La firma de este acuerdo se realizará en el marco del “Encuentro Binacional por el Agua, la Vida y la Gobernanza Ambiental en el Chaco Paraguayo – Boliviano” que reunirá a gobernadores de la región del 18 al 23 de abril en territorio paraguayo del Chaco.

El jueves 21, específicamente, a las 09:00 horas, 4 gobernaciones de ambos países: Santa Cruz y Chuquisaca (Bolivia); y de Alto Paraguay y Boquerón (Paraguay) suscribirán un acuerdo para seguir trabajando conjuntamente en pos de soluciones para el acceso al agua y la gobernanza ambiental ante los efectos del Cambio Climático. Estos territorios vienen articulando acciones a través del Proyecto “

Gobernanza Ambiental – Producción Sostenible

”, actualmente en fase de culminación.

• La firma del convenio se realizará en el Centro de Interpretación del Gran Chaco Sudamericano en Filadelfia, Departamento de Boquerón, Chaco Paraguayo.

El acuerdo es propiciado por el Consorcio Binacional del Proyecto “Gobernanza Ambiental – Producción Sostenible” con el apoyo financiero de la Unión Europea, a través del Proyecto ZICOSUR, vigente desde el 2018, iniciativa que viene fortaleciendo las capacidades de gobernanza ambiental y resiliencia de mujeres y hombres indígenas y campesinos ante los efectos del cambio climático.

A nivel general, las actividades del proyecto estuvieron orientadas a contribuir a la sostenibilidad ambiental y productiva en los biomas degradados del Chaco, el Bosque seco Chiquitano y el Pantanal de América del Sur.

El acuerdo binacional es el fruto del trabajo articulado durante los últimos 4 años, con estas cuatro gobernaciones del Chaco de Paraguay y Bolivia vinculadas con el Consorcio, entendiendo que es necesario seguir trabajando juntos, de forma colaborativa y articulada entre actores de gobierno y sociedad civil para lograr resultados duraderos. Es por eso, que el acuerdo de seguir trabajando juntos se constituye en una plataforma que seguirá convocando el esfuerzo de todos los sectores para garantizar el Derecho al Agua en el Chaco.

En el transcurso de la tarde se reportó una amenaza de bomba en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi de la ciudad de Luque.

La alerta se registró en un avión de la empresa JetSmart que se encontraba a punto de partir de la terminal aeroportuaria con destino a la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

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Los reportes preliminares mencionan que un pasajero afirmó contar con un explosivo en su equipaje de mano, motivo por el que automáticamente se emitió la alerta y se activó el protocolo de seguridad.

A raíz de ello, se procedió a la evacuación de toda la tripulación -157 pasajeros y 6 tripulantes- que se encontraba en la aeronave, además de la extracción de todo el equipaje.

Posteriormente, se dio aviso a personal explosivista de la FOPE, que a estas horas ya se encuentra en el lugar para hacer la inspección de rigor, a fin de confirmar o descartar la veracidad de la amenaza.

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Mientras tanto, los pasajeros fueron llevados en un bus hasta una zona segura del aeropuerto, a la espera de los resultados que arroje la verificación que realicen los especialistas.

Los vuelos en el Silvio Pettirossi se encuentran suspendidos de forma temporal luego de confirmarse esta amenaza de bomba, mientras que la aeronave de JetSmart sigue varada en la pista de despegue.

Erick Urueta, veedor judicial de Colombia, señaló que de confirmarse esa versión, y que EEUU tenga pruebas de que los asesinos ingresaron de ese modo a su esquema legal, corresponderá la extradición de los sujetos ya condenados en Colombia.

“Lo que sí está claro es que para que EEUU pida extradición de estas personas es porque se cometió una conducta delictiva en EEUU, a pesar de que el crimen fue en Colombia. Si se llega a demostrar que uno de los bancos fue utilizado para hacer llegar a Colombia la plata que salió de Paraguay para pagar el crimen, estaríamos frente a una legalidad acerca de que ese país pida la extradición. Eso es lo que cree EEUU”, manifestó Urueta en comunicación con la 1020 AM.

Enfatizó que con la evolución de las investigaciones, en Colombia existe la convicción de que se puede llegar hasta la persona que ordenó matar a Pecci.

“No es una retaliación a ese pedido de extradición. Se está solicitando una reunión urgente con la Fiscalía de Colombia para tratar ese asunto, pero no se pueden ir a EEUU si no llegamos a los autores intelectuales y yo creo que tarde o temprano lo haremos”, acotó.

El funcionario colombiano significó que la pesquisa de la DEA, podría desembocar en dilucidar las conexiones que se tejieron en torno al magnicidio.

“Pienso que se debe determinar si el fiscal Pecci fue asesinado por alguna persona intelectualmente que esté relacionada con actos delictivos en EEUU. Tiene que demostrarse muchos elementos probatorios que demuestren que estas conductas afectaron a ese país”, concluyó Urueta.

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El presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF), Manuel Ochipinti, en entrevista con diversos medios habló sobre el asalto ocurrido en la noche de ayer en la sucursal ubicada en el distrito de Natalio, departamento de Itapúa.

Segun precisó, el monto sustraído por la banda criminal detrás de este golpe asciende a unos G. 300.000.000 y cerca de 100.000 dólares americanos, lo cual totalizaría alrededor de G. 1.000 millones al cambio actual.

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Así también, indicó que el dinero se encuentra asegurado y, por lo tanto, la entidad bancaria tendrá forma de gestionar la compensación por la pérdida sufrida con este atraco.

Al momento en que se produjo el asalto tipo comando -en el que habrían participado más de 15 personas- no se encontraba nadie en la sucursal del BNF, según mencionó Ochipinti.

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El titular del BNF también reveló que el día viernes se efectuó la recarga de la mencionada sucursal bancaria, motivo por el que contaba con tanta cantidad de dinero. A esto se le suma el hecho de que tenía a su cargo abastecer los cajeros automáticos de la zona.

Pese a ello, sostuvo que los cajeros “se quedaron con más dinero” y por ello el botín no fue mucho mayor.