Marcelino Franco (63) es una de las tantas víctimas del deficiente sistema de justicia que impera en nuestro país y que, una vez más, es incapaz de brindar las suficientes garantías a quienes recurren a él.

Todo empezó en mayo del año 2016, un día en el que se encontraba regresando a casa tras afrontar una larga jornada laboral. En aquella ocasión, había viajado a bordo de una unidad de la Línea 10 – empresa Ita Ybu S.R.L.

Al momento de detener la marcha para bajar pasajeros, otro ómnibus de la Línea 2, explotada por la empresa de transporte Nuevo Horizonte S.A., le cerró el paso, esto luego de que ambos buses hayan disputado una “carrera” como parte del conflicto entre internos que existe en la ciudad de Limpio.

Tras descender, Don Marcelino fue embestido por el colectivo de la Línea 2 cuando se encontraba caminando por la vereda. “El colectivo cruzó para venir por el otro carril y yo, creyendo que se iba a ir ahí, vine por la costa, pero el chofer no me vio y me llevó por abajo del bus”.

Una de las ruedas pasó por encima de su pierna izquierda, quebrándole gran parte de los huesos y obligando a que fuera trasladado de urgencia al Instituto de Previsión Social (IPS), donde días después finalmente tuvieron que proceder a amputarle el miembro inferior.

El calvario inició a partir de este momento, según cuenta Don Marcelino, ya que el conductor estuvo detenido apenas durante 24 horas y pudo volver a trabajar al día siguiente, sin haber sido sometido a ningún proceso penal tras el accidente que ocasionó.

La denuncia fue radicada ante el Ministerio Público por el hecho punible de lesión culposa, siendo asignado para atender la causa el fiscal Benjamín Maricevich, a quien acusó de no haber obrado en forma durante todo este proceso penal.

En poco tiempo, el caso terminó siendo cajoneado por la Fiscalía, con múltiples chicanas de por medio, lamenta la familia del denunciante, que acusa de una criminal irresponsabilidad al conductor y a la empresa Nuevo Horizonte.

Un dato que llama la atención es que el fiscal había convocado a declarar a la víctima cuando la misma se encontraba internada en el hospital, siéndole imposible comparecer para brindar su versión de los hechos.

“Nadie de la empresa se apareció por mi casa, no se hicieron cargo”, lamenta Don Marcelino, quien luego de quedar sin una de sus piernas no pudo volver a trabajar nunca más, quedando a cargo de su esposa la enorme responsabilidad de mantener el hogar.

A 6 años de aquel lamentable hecho, este hombre pide que se pueda hacer justicia y que el caso no quede en la impunidad, pues aún mantiene las esperanzas de que algún día se aplique la sanción que corresponde contra los responsables.

Por la alta peligrosidad con que cargan sujetos presos que pasaron los límites de la convivencia normal, el protocolo de seguridad del nuevo trato, requiere reducción al mínimo los contactos directos de internos.

Esta nueva disposición dentro del régimen penitenciario para presos de alto perfil, desmonta una parte relevante en materia de relajos y privilegios que gozaban reos con alto poder económico, que convertían en estancias similares a ‘hoteles’ partes del recinto de reclusión.

Otro detalle que se impondrá en el sistema de tratamiento de presos de ‘peso pesado’, es el referente a los guardias que tendrán. Estos, en sus breves contactos con los reos, deberán estar encapuchados, y estarán en periódicos relevos a fin de evitar cualquier tipo de relacionamiento amistoso o de negociaciones personales.

En materia de comunicación, los reos del nuevo esquema no tendrán acceso a aparatos móviles, y solo tendrán contactos con sus abogados, y en forma breve con familiares.

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Con estas disposiciones carcelarias, el régimen penitenciario se adecuará a los protocolos internacionales de seguridad. Episodios como los que lograron instalar pandillas, como el del clan Rotela, reducirán a la mínima expresión el nivel de peligrosidad de las cárceles para la sociedad general.

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“Seguimos fortaleciendo nuestros lazos de amistad y unidad con Taiwán. Con Lai Ching-te, presidente electo de Taiwán, y Hsiao Bi-khim, vicepresidenta electa, compartimos un encuentro donde intercambiamos experiencias y tradiciones”, escribió el presidente Santiago Peña.

Agregó que hablaron de un horizonte común de desarrollo para ambos países.

Tras su gira por Estados Unidos, Santiago Peña viajó a Taiwán para participar de la ceremonia de asunción del mandatario electo, Lai Ching-te, este lunes 20 en Taipéi.

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Cabe recordar que Paraguay es uno de los 12 países que aún mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán, el único de Sudamérica.

En ese sentido, el presidente Peña reiteró esta semana antes de viajar a Washington su apoyo a la política exterior de Estados Unidos, Israel y Taiwán.

Así lo anunció el ministro de Justicia, Ángel Ramón Barchini, quien indicó que un empresario asesinado tendría conexión con el crimen que acabó con el fiscal antimafia.

Barchini subrayó que por procedimiento de la investigación, no se puede adelantar detalles, pero reiteró su convicción de que se va a dar a conocer.

“Es gravísimo, yo le conozco al padre de Marcelo Pecci, que fue un excelente fiscal. Son gente que están siendo observadas por las fiscalías de Colombia y Paraguay, los autores morales. Gente que pertenece al narcotráfico, al que ha causado muchos daños y que le pasó la factura. La investigación lastimosamente lleva tiempo. Y cuando se quiere politizar, eso perjudica mucho a la investigación… Estamos cien por ciento seguros (conexión narco), fue gente de Paraguay, algunos que ya han muerto, que están involucrados”, expresó Barchini en comunicación con la 1020 AM.

Las declaraciones del ministro de Justicia refuerzan la versión que se maneja en ámbitos de la Policía, referente al esquema en el que se hallaba implicado el asesinado empresario Mauricio Schwartzman.

CRIMEN DEL EMPRESARIO

De acuerdo a esta línea de investigación, el citado hombre de negocios acribillado el 13 de septiembre del 2021, frente a su domicilio, formando parte del grupo criminal, habría sido acusado por parte de la agrupación, de ser agente de la DEA, organismo antinarcótico estadounidense.

Servicios de Inteligencia de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Fiscalía y la Policía, consignan que el empresario Mauricio Schwartzman estaba vinculado a organizaciones criminales desmontadas, parcialmente, en el Operativo A Ultranza Py.

Schwartzman supuestamente se encargaba de coordinar envíos de cocaína al exterior a Luis Sebriano, uno de los detenidos en el operativo.

Sebriano se encargaba de coordinar y organizar todas las operaciones comerciales internacionales tanto de la Dirección Nacional de Aduanas, como de empresas marítimas.

El quiebre de la organización, tras el cual Schwartzman habría sido marcado como delator ante la DEA, habría sido el detonante que, en efecto dominó, empujó a la mafia narco local, a pagar a sicarios para terminar con la vida de Pecci.

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