La representante del Ministerio Público manifestó que la suspensión fue en razón de que Ramón González Daher no fue llevado a la audiencia debido a que supuestamente se encuentra enfermo.

En ese sentido, la fiscal solicitó que los médicos forenses del Ministerio Público y del Poder Judicial se constituyan en su lugar de reclusión a fin de verificar el estado de salud del procesado. Asimismo, pidió informe a la Penitenciaría de Tacumbú a fin de que expliquen el motivo por el cual no lo llevaron.

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Ante todo lo acontecido, el Tribunal suspendió el juicio y libró oficio para que se constituyan los médicos forenses y remitan informe en el plazo de 3 horas .

Cabe recordar que el caso inició cuando González Daher querelló por estafa a Salvador Dionisio Aquino; lo llevó a juicio oral pero luego fue absuelto. Posteriormente, Aquino querelló a González Daher por denuncia falsa, por lo que la fiscal Ledesma lo imputó por ese hecho, además de extorsión.

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Ramón González Daher posee una condena anterior de 15 años por lavado de dinero y usura, confirmado en dos instancias, además de otros procesos abiertos en etapa investigativa.

Antibióticos, analgésicos, antihipertensivos, sueros, anestésicos, IOP, jeringas de 5ml y 10 ml, antimicóticos sistémicos, medicación del programa de psiquiatría y medicamentos para pacientes con afecciones reumatológicas integran la lista de lo que recibió el Hospital Nacional de Itauguá entre el 6 al 10 de mayo.

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También llegaron fármacos para pacientes renales y diabéticos, insumos para diálisis y paquetes quirúrgicos, guantes, gasas, tapabocas y electrodos. Todo esto permitirá dar cobertura suficiente y necesaria para la demanda de atención.

Según Salud Pública, esta entrega forma parte de una distribución que realiza de manera semanal en dicho hospital, por tratarse de un centro de referencia al que acuden y derivan a pacientes de diferentes puntos del país.

Provisiones como estas, también se realizan en las demás regiones sanitarias, a fin de abastecer las farmacias y los servicios.

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Un allanamiento se realizó este viernes en Asunción, dentro de un local comercial que funcionaba como despensa, bodega y heladería, pero cuyo rubro verdadero y principal era la droga.

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Del lugar se incautaron 116 gramos de cocaína, equivalentes a casi 300 dosis y 147 gramos de “chespi” suficiente para la venta de unas 1.000 dosis, según los intervinientes.

También incautaron un arma de fuego, dinero en efectivo en billetes de baja denominación y un automóvil.

En el sitio detuvieron a Juan Andrés Aquino, de 35 años, alias Cafú, quien tenía consigo las evidencias mencionadas. La Policía lo trasladó a él, junto con las sustancias, a la base de operaciones de la Senad.

El detenido es Juan Andrés Aquino alias “Cafú”.

El caso está a cargo de la fiscal María Irene Álvarez, quien encabezó el operativo con la Senad y la Dirección de Operaciones Urbanas.

Lo preocupante del caso es la ubicación de este foco de distribución de drogas, muy próximo a tres instituciones: Centro Educativo La Amistad, Escuela Solar de Artigas y Escuela Sagrada Familia.

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Una comitiva integrada por policías, la Fiscalía, con su Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y la Dimabel, se constituyó ayer en el local denominado Sporcam, dedicado a la comercialización de armas. Este comercio fue habilitado hace un mes aproximadamente, con todos los requisitos para su funcionamiento legal.

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“Había una presunción por la actitud de los propietarios y se hizo un seguimiento, anteayer hicimos un control de algunas anormalidades que no cuadraban con el sistema de trazabilidad”, detalló el Gral. de División Melanio Servín, titular de Dimabel.

El negocio habría estado vendiendo armas a espaldas de la Dimabel.

La presunción es que los responsables estarían incurriendo en el hecho punible de tráfico de armas, pues, el 50 % de las armas que tenían no fueron vendidas legalmente, dado que, debían hacerlo a través de la Dimabel, pero se saltaron este paso, indicaron los intervinientes.

Durante el procedimiento se incautaron dos escopetas, cinco pistolas, tres proveedores, un cargador, una notebook, un DVR y una caja fuerte.

El Departamento contra el Crimen Organizado quedó a cargo de las armas y de los equipos electrónicos. En tanto, al Ministerio Público le entregaron las documentaciones y a la Dimabel la caja fuerte.

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