El forense oficial del condado de Fulton, en el estado de Georgia, había dictaminado en septiembre que la causa de la muerte de Lashawn Thompson, de 35 años, era “indeterminada”. 

Pero Roger Mitchell, el forense contratado por la familia del fallecido afirmó que éste había sido “descuidado hasta la muerte” y calificó lo ocurrido de “homicidio”.

La familia de Thompson dio a conocer el informe de Mitchell este lunes, y los abogados a los que contrataron exigieron a las autoridades que asumieran su responsabilidad.

“Durante 93 días hubo un grave abandono de un ciudadano mentalmente enfermo”, dijo Ben Crump, el famoso abogado de derechos civiles que se ha hecho cargo de numerosos casos de abusos policiales contra afroestadounidenses.

“No se trató de una muerte natural. Fue un homicidio”, afirmó Crump.

Thompson, un afroestadounidense sin hogar, había sido detenido el 12 de junio de 2022 mientras dormía en un parque frente a una guardería de Atlanta.

Tenía pendiente una orden de detención por robo, pero fue encarcelado por “agresión” al escupir supuestamente a agentes de la ley. 

Permaneció en la cárcel al no poder pagar la fianza para salir en libertad.

En dos primeros meses de su encarcelamiento, Thompson se encontraba en buen estado, según el informe de Mitchell.

El responsable de salud mental de la cárcel informó el 27 de julio que se encontraba en una celda limpia, vivía con normalidad, estaba sano y tomaba su medicación para los trastornos bipolar y esquizoafectivo.

Según Mitchell, en los 43 días siguientes apenas hubo informes sobre su atención y ningún registro de que recibiera sus medicamentos.

Cuando el forense pudo examinar el cuerpo de Thompson, días después de su muerte, descubrió que éste sufría desnutrición y deshidratación; había perdido el 18% de su peso corporal y tenía una extensa y grave infestación de piojos.

Crump exigió a las autoridades locales que investigaran la muerte, pero no interpuso una demanda civil, como ha hecho en muchos casos anteriores de muertes a manos de la policía.

“Alguien tiene que rendir cuentas por esto”, dijo el abogado, que calificó la muerte de “negligencia criminal”.

La Policía maneja hipótesis que rodea al asunto. Uno dice que ocurrió por una falta de atención, aunque por el momento van a seguir con la investigación, porque también existe la posibilidad de que pudiera haber sido adrede.

La información proveída por los investigadores menciona que se utilizó vino blanco en lugar de agua para diluir la leche en polvo. La abuela sostiene que se confundió porque se encontraba dentro de una botella oscura. El niño ingirió parte del contenido, pero al rato rechazó seguir bebiendo.

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Allí la abuela afirma que se dio cuenta del error y avisó a la madre. Llevaron al niño de inmediato a la sala de emergencias del Perrino, donde fue trasladado a Pediatría y recibido de inmediato por los médicos para un tratamiento urgente. Esto incluyó el lavado gástrico y luego la intubación, antes de ser trasladado al hospital pediátrico Giovanni XXIII en Bari, donde actualmente está en la unidad de cuidados intensivos.

La condición del bebé es estable por el momento y parece que mejora ligeramente, pero debido a su corta edad existe un gran peligro para su vida. El pronóstico es reservado y se está considerando si se le puede extubar. Los Carabinieri de la compañía de Brindisi son los que están investigando lo ocurrido, pero por ahora no hay abierto ningún caso.

Fuente Infobae/ Agencias

El reverendo estadounidense Lawrence Kozak fue acusado la semana pasada de robo y delitos relacionados tras una investigación sobre sus gastos mientras ejercía como párroco de la iglesia católica Saint Thomas More en Pensilvania, informan medios locales.

En 2022, un contador que revisaba las finanzas de la parroquia descubrió una “cantidad astronómica de transacciones” en los extractos de las tarjetas de crédito de la iglesia. Las compras habían comenzado a hacerse en 2019, poco después de la llegada del religioso al templo, a través de una cuenta de usuario de Apple registrada a su nombre.

Una revisión a fondo de los registros bancarios reveló que Kozak había acumulado más de 40.000 dólares en gastos en el transcurso de tres años. Los recursos parroquiales los empleó para comprar regalos y artículos personales, y para financiar su adicción a juegos móviles como ‘Candy Crush’, ‘Mario Kart’ y ‘Pokémon Go’.

En una entrevista en ese entonces con uno de los investigadores, Kozak comentó que estaba buscando asesoramiento para su adicción. Al mismo tiempo, afirmó que, más que gastar en juegos de azar en línea, lo que hacía era comprar habilidades para obtener ventajas en los juegos que consumía.

Por otro lado, el sacerdote negó haber usado intencionalmente las cuentas de la iglesia, argumentando que las tarjetas estaban vinculadas a su teléfono celular para el pago de servicios permitidos por las autoridades eclesiásticas. Sin embargo, reconoció que pudo haberlas utilizado accidentalmente. Además, dijo sentirse “decepcionado” por haber dejado que las cosas llegaran a ese punto, aunque señaló que no había excusas y que debió haber prestado más atención.

Desde la gerencia comercial de Saint Thomas More, no obstante, consideran que Kozak sabía perfectamente lo que estaba haciendo. En una ocasión anterior ya se le había contactado para cuestionarle sobre unas compras inexplicables en los extractos de cuenta y ya le habían advertido sobre los peligros de mezclar gastos comerciales y personales.

Kozak, de 51 años, fue destituido de su puesto en noviembre de 2022. La arquidiócesis emitió en ese entonces un comunicado indicando que la decisión estaba basada en “ciertos gastos” suyos y el cuestionamiento del uso de los fondos parroquiales. Tras las acusaciones de la semana pasada, el reverendo fue puesto en libertad tras pagar una fianza de 250.000 dólares.

De acuerdo con su abogado, Joseph Poluka, se revisarán los cargos y planean contactar a los fiscales sobre el caso en los próximos días. Kozak se había disculpado con el sacerdote que lo sustituyó, diciendo que lamentaba haber “cometido ese error” y que había estado pagando el dinero que le debía a la iglesia.

Al menos 13 personas han muerto y 21 se encuentran desaparecidas por las fuertes lluvias que azotan Rio Grande do Sul, en el sur de Brasil, donde se ha decretado el estado de calamidad pública.

El gobernador, Eduardo Leite, afirmó que se trata del “mayor desastre natural” al que se ha enfrentado el estado. “Tenemos grandes dificultades para rescatar a las personas, porque la lluvia no cesa y esto impide las operaciones aéreas”, aseguró.

Leite dijo que había hablado con el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien informó que la región está viviendo “una situación de guerra”. El mandatario manifestó su intención de viajar este jueves a la zona.