Las delaciones, en su máximo apogeo durante los años de excesos de la Revolución Cultural (1966-1976), alcanzan sobre todo a términos de la China rural como el condado de Jingxiu en la provincia septentrional de Hebei, vecina de Pekín.

Allí, sus autoridades sanitarias presumieron hace unas semanas de su nuevo “sistema de castigos y recompensas” para que los residentes delatasen a “aquellas personas que no hayan informado, como se requiere, de su entrada a la localidad”.

“Quien dé pistas al Gobierno de contagios sospechosos y finalmente se confirmen como casos positivos, recibirá una recompensa de 10.000 yuanes”, reza una de las circulares de las autoridades locales.

“Hay que buscar a todos esos contactos cercanos, a los subcontactos, a quien deba estar en aislamiento y no lo esté o a quien haya entrado en el condado sin informar o sin un código QR de salud válido. Si los encuentra, recibirá su recompensa”, agrega el texto.

La misiva incide en “vigilar” a personal de seguridad, porteros de urbanizaciones, médicos, farmacéuticos o funcionarios, así como en estar alerta por si se celebran bodas y funerales sin avisar.

“ES NUESTRA RESPONSABILIDAD”

Hace unos días en Chendai, una aldea de la provincia suroriental de Fujian, el señor Xie se embolsó 5.000 yuanes (709 euros, 746 dólares) por “consolidar la participación de las masas en la lucha contra la covid”.

Xie denunció a su vecino Huang, quien viajó al pueblo desde Foshan -en la provincia aledaña de Cantón- en coche “sin informar de su regreso”.

“Había un riesgo de transmisión y es nuestra responsabilidad, nuestra obligación, proveer pistas para protegernos a nosotros y a los demás. Los premios van a inspirar al resto a hacer lo propio para garantizar los logros alcanzados en la lucha contra la pandemia”, relataba el premiado tras recibir la recompensa, según la red de noticias local.

Huang, en cambio, fue enviado a aislamiento: según avisan varios Gobiernos locales de China, quienes sean castigados deberán rendir cuentas según la ley, que prevé prisión de hasta tres años para quien, “en violación de las regulaciones impuestas por los departamentos sanitarios, cause la transmisión de virus infecciosos”, y de tres a siete si la propagación es grave.

No obstante, para casos como ocultar un itinerario de viaje, “se aplica otra legislación de seguridad pública que incluye hasta 10 días de detención administrativa”, explica a Efe una abogada local experta en esta materia.

AVISO CONTRA FALSAS DENUNCIAS

Pero no todo podían ser castigos, como muestra la retribución que recibió el señor Wang por “cooperar con las autoridades” al informar de que volvía al pueblo en un tren que transitaba desde la provincia oriental de Jiangsu, entonces zona considerada de riesgo.

¿El premio?. No tener que costearse la cuarentena que las autoridades exigían a su regreso.

Aunque también hay “falsas denuncias” que los funcionarios tratan de atajar al exigir a los chivatos “autenticidad” en sus acusaciones.

Aquellos que denuncien a otros de forma “maliciosa” serán investigados y castigados, como le ocurrió en abril a un residente de la oriental Shandong que reportó -presuntamente, de forma errónea- positivos en su empresa, el Grupo Industrial del Aluminio Huajian, y acabó diagnosticado con “alucinaciones, depresión y ansiedad”.

Un portavoz de Amnistía Internacional indica a Efe que no es raro que la administración china recompense la delación: “Son iniciativas, por ahora, a nivel muy local. El Gobierno debería asegurarse de que las denuncias no se hacen de forma indebida y que tienen un alcance y plazo limitados. También debería ser capaz de demostrar si estas medidas se alinean con los estándares más actualizados y científicos de los derechos humanos”.

China, aferrada a una estricta política de “cero covid”, lleva más de tres meses lidiando con rebrotes de la variante ómicron, con el caso más serio ilustrado por el confinamiento de la megalópolis de Shanghái (26 millones de habitantes) durante más de dos meses.

En Pekín, continúan los test masivos, las restricciones y también los correctivos administrativos, como los que se le aplicaron esta semana a varias personas por negarse a escanear códigos QR de salud o por tomar el transporte público pese a recibir una notificación de que debían guardar cuarentena en sus domicilios.

Además de incalculables pérdidas económicas y de mantener el país cerrado al exterior durante más de dos años, las duras medidas han provocado en los últimos meses muestras visibles de irritación y descontento en la población, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló en mayo que son insostenibles y recomendó un cambio de estrategia.

Los portavoces del Gobierno chino, que destacan la superioridad del régimen comunista para lidiar con la pandemia en comparación con las cifras de fallecidos acumulados en Occidente, tacharon a la OMS de “irresponsable”, alegando que las medidas tomadas han logrado salvar millones de vidas.

El Gobierno de España ha aprobado por primera vez un real decreto que regulará la actividad de los conocidos como ‘influencers’, con el objetivo de adaptarse a la Ley General de Comunicación Audiovisual aprobada en 2022.

Así, los creadores de contenidos deberán abstenerse de hacer cierta publicidad, además de estar obligados a etiquetar sus publicaciones y a inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como usuarios de especial relevancia.

¿Afecta a todos los ‘influencers’?

La respuesta es no. La ley se refiere a los “usuarios de especial relevancia” y define a estos a través de tres requisitos que deben cumplir:

• Tener unos ingresos anuales superiores a los 300.000 euros.
• Superar el millón de seguidores en una única plataforma o los dos millones en su actividad global.
• Haber publicado 24 o más videos al año.

Otra particularidad es que solo afecta a los residentes en España, es decir, que aquellos que, por ejemplo, se trasladaron a Andorra, no están obligados por esta normativa.

¿Cuáles serán sus obligaciones?

A partir de su registro, que se debe producir en el plazo de los próximos dos meses, todos esos creadores de contenidos deberán atenerse a varias disposiciones.

Deberán identificar los espacios publicitarios explícitamente y etiquetar sus contenidos indicando la edad recomendada de sus espectadores. Además, tendrán prohibido hacer publicidad de productos relacionados con el tabaco, el alcohol, los medicamentos o de cualquier producto o servicio que pueda perjudicar psicológicamente a los menores.

De este modo, se les asimila a otros actores tradicionales del sector audiovisual, como son la televisión o la radio.

Poniendo algunos nombres y apellidos

Entre los afectados por la nueva legislación se encuentra Ibai Llanos, el ‘streamer’ de más éxito del país, que Forbes llegó a incluir en una de sus listas de españoles más influyentes del mundo en 2021. Tiene más de 15 millones de seguidores en Twitch y más de 11 millones en Youtube.

María Pombo es otra de las ‘influencers’ más conocidas del país. Especializada en contenidos relacionados con la moda, la belleza y el estilo de vida, hace casi una década que vive de sus redes sociales, en las que tiene más de tres millones de seguidores.

Otra imprescindible en este listado es Dulceida. Esta bloguera e ‘influencer’ también es conocida por sus publicaciones relacionadas con la moda y el estilo de vida. Desde hace ocho años organiza su propio festival de moda y música. Tiene más de 3,4 millones de seguidores en Instagram.

Otro nombre, más polémico que los anteriores, es el de El Xokas, cuyo nombre real es Joaquín Domínguez. Es conocido principalmente por sus retransmisiones de partidas del ‘World of Warcraft’ en Twitch, donde tiene alrededor de 4 millones de seguidores. Según él mismo ha revelado en varias ocasiones, ingresa alrededor de 60.000 euros al mes.

El tribunal de Río de Janeiro ordenó la liberación de Érika Souza Vieira Nunes, de 42 años -quien sufre de problemas de salud mental y tiene una menor a cargo- que hace dos semanas llevó a su tío muerto a una sucursal bancaria para intentar obtener un préstamo.

La mujer fue detenida in fraganti el día 16 del mes pasado, luego de llevar el cadáver del anciano Paulo Roberto Braga, sentado en una silla de ruedas, al banco Bangu, de esta ciudad. El Ministerio Público (MPRJ) la acusó por los delitos de tentativa de peculado y profanación de cadáver. Érika se encontraba detenida en la prisión de Djanira Dolores, también en Bangu.

La jueza Luciana Mocco, titular del 2º Juzgado Penal de Bangu, respondió a un pedido de la defensa de Érika y revocó su prisión preventiva. Sus abogados señalaron que Érika, de profesión ama de casa, tiene un hogar permanente, “mala salud mental”, y está a cargo de una menor discapacitada que requiere de su cuidado en casa.

El juez determinó, sin embargo, que Érika debe cumplir con medidas cautelares, como presentarse mensualmente a la secretaría judicial para informar sus actividades o un posible cambio de domicilio; en el caso de hospitalización por tratamiento de salud mental, también deberá notificarse al Tribunal; tiene prohibido ausentarse del distrito por más de siete días.

Érika también comenzó a ser investigada por homicidio culposo, sin intención de matar. Una orden del delegado Fabio Luiz Souza, jefe de la 34ª DP (Bangu), responsable de las investigaciones, y publicada por TV Globo, indica una “flagrante omisión de asistencia” por parte de la mujer. Según el delegado, el tío Paulo se encontraba en una “situación crítica que amenazaba su vida”.

“Teniendo en cuenta que el 16 de abril, Paulo se encontraba en una situación grave que amenazaba su vida, como se desprende de las declaraciones de todos los testigos que tuvieron contacto con la víctima, en lugar de volver a ir al hospital, acudió al centro comercial, configurando una flagrante falta de asistencia. Por tanto, se debe registrar un nuevo informe para investigar el delito de homicidio culposo”, señaló.

Según la Policía Civil, como cuidadora del anciano, “al ver que no se encontraba bien, debería haberlo trasladado a un hospital, no a una sucursal bancaria”.

El crimen ocurrió en Bangu, en la Zona Oeste de Río de Janeiro. Érika fue detenida en el acto y su arresto se convirtió en prisión preventiva durante una audiencia de custodia. La denuncia destaca que, aunque el préstamo fue contratado por el anciano Paulo Roberto Braga cuando estaba vivo, el retiro de 17.975 reales (unos 3500 dólares) no pudo realizarse porque en el momento de la detención la víctima había fallecido.

La acción penal también indica que Érika, mediante fraude, intentó apropiarse de fondos que no habrían sido utilizados a favor de su tío, lo que finalmente causaría un perjuicio a la institución financiera que otorgó el préstamo, es decir, que no sería pagado por el donante, fallecido.

“El crimen no se llevó a cabo debido a que los empleados del banco, al notar que el anciano Paulo Roberto Braga estaba en mal estado, pálido y sin poder firmar un documento, llamaron al Servicio Móvil de Atención de Emergencias, quienes confirmaron la muerte”, describe un extracto de la denuncia.

El inspector mencionó “menosprecio y falta de respeto” hacia el mayor al llevarlo muerto para retirar el dinero. “La imputada vilipendió consciente y voluntariamente el cadáver de Paulo Roberto Braga, llevándolo a la referida sucursal bancaria y permaneciendo allí, incluso después de su muerte, con el objetivo de retirar la orden antes mencionada”, señaló.

Con información de O Globo/GDA

La cifra de muertos por las fuertes lluvias en el estado brasileño de Rio Grande do Sul ha ascendido a 32.

La Defensa Civil ha registrado 29 fallecidos. Entretanto, el canal RBS TV, citado por el portal G1, constató la muerte de tres personas más: dos en la localidad de Taquara y una en Sao Vendelino, con información de prefecturas, cuerpos de bomberos, Policía Militar y otras organizaciones locales.

En su más reciente balance, de la tarde de este jueves, la Defensa Civil señala que hay 60 personas desaparecidas y 36 heridas. Se calcula que hasta el momento son 71.306 los afectados, de los cuales más de 14.800 han tenido que abandonar sus viviendas. De estos, 10.242 se encuentran sin hogar (en casas de familiares o amigos) y 4.645 permanecen en albergues temporales.

De los 496 municipios de Rio Grande do Sul, 154 ya se han visto afectados por inundaciones, deslizamientos de tierra, caída de puentes, entre otros.

La Defensa Civil advirtió que la mayoría de cuencas fluviales del estado están en riesgo de desbordamiento. Asimismo, el gobernador, Eduardo Leite, emitió advertencias sobre los peligros de nuevos derrumbes. Al mismo tiempo, el Gobierno estatal monitorea las represas en varias regiones ante la probabilidad de que sus niveles provoquen nuevos aumentos significativos en los caudales de los ríos. Las precipitaciones provocaron hace poco el colapso parcial de la presa 14 de julio, localizada en el caudal del río Das Antas.

En el marco de la catástrofe, Leite declaró anteriormente el estado de calamidad pública, señalando que se trata del “mayor desastre natural” al que se han enfrentado. De este modo, Rio Grande do Sul está en condiciones de solicitar recursos federales para asistencia humanitaria, reconstrucción de infraestructura y restablecimiento de servicios esenciales. Las autoridades locales aseguran que con el apoyo de los gobiernos de otros estados y de las Fuerzas Armadas ya se ha logrado el rescate de más de 4.000 personas en zonas afectadas. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajó al estado este jueves, pero las condiciones meteorológicas le impidieron llegar a las zonas afectadas.