Paraguay ha sido foco de un nuevo escándalo en los últimos días tras la fuga de 35 reclusos de la Penitenciaría Regional de Misiones.

La mayoría de los reos que escaparon de esta cárcel, ubicada en la ciudad de San Juan Bautista, pertenecen al grupo criminal brasileño Primer Comando Capital (PCC).

Para lograr esta fuga, los internos redujeron a los guardiacárceles y, con una soga improvisada que elaboraron uniendo varias telas, saltaron el muro perimetral de uno de los costados hasta llegar al exterior.

En paralelo a esta fuga, otro grupo de internos organizaba una protesta con quema de colchones en el interior de los pabellones, presumiblemente como distracción mientras sus compañeros abandonaron el reclusorio.

ANTECEDENTES DE FUGAS

Este no es el primer caso de fuga masiva en una penitenciaría de nuestro país. En enero del año 2020, un total de 76 presos escaparon de la cárcel de Pedro Juan Caballero. En aquella oportunidad, también estuvieron involucrados miembros del PCC.

En principio se creyó que todos los reos escaparon a través de un túnel cavado en una de las celdas, aunque luego se supo que algunos de ellos cruzaron por el portón de acceso principal para llegar hasta la calle.

Otro de los episodios registrados en el actual gobierno se dio en septiembre del 2019 cuando tres peligrosos integrantes del PCC escaparon del Cereso ubicado en el departamento de Itapúa, posterior a un amotinamiento en el interior del penal.

Recientemente se dio un llamativo episodio en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú que involucró a un recluso identificado como César Ramón Ortiz alias “Gordito Lindo”, quien intentó escapar disfrazado de mujer pero sin éxito. Horas después, se confirmó que en realidad sí había una persona fugada: Salvador Martínez Bazán, quien forma parte del clan Rotela y pudo abandonar el presidio sin ser descubierto.

CRISIS PENITENCIARIA

La crisis penitenciaría en Paraguay viene arrastrándose desde hace varios años, sin que aún se hayan adoptado medidas para dar una solución definitiva al asunto y sin señales claras por parte del gobierno para cortar el problema de raíz.

Con la eterna promesa de la habilitación de tres nuevas penitenciarías (dos en Emboscada y una en Minga Guazú), se busca descomprimir en cierta medida el sistema penitenciario, hoy colapsado por el hacinamiento en la mayoría de las cárceles.

El crecimiento exponencial de la población penal, las pésimas condiciones de privación de libertad, la corrupción imperante y la injerencia de las organizaciones criminales como el PCC o el clan Rotela son otros de los problemas latentes, según lo expone CODEHUPY.

De acuerdo al último informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), hasta julio había 16.216 personas privadas de libertad dentro del sistema penitenciario paraguayo, superando ampliamente la capacidad establecida.

La cárcel de Tacumbú es la que registra la mayor cantidad de reclusos, con una población de más de 2.700 personas privadas de libertad, lo cual representa un índice ocupacional del 176% según el MNP ya que su capacidad es para solo 1.530 reos.

En el caso puntual de la cárcel de Misiones, su capacidad real es de 920 reclusos, aunque hoy día su población es de 1.452 personas privadas de libertad. Esto representa un índice ocupacional del 158%.

A la fecha, la sobrepoblación crítica en el sistema penitenciario es del 88,76%, de acuerdo al informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Ello refleja la grave crisis que aparenta no tener solución a corto plazo.

GRUPOS CRIMINALES EN CÁRCELES

A la crisis penitenciaria se le suma el fortalecimiento de organizaciones criminales como el Primer Comando Capital (PCC), el Comando Vermelho y el Clan Rotela, hecho que también queda de manifiesto en el reporte de CODEHUPY.

La rivalidad entre estas facciones -sobre todo entre el PCC y el clan Rotela- ha generado varios incidentes en las cárceles locales, siendo una de las más recordadas la masacre en la penitenciaría de San Pedro, ocurrida en junio de 2019. En aquella oportunidad, fueron asesinados 10 internos, algunos calcinados, decapitados y otros con heridas de arma de fuego o arma blanca.

Una situación similar se dio en febrero de 2021 cuando un grupo de reos ligado al clan Rotela tomó de rehenes a 18 agentes penitenciarios y realizó un amotinamiento en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Tras intensas negociaciones, se pudo destrabar la medida de fuerza, aunque lamentando la muerte de 7 personas, 3 de ellas decapitadas.

El dominio de narcotraficantes en las cárceles también es algo sabido y de larga data. En más de una ocasión, se descubrió la existencia de “celdas VIP” en algunas cárceles como las de Tacumbú o Pedro Juan Caballero, mayormente construidas por capo narcos que tienen plena libertad para manejarse a sus anchas.

MINISTRO DE JUSTICIA, EN CAMPAÑA PROSELITISTA

Mientras la crisis penitenciaria sigue vigente, el actual ministro de Justicia, Édgar Olmedo, se encuentra inmerso en una intensa campaña política con miras a las internas de diciembre próximo.

Cabe recordar que Olmedo, quien anteriormente se desempeñó como titular del INDI, actualmente se postula como precandidato a Diputado por el departamento de Caaguazú.

Varios legisladores y actores políticos han cuestionado el hecho de que el ministro de Justicia realice proselitismo mientras ocupa un cargo tan importante y en medio de una acuciante crisis penitenciaria, aunque el mismo sigue sin tener en sus planes presentar su renuncia al cargo.

NECESIDAD DE CAMBIOS ESTRUCTURALES 

El abogado Jorge Rolón Luna señala que la situación penitenciaria actual es algo que viene de larga data y que, inclusive, ya pasó de ser solo una crisis a un problema estructural con varias aristas.

El hacinamiento, la superpoblación o las pésimas condiciones en las cárceles son situaciones que ya se tienen hace décadas, siendo lo nuevo la presencia de organizaciones criminales que empiezan a captar reclusos en sus filas, señaló.

A su criterio, los problemas actuales no se van a resolver si no se trabaja desde una perspectiva más amplia que atienda todas estas cuestiones pendientes, pues abordar un plan para un solo tema específico no tendría el efecto deseado.

Rolón Luna hizo énfasis en la elevada cantidad de presos sin condena en Paraguay (con uno de los índices más altos del mundo), esto como consecuencia del abuso de la prisión preventiva y la mora judicial.

“El sistema penitenciario no va a dar abasto para atender a tantas personas privadas de libertad”, indicó. Sobre este punto, recordó que la población penal se ha cuadruplicado en las últimas décadas y que hoy día “se está encerrando más gente que nunca”.

Para lograr cambios efectivos, el abogado plantea la necesidad de cambios estructurales a nivel penitenciario y en el sistema de justicia, además de modificaciones en la legislación vigente. Asimismo, aboga por replantear la aplicación de la prisión preventiva.

La acción encarada por la Ande se realizó en el marco de las festividades del 14 y 15 de mayo, con el fin de acompañar todas las actividades previstas en los días de conmemoración del día de la independencia del Paraguay y de las gloriosas madres paraguayas.

Se realizaron las reparaciones necesarias en 116 artefactos de alumbrado público, asegurando así un entorno seguro y adecuadamente iluminado.

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A su vez, la Policía Nacional prepara un operativo de seguridad para resguardar la seguridad de todas las personas que participarán de los diferentes actos festivos para este 14 y 15 de mayo.

Desde el viceministerio impulsarán alternativas de desplazamientos en caso de que el Centro de Empresarios del Transporte Público del Área Metropolitana (Cetrapam) persista con el paro de buses.

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Este denominado plan de contingencia incluye el apoyo y acompañamiento de instituciones gubernamentales, como el ofrecimiento del sector privado, para garantizar a los ciudadanos el servicio de transporte.

Fernández informó a los representantes de Opama, respecto a la reunión tripartita convocada por el Viceministerio de Trabajo para el próximo 16 de mayo, y las acciones que se llevarán adelante.

Indicó que las conversaciones con las organizaciones civiles son importantes y aportan de manera estratégica en el plan de reforma del sistema de transporte que se prevé impulsar. Además, reiteró que el paro de buses es una medida anacrónica, e insistió que el diálogo es el camino que conducirá a mejorar el servicio público.

“Rechazamos cualquier medida de presión como el paro, y nos mantenemos en eso. Nosotros hemos dicho desde el primer día que nuestra estrategia es el diálogo institucionalizado, lo que significa tratar los puntos en las mesas establecidas”, manifestó.

“Un paso trascendental, luchamos en su momento para que la ley se haga realidad. Hoy estamos haciendo realidad la reglamentación que va a permitir que productos paraguayos, productos que se realizan aquí en el Paraguay, el cemento, pueda ser utilizado para las obras viales, que nos van a permitir también dar, aparte de la mano de obra, una mayor calidad y durabilidad a nuestra red vial”, expresó el presidente Santiago Peña.

Al respecto de la promulgación, la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, manifestó que después siete años hoy finalmente están dando inicio a una transformación de infraestructura, la de pavimento rígido con cemento nacional, marcando un hito importante en el desarrollo del país.

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Cabe recordar que durante el Seminario Internacional Construcción de Pavimentos de Hormigón organizado por la Asociación Paraguaya de Carreteras (APC), la ministra Centurión había enfatizado la importancia del pavimento rígido, el hormigón, como un elemento fundamental en la ingeniería, destacando su nobleza y su contribución al progreso y desarrollo nacional.

Subrayó el papel crucial que desempeña la utilización de este tipo de pavimento, su impacto en la industria nacional, impulsando el crecimiento económico y la generación de empleo en todo el país.

IMPLEMENTACIÓN

Según el Decreto 1.683/24 “Que establece la utilización de pavimento rígido en los proyectos de obras viales”, a los efectos del cumplimiento gradual de las disposiciones contenidas en el Artículo 2° de la Ley N.º 5841/2017, será considerado “Primer año inicial” al año 2024, “Segundo año” al año 2025, “Tercer año” al año 2026 y “Cuarto año” al año 2027.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) deberá planear, programar, presupuestar y contratar la construcción de pavimento rígido en un porcentaje del: 15% del total de las obras viales programadas para el año 2024; 20% del total de las obras viales programadas para el año 2025; 25% del total de las obras viales programadas para el año 2026; 30% del total de las obras viales programadas para el año 2027 y subsiguientes, según reza el artículo 3 de la normativa.