“Expresamos nuestra total apoyo, y solidaridad con el democrático Estado de Israel, el cual se encuentra con su población civil atacada desde hace días por grupos terroristas abiertamente individualizados como el Hamás y la Yihad Islámica, que se encuentran mimetizados en medio civiles ejecutando operaciones bélicas desde la Franja de Gaza”, dice la parte inicial del comunicado.

Sostienen además que cada uno de los más de 3.000 cohetes lanzados hasta ahora por el grupo terrorista Hamás hacia Israel, constituyen “crímenes de guerra y lesa humanidad”, por lo que condenan enérgicamente la utilización de civiles palestinos en la Franja de Gaza por parte de los extremistas.

“Nuestro total repudio en dirigir los cohetes directamente teniendo como objetivo población civil israelí, lo cual lo están haciendo de forma indiscriminada y sistemática con la clara intención de buscar generar el terror con la muerte de inocentes”, resaltan.

Asimismo, solicitan al Gobierno de Israel que continúe protegiendo a su “valiente población” y que sigan maximizando la prudencia, a fin de evitar en lo posible la muerte de más civiles inocentes.

En ese sentido, piden la “inmediata devolución” del control gubernamental de la Franja de Gaza a la autoridad Palestina, para desde ahí buscar la paz consensuada entre ambas partes.

El comunicado está firmado por el diputado Pedro Alliana (titular de la ANR), el líder de la bancada en Senado, Antonio Barrios y el diputado Basilio Núñez, líder de la bancada de HC en la Cámara Baja.

Teresa Servín, abogada de la familia de Rolando Núñez Scolari, explicó que el sobreseimiento provisional implica que todavía existen diligencias para llegar a la certeza real de la responsabilidad de los procesados en la muerte del joven.

Se llegó a esta instancia porque ayer se cumplió la fecha para la presentación del requerimiento conclusivo. El sobreseimiento puede ir hasta un año.

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“Hay una visión jurídica de lo nuevo a lo que la doctora no tuvo acceso. Ver la responsabilidad de otras personas o ampliar la responsabilidad de los que ya estaban investigados”, informó la defensora, en un contacto con la 730 AM.

La necesidad de más tiempo también se sustenta en la aparición de un reglamento de la ANDE que especifica el manejo en materia eléctrica. Se tuvo acceso al contenido recién hace una semana.

Respecto a un acuerdo económico, la abogada reconoció que hubo un acercamiento y una oferta un par de semanas atrás, sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo.

María Lilia Contreras y Édgar Torres, de la Empresa Prolife SA; María M. Contreras y Oscar Daniel Ruiz, de la Empresa Epro SA fueron imputados por homicidio culposo por la fiscal Teresa Rojas, quien luego fue recusada.

En su reemplazo asumió de manera interina la fiscal Karina Serón, quien lleva la carpeta hace un mes y por ello necesita más tiempo para la pesquisa.

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Un llamativo hecho aconteció cerca de la 02:00 de la madrugada de este jueves, en la playa de Funes Automotores, situada sobre la Avda. Mariscal López y Luis Alberto del Paraná.

Al sitio llegaron desconocidos, quienes descendieron de un vehículo y arrojaron una bomba molotov contra el local.

Un automóvil Toyota Auris, color plata, recién importado, fue totalmente consumido por las llamas y quedó inservible.

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Efectivos de la Comisaría 2ª Central recibieron el aviso en la oficina de guardia y, una vez en el lugar, intentaron apagar el fuego con precarios baldes de agua, mientras esperaban la llegada de los bomberos. Desafortunadamente, no pudieron salvar el vehículo.

De momento, se desconoce quiénes podrían estar detrás del atentado y cuáles serían los motivos que los llevaron a cometer el hecho. En la escena encontraron botellas con combustible.

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“Soñamos con un mañana mejor” es el nombre que lleva el proyecto del Centro de Rehabilitación y Reinserción Laboral de Mujeres, que consiste en la confección de escarapelas.

El trabajo estará a cargo de las internas y el resultado será la distribución de sus productos en centros educativos e instituciones de Alto Paraná.

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“El deseo de las mujeres privadas de libertad de volver a ser útiles a la sociedad”, comentó la directora del centro Juana María de Lara, Lourdes Nelsi Centurión.

La meta de llegar a 4.000 escarapelas será la misión confiada a 20 mujeres privadas de su libertad en dicho lugar.

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Además de aplicar penas para hacer justicia por los delitos cometidos, otra de las funciones del Estado es la reinserción social de las personas que cometieron un hecho punible. Los talleres de oficios, las capacitaciones y otras actividades forman parte de esa misión de preparar a la gente para insertarse a la sociedad, una vez que recuperen su libertad.