disponible para per­seguir a los enemigos polí­ticos del expresidente Abdo Benítez.

El montaje y la filtración de informes de inteligencia desde la Seprelad durante el 2022, año de elecciones internas y partidarias, fue el epílogo de un conjunto de acciones que tuvo por obje­tivo perjudicar política y económicamente a los ene­migos políticos del presi­dente Mario Abdo Benítez.

Transcripción de audios que confirman que Giuzzio se tomó atribuciones de la Fiscalía y la exministra de la Senad Zully Rolón expone escenarios hipotéticos, ficticios, sobre los negocios del Grupo Cartes

La causa penal que inves­tiga los hechos de filtra­ción está actualmente para­lizada a nivel judicial por las múltiples chicanas pre­sentadas por los abogados defensores de los imputa­dos. El acta de imputa­ción, admitida por un juz­gado penal de garantías, es blanco de una intensa campaña de ataques por parte de los medios afi­nes al exmandatario en un intento por desviar la aten­ción respecto de los graves hechos que se imputan a los procesados.

13 DE NOVIEMBRE DE 2019: LOS AUDIOS FIL­TRADOS Y LA ORDEN DE “GOLPEAR” AL GRUPO CARTES

Audios que fueron revela­dos por el programa “La caja negra” confirmaron que Arnaldo Giuzzio, entonces ministro de la Senad, operaba para for­zar la inclusión de Hora­cio Cartes y sus empre­sas a esquemas delictivos, sin contar con los elemen­tos necesarios. Conver­saciones registradas den­tro de la Senad revelaron que se dibujaba un plan para “golpear” al Grupo Cartes.

En aquella reunión, regis­trada el 13 de noviembre de 2019, participaron Arnaldo Giuzzio, entonces ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad); Zully Rolón, directora de Admi­nistración de la Senad, y el agente especial (AE) Juan Manuel Jara, director de Inteligencia.

Las muestras de “fidelidad” de Abdo hacia Jair Bolsonaro fueron un secreto a voces.FOTO: GENTILEZA

De acuerdo a la informa­ción obtenida sobre esa reu­nión en la Senad, durante un periodo de 5 a 6 meses, entre finales de 2018 y 2019, personal destinado al SIU (Unidad de Investigación Sensitiva, por sus siglas en inglés), en ese momento a cargo del agente Cristian Amarilla, venía realizando una serie de acciones con el fin de obtener información de todas las empresas del Grupo Cartes.

Dichas acciones incluían el relevamiento de datos, vigilancia, seguimientos, múltiples viajes a diferen­tes puntos del interior del país como Hernandarias, Ciudad del Este, Salto del Guairá, Chaco, entre otros, con el objetivo de hacer un “levantamiento gene­ral” de todas las empresas del grupo objetivo y otras empresas que ellos deno­minaban satélites.

Lo particular de estas acciones era que todo se “reportaba”, a través de informes confidenciales, a las autoridades de la Secre­taría de Prevención de Lavado de Dinero (Sepre­lad) institución que, según se desprende de las conver­saciones, remitía informa­ción privilegiada a este seu­dogrupo de “investigación”, con el objetivo de realizar el “trabajo de campo” y “armar el caso”.

19 NOVIEMBRE DE 2019: PEDIDO DE PRI­SIÓN PARA CARTES EN BRASIL

Mientras en Paraguay se dirigían, en ese enton­ces, investigaciones desde la Senad para atacar a un grupo empresarial por razones políticas, en Bra­sil arrancaba otro capítulo del operativo “garrote”. La fallida operación Patrón arrancaba en Brasil con la orden de prisión contra Horacio Cartes, librada por un el juez brasileño Mar­celo Bretas. Tiempo des­pués, las máximas auto­ridades judiciales de ese país decidieron archivar y anular el proceso contra el expresidente paraguayo porque no existió delito alguno atribuible.

Marcelo Bretas, juez brasileño quien fue destituido por el Consejo Nacional de Justicia por su actuación en el caso Lava Jato.FOTO: GENTILEZA

En el 2019 el Paraguay tenía como su ministro del Inte­rior a Juan Ernesto Villa­mayor, mientras que su par en el Brasil era el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, quien justamente había encabe­zado la operación Lava Jato. Luego se supo que su actua­ción fue imparcial en esta causa al digitar y direccio­nar los pasos que daba la Fiscalía en las investiga­ciones.

En círculos políticos de nuestro país, es un secreto a voces que desde el Gobierno paraguayo hubo sobradas muestras de “fidelidad” de Abdo Benítez hacia su par brasileño Jair Bolsonaro. Esto se dio, a través de ges­tiones de bolsonaristas ante el Ministerio Público brasi­leño, para intentar impli­car a HC en el expediente en cuestión. Un intento que fue abortado por el Supe­rior de Justicia del Brasil y dejado al descubierto como lo que realmente fue, un burdo montaje.

26 DE ENERO DE 2022: LA DENUNCIA DE GIUZZIO

El 26 de enero de 2022, Arnaldo Giuzzio, enton­ces ministro el Interior del gobierno de Abdo Benítez, presentaba una “denuncia” en contra del expresidente de la República Horacio Cartes ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).

La denuncia presentada por Arnaldo Giuzzio con­tra Cartes fue el puntapié inicial del mayor opera­tivo de persecución esta­tal contra los enemigos políticos del gobierno de Abdo Benítez. El meca­nismo operaba desde la Seprelad con el montaje y filtración de informes de inteligencia financiera, con información falsa y tergiversada para perse­guir y provocar sancio­nes contra los considera­dos enemigos.

OFICINA PARALELA MONTADA EN LA SEPRE­LAD PARA INVESTIGAR A CARTES

El acta de imputación con­tra Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores revela que se montó una oficina paralela dentro de la propia Seprelad con el único fin de dedicarse exclusivamente a investigar a Horacio Cartes y sus empresas.

Los “cerebros” de la ope­ración ordenaron que funcionarios ajenos a la institución y sin atribu­ción legal se encarguen de recopilar y acceder a toda información sobre Cartes y sus empresas, montar un informe con información falsa y tergiversada, para luego filtrar a los medios de comunicación aliados al Gobierno.

Carlos Arregui, ministro de la Seprelad; Carmen Pereira, en calidad de direc­tora de Análisis Finan­ciero y Estratégico, y luego como Secretaría Adjunta de la Seprelad, ordenaron y acomodaron la improvi­sada “oficina paralela”.

El elegido para hacer el trabajo sucio era Daniel Farías Kronawetter, asesor de inteligencia financiera del Ministerio del Inte­rior (hasta junio de 2022), quien respondía directa­mente a las instrucciones de Arnaldo Giuzzio.

En marzo del 2021, el niño resultó con fracturas en la cadera y la columna que le provocaron una lesión medular, dejándolo parapléjico en silla de ruedas. El menor sobrevivió a una caída de más de 35 metros de un 5to piso.

“Siempre digo que Dios me cuidó y estuvo conmigo en ese momento. Desde entonces la silla de ruedas es mi fiel compañero que me acompaña en todas partes. Juntos vamos a seguir recorriendo el camino, ahora mi silla son mis piernas y no pasa nada. Gracias a todas las personas que me dan amor y fuerza cada día , siento mucho el cariño y apoyo de muchos y me hacen la vida mejor”, posteó la familia en la cuenta oficial de Arielito.

Su familia viene realizando varias actividades benéficas con el fin de recaudar fondos para costear los tratamientos del menor. Ahora prevé hacer una rifa con 35 premios y a un costo de 10.000 guaraníes cada boleta, de modo a poder costear la compra de una prótesis.

Las personas interesadas en apoyar a Arielito y seguir su historia pueden encontrar más información en su perfil de Instagram @arielito.sinlimites o al número 0991801729.

Las empresas Ximex Línea 44, Ypacaraí Línea 242, Aregüeña Línea 111, San Isidro Línea 48-51 y Magno Línea 12 seguirán circulando, al no sumarse al paro anunciado por el otro sector de transporte.

“Todas nuestras operaciones seguirán en funcionamiento total incluso reforzando nuestras frecuencias donde sea posible para seguir dando a nuestros pasajeros el servicio”, reportaron los integrantes de la Federación de Transporte del Área Metropolitana (FETRAM).

Las firmas transportistas argumentaron que entienden que para la ciudadanía es sumamente importante contar con el servicio sin ningún inconveniente, por lo que buscarán trabajar y mejorar el servicio al pasajero, realizando acciones diarias y comprobables de que sí desean un transporte digno.

Finalmente expresaron su apoyo al Presidente de la República, a la Ministra de Obras Públicas y al Viceministro de Transporte, en su desarrollo del nuevo Plan Maestro y formalización del progreso del sector.

Nota relacionada: “Existe el derecho de paro”, señala el titular de Cetrapam

El Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) anunció la decisión de ir a un paro total de buses por el período de tres días. La medida entrará a regir a partir de las 00:00 horas del lunes 20 de mayo.

Los transportistas vienen amenazando desde hace días con esta medida, por desavenencias con el Gobierno. Entre los pedidos del gremio se encuentran:

- Actualización de los coeficientes que hacen a la estructura de costos para la fijación de la tarifa.

- Detener la manipulación de coeficientes que determinan los insumos operacionales del sistema.

- Desembolso de los subsidios en tiempo y forma.

- Renovación de los permisos de explotación del servicio.

Los transportistas aseguran haber enviado reiteradas solicitudes en torno a estos puntos, sin obtener respuestas, por lo que se hace “insostenible la prestación de un servicio adecuado”.