Estos siete efectivos policiales  habrían disparado en la noche de este miércoles contra un automóvil, ocasionando la muerte del conductor, en el kilómetro 12 de la Ruta Nº 2 de Ciudad del Este.

El hecho ocurrió luego de la emisión de alerta desde la Dirección de Policía de Alto Paraná, tras el asesinato de un oficial ocurrido durante el asalto a un  autoservice del barrio Obrero de la capital departamental. 

Según el reporte fiscal, los agentes privados de libertad son los suboficiales Santiago Manuel Meza Campuzano, Víctor Hugo Caballero Caballero y Oscar Casau Bobadilla,   quienes prestan servicios en el Departamento de Investigación de Delitos de Alto Paraná. Además del oficial inspector Jorge Ariel Argüello Cabrera, el oficial primero Carlos Daniel Ferreira Gómez y los suboficiales Rolando Agustín Cáceres Villalba y Celso Cuellar Congo, del Grupo Especial de Operaciones (GEO).

El relato indica que estos agentes presuntamente dispararon y ocasionaron la muerte a Juan Daniel Ortigoza Ávalos (27), quien se desplazaba en un automóvil Toyota Premio, de color plata, juntamente con su pareja Lorena Raquel Rivas Espínola (29) y su hija menor de 2 años, quienes salieron ilesas. 

Los policías se encontraban rastreando a varios asaltantes que también en la misma noche habían asesinado al oficial de Policía, Gustavo Bareiro, durante un asalto perpetrado en el local comercial “Zuall” del barrio Obrero de la capital del Alto Paraná. Los agentes dispararon contra el auto de la víctima, cuyo color es similar al utilizado por los presuntos criminales para escapar. 

El joven falleció casi de inmediato por “shock hipovolémico por heridas múltiples de arma de fuego”, según el diagnóstico del médico forense, Dr. Aníbal Duarte. 

Los agentes policiales serían imputados en las próximas horas por homicidio doloso. Además, dispuso la incautación de las armas largas que utilizaron los mismos. Asimismo se orrdenó que los presuntos implicados sean sometidos a la prueba de nitrato y nitrito, muestras que fueron remitidas al laboratorio forense de la Fiscalía General del Estado. 

La agente fiscal Mercedes Caniza, de la Unidad Zonal de Luque, solicitó nuevamente la búsqueda de los familiares de Nicasio Antonio Jara Ramos, con cédula de identidad n.⁰1.343.205.

El mismo falleció tras sufrir lesiones en un accidente de tránsito en la jurisdicción de la comisaría 18 Central, de la ciudad de Areguá. El cuerpo del mismo permanece en la Morgue Judicial.

Puede interesar: Operativo A Ultranza Py: piden juicio oral para “Tío Rico”

El pedido se hace considerando que la cámara frigorífica de la Morgue Judicial tiene una capacidad limitada para el resguardo de evidencias actualmente está colapsada.

En este caso ya transcurrieron los 10 días de depósito, con eventual riesgo para la salud de las personas que acuden a esta dependencia, por lo que se solicita nuevamente que familiares del hombre se acerquen para la entrega del cuerpo.

Lea también: Otra vez intentarán eliminar el horario de invierno

Ante cualquier información, favor comunicarse al +595 981 507598 de la morgue.

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) detectó los fusiles y las piezas durante un control en una de las terminales del Silvio Pettirossi.

Te puede interesar: Alivio en Ñeembucú: aguas comienzan a bajar lentamente

Refieren que actualmente las mercaderías están lacradas y bajo vigilancia en el depósito de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).

Son cargas que llegan desde Miami al aeropuerto Silvio Pettirossi y, según Juan Olmedo, gerente General de la Aduanas de la DNTI, el 16 de mayo ya fue incautado una primera parte.

En la misma terminal aérea, pero en otro operativo, volvieron a incautar más piezas para fusiles, entre ellas 10 tubos soportes para culatas, 6 receptores superiores, 22 agujas percutoras y un tubo cañón que se encontraban mimetizadas, en esta ocasión, dentro de un carrito para bebé.

“Hoy detectamos una segunda carga que ingresaron con piezas más pequeñas como en carritos de bebé”, expresó Olmedo a la radio 730 AM.

Los presuntos importadores de la carga fueron identificados y los datos ya fueron remitidos al Ministerio Público para su intervención correspondiente.

En uno de ellos, le señala al fugitivo oriental, que tenía “buenos contactos” en la Fiscalía y la Senad, que “le bocinaban” operativos que se preparaban o iban a aplicarse en su contra.

Esa declaración, interceptada por la pesquisa fiscal-policial, confirma lo que era vox populi: que es extendida la práctica de que, propinas mediante, funcionarios de diversos estamentos, colaboraban con las agrupaciones criminales.

En el lado de Marset, en tanto, las “bocinas” en altas esferas tampoco era cuestión oculta. El año pasado se reveló la conexión directa de tres policías de Interpol con el mismo, gracias a la cual se desactivó desde Paraguay la orden de captura internacional que pesaba sobre Marset, lo que permitió a este movilizarse a nivel internacional sin ser detenido.

Te puede interesar: Fue descubierto sacando plata con tarjetas de diferentes personas y acabó detenido

La fiscalía presentó en la víspera acusación formal en contra de Tío Rico, por asociación criminal, lavado de activos y tráfico de drogas.

El esquema criminal desmontado por el operativo A Ultranza Py, representó, inicialmente, el decomiso de bienes por alrededor de 250 millones de dólares de los marginales. Esto sin contar las perdidas de drogas.