La fiscal Viviana Sánchez imputó a Jorge Manuel Roa Florentín (36), un camionero que se habría apropiado de más de 32.000 kilos de soja, que debía transportar desde la zona de Alto Paraná hasta Asunción. Éste ya se encuentra recluido en prisión por disposición del Juzgado Penal de Garantías, bajo el cargo de apropiación.

De acuerdo a la investigación, el 17 de junio de 2022, el chofer se presentó con un camión Scania a la empresa Cargil Agropecuaria del distrito de Los Cedrales y retiró 32.660 kilos de granos que debía transportar hasta un local de la misma firma de la capital del país.

Para el efecto, Roa Florentín contactó con Víctor Daniel Cáceres, encargado de realizar la conexión de fletes con los choferes. Por lo tanto, éste autorizó la entrega de G. 500 mil, además del abastecimiento de 250 litros de combustible por valor de G. 2.100.000, que se realizó en la estación de servicios Agriesa S.A. (Puma).

Según la orden de remisión, el conductor debía realizar la entrega del cargamento en un plazo de 72 horas. Sin embargo, la carga nunca llegó a destino, por lo que el denunciante buscó la manera de contactar con Roa Florentín, sin lograr la comunicación con el mismo ya que al parecer cambió su número telefónico.

Hasta la fecha, la empresa no pudo recuperar la carga, que le ocasionó un perjuicio patrimonial de 25.000 dólares americanos.

Tras la denuncia, la Fiscalía reunió diversos elementos de sospecha, como ser el comprobante de entrega de mercaderías y otras documentaciones relacionadas al caso, al igual que la filmación del momento en que se cargó la soja. Luego, ordenó la detención preventiva del Jorge Manuel Roa Florentín, quien finalmente fue privado de libertad y sometido al proceso penal.

ATAQUES AL MINISTERIO PÚBLICO

A lo largo de la jornada del lunes, por ejem­plo, el grupo Zucco­lillo utilizó su diario digital, su radio AM y su canal de televisión para dar destaque a la supuesta necesidad de un juicio político al actual titu­lar del Ministerio Público, Emiliano Rolón Fernández. Esta actitud ya se había dado con la predecesora de Rolón, Sandra Quiñónez.Como dejó en evidencia LN en su edi­ción de ayer, este pedido se da casualmente unos días después de que el titular del Ministerio Público recibiera a Alejandro Domínguez, titular de la Conmebol, quien urgió actuaciones en el caso de supuesto lavado dinero realizado por el fallecido expresidente de la matriz del fútbol sudamericano Nico­lás Leoz, a través del banco Atlas, propiedad del grupo Zuccolillo.

UNA POSTURA QUE VARÍA

Abc ha dedicado páginas y páginas en su diario y sitio web, además de extensos espacios de radio y televi­sión para criticar la para­lización de causas que el grupo Zuccolillo considera “emblemáticas”.

El fiscal Edgar Benítez imputó a un chofer de la Unidad Zonal de Presidente Franco, presuntamente implicado en el hurto de evidencias ocurrido días pasados en dicha sede del Ministerio Público.

Se trata de Alejandro Daniel Leiva Garay (27), funcionario contratado, quien enfrenta cargos por hurto especialmente grave, hurto agravado, reducción, quebrantamiento de depósito y asociación criminal.

Los hechos ocurrieron presumiblemente el 14 de mayo pasado, cerca de la medianoche, en el interior de la sede de la Fiscalía, ubicada en la avenida Bernardino Caballero casi Piribebuy, en el municipio franqueño.

Conforme a la investigación, el sindicado aprovechó el feriado nacional para acudir a la sede fiscal a bordo de una motocicleta, en horas de la tarde, aprovechando que en ese momento nadie se encontraba en el lugar, abrió el portón principal que estaba cerrado bajo llave e ingresó al recinto por unos 20 segundos aproximadamente.

Seguidamente, volvió a salir, presuntamente dejando desbloqueado el portón de acceso y llevando las llaves, con el objetivo de facilitar el ingreso más tarde. Posteriormente, alrededor de las 23:50 horas, llegó al lugar un automóvil Toyota Premio, sin chapa, presumiblemente hurtado.

A continuación, descendió una persona, subió al segundo piso, procedió a violentar la puerta del depósito perteneciente a la Unidad Nº 3 y de su interior sustrajo varias evidencias, consistentes en 20 teléfonos celulares de distintas marcas y modelos, armas de fuego, municiones, documentos varios y otros objetos, que fueron cargados en el rodado mencionado para luego salir nuevamente del sitio.

En el marco de la pesquisa del hecho y mediante imágenes del circuito cerrado, los investigadores pudieron determinar la supuesta implicancia de Alejandro Daniel Leiva Garay en los hechos punibles, por lo que fue imputado por el fiscal Edgar Benítez, quien solicitó al Juzgado Penal de Garantías que decrete la prisión preventiva.

A las 23:30, en el barrio San José de la ciudad de Capiatá mataron de un balazo en la cabeza a Kevin Enrique Aguilera Zaracho de 23 años de edad.

El joven tenía orden de captura por violencia intrafamiliar, según informaron los efectivos de la comisaría interviniente.

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En el marco del crimen, la Policía detuvo a Ricardo Mercado Benítez de 20 años de edad como el presunto autor.

El operativo de búsqueda y localización fue realizado en el barrio San Antonio de Capiatá y estuvo a cargo del Departamento de Investigación de Hechos Punibles de Central.

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