Como ejemplo del enriquecimiento del exmandatario, solo bastaría recordar la gran inversión que realizó para la multimillonaria refacción de la Quinta Bo, que demandó alrededor de USD 3 millo­nes, realizada nada menos que en el momento crítico de la pandemia.

Según la Declaración Jurada de Bienes presen­tada por Abdo Benítez ante la Contraloría, correspon­diente al periodo en el que estuvo en el cargo desde el 15 de agosto de 2018 hasta el 15 de agosto de 2023, su fortuna neta aumentó G. 4.272.061.372, que serían unos 610.000 dólares al cambio de hoy. Sin embargo, solo en la refacción de la Quinta Bo desembolsó un monto cinco veces superior.

Según la publicación del diario Abc, el 23 de agosto pasado, Marito presentó su declaración jurada corres­pondiente a su salida del cargo. En ese documento hizo constar que sus activos treparon a G. 21.908.947.788, mientras que sus pasivos se redujeron a G. 96.112.078; con lo cual, su patrimonio neto quedó en G. 21.812.835.710; es decir, unos 3 millones de dólares.

Otro punto que ya había sido cuestionado en su momento por referentes políticos durante la gestión de Abdo fue el crecimiento expo­nencial e injustificado de las ganancias obtenidas por la planta asfáltica de su pro­piedad, bajo su presidencia.

El exsenador del Frente Guasu Jorge Querey había manifestado incluso que el entonces presidente de la República debía ser inves­tigado por las denuncias de enriquecimiento a través de su empresa, ya que en el 2021 su firma distribuidora de asfalto Aldia SA logró uti­lidades multimillonarias que en un solo año aumentaron 1.290 % en relación con el 2017 (cuando Abdo no estaba en el poder).

“Tiene que ser investigado, todos deben ser investigados. Hay mucha corrupción en este gobierno, mucho lavado de dinero, tráfico de influen­cias y mucho contrabando”, había señalado el exlegisla­dor luguista en una charla con los medios de prensa en el Poder Legislativo.

El excongresista cuestionó también a la Fiscalía por no tomar acciones en este caso puntual y denunció que el Ministerio Público se mane­jaba con criterios políticos. “Se mueve por hilos, conve­niencia e intereses políti­cos”, arremetió Querey ante la falta de una pesquisa ante el escandaloso informe reve­lado por Nación Media.

Durante su gestión al frente del Poder Ejecutivo, Mario Abdo Benítez también se dio el lujo de heredar una man­sión a los hijos de su primer matrimonio, uno de ellos es su representante en distri­buidora que vende asfalto a contratistas del Estado. Se trata del inmueble ubi­cado en la zona de la Reco­leta de Asunción dentro de una propiedad de 2.500 m2 adquirido en el 2003 y que no consignó en su Declaración Jurada de Bienes al asumir el cargo de senador en el año 2013. Esta propiedad, según actualizaciones registradas en Catastro, fue heredada a los dos hijos de su primer matrimonio en el 2020, lo que demuestra una vez más el foco de interés del man­datario durante la dura cri­sis sanitaria por el covid-19, cuando miles de compatrio­tas suplicaban medicamen­tos en los hospitales y fami­lias enteras eran enlutadas.

Según la investigación publi­cada por la periodista de La Nación/Nación Media Ros­sana Escobar, el precio por m² del terreno en la zona refe­rida ronda los USD 500, con lo que solo el valor de la tierra hoy rondaría los USD 1,2 millo­nes. Misma cotización por m2 de construcción señalaron profesionales del sector, con lo que el valor del patrimonio fácilmente supera los USD 2 millones.

Todos estos datos permi­ten deducir que en realidad el crecimiento patrimonial de Abdo Benítez en los últi­mos cinco años está lejos de ser “modesto”, según lo cali­ficaron en el diario de la calle Yegros.

La distribuidora de asfalto Aldia SA, empresa declarada por el expresidente Mario Abdo Benítez, ostenta el cuasimonopolio del rubro de acuerdo a los datos obte­nidos por la “La caja negra”. En el 2016 la empresa Aldia tenía apenas el 40 % del mer­cado e importaba menos de 30 mil toneladas. Sin embargo, en el año 2021 la empresa del expresidente manejó el 60 % del mercado de asfalto e importa por valores cerca­nos a 80 mil toneladas. Testi­monios de competidores del rubro aseguran que desde que Marito llegó a la Presidencia y comenzó el “boom” de las obras públicas, su empresa comenzó a registrar un cre­cimiento exponencial asfi­xiando a los demás competi­dores del rubro.

El modus operandi imple­mentado en el Ministerio de Obras Públicas para ganar licitaciones de obras con­sistió en aplicar la regla de “ser cliente de la empresa de asfalto de Marito”. “La caja negra” obtuvo testimonios exclusivos de otros provee­dores del rubro de asfalto, quienes aseguran padecer la asfixia generada por parte de la empresa presidencial. La firma Aldia SA ofrece el asfalto más caro del mer­cado incluso llegando a 80 dólares más por tonelada, sin embargo, es la provee­dora favorita contratada por las empresas vialeras que más contratos tienen con el MOPC.

El expresidente de la Repú­blica Mario Abdo Benítez uti­liza como bandera política los kilómetros de asfalto durante su gobierno y se jacta a la vez de no tener ningún contrato con el Estado paraguayo, sin embargo, evita mencionar que su empresa proveedora de asfalto creció en un 450 %, según registros de la Direc­ción Nacional de Aduanas hasta el 2021.

Las estadísticas de Aduanas muestran que en los años 2018, 2019 y 2020 las cifras de importación de la firma Aldia SA se incrementaron con pro­medios de crecimiento en torno a los G. 50 mil millo­nes anuales. Fue así que de G. 23.515 millones en impor­tación de asfalto en el 2018, las compras de la firma del pre­sidente llegaron a G. 127.206 millones en el 2021; esto equi­vale a un incremento de 450 %, una importante diferencia.

La empresa del mandatario se posicionó en su gobierno como el primero en el ranking de importaciones. Se puede ver que tuvo un vertiginoso aumento en el año 2018, mien­tras los principales competi­dores comenzaron a caer brus­camente y otros mantuvieron sus promedios. Los gráficos de porcentajes del mercado y volumen de importación muestran el crecimiento exponencial de la empresa de Marito, y esto deja en eviden­cia que al expresidente le fue muy bien en estos años.

En coincidencia se dieron las más jugosas licitaciones del Estado para el sector de las obras viales. Y casualmente, las empresas que más contra­tos tienen con el MOPC son las que compran el asfalto de Aldia.

La condición no escrita para hacerse de las grandes lici­taciones sería la correspon­diente compra del producto de Aldia SA, caso contrario no se logran los contratos con el Estado paraguayo. Por ello, según información facilitada por competidores del rubro, casi en simultáneo se firmaba el contrato de la licitación pública y el contrato privado con la empresa del exman­datario para la correspon­diente provisión de asfalto. Este modus operandi no exis­tía antes que Abdo llegara al poder, ya que regían las reglas del libre mercado.

Los demás distribuidores de asfalto inclusive llegaron a ofrecer a las constructoras cotizaciones con 80 dólares por debajo al precio de Aldia SA, pero aun así no lograron colocar sus productos, aten­diendo que la garantía para los contratos en el MOPC es comprar a la empresa del pre­sidente. Esto termina distor­sionando el mercado.

Otro dato no menor es que hoy tienen preferencia de cobros los clientes de Aldia, atendiendo que solo estas vialeras están recibiendo los desembolsos en el MOPC por la deuda que asciende a casi 400 millones de dólares. De esta forma, no se corta la cadena de pago de las con­tratistas a la empresa pro­veedora de asfalto de Abdo. Mientras que los demás viale­ros que compran de otros pro­veedores se están viendo en figurillas al no formar parte del grupo privilegiado.

Como si todo eso fuera poco, se suma que el hermano del gerente de la empresa Aldia SA era nada más y nada menos que el jefe de Suminis­tros del MOPC. Édgar Darío Morán Brizuela era el direc­tor de Bienes y Suministros del MOPC. De acuerdo a su declaración jurada, entre el 2014 y el 2019, este funciona­rio creció su patrimonio en 1.000 millones de guaraníes.

Así el rubro de negocios decla­rado por el expresidente de la República cierra su cír­culo perfecto con la venta de asfalto a contratistas de rutas. Ante el total de rutas y kiló­metros asfaltados por este gobierno y el considerable aumento de las importacio­nes de asfalto de la empresa de Marito, se presupone que todo el asfalto utilizado para la construcción de esas rutas fue proveído por Aldia SA, la gran beneficiada con el “boom” actual de las obras viales.

La acción encarada por la Ande se realizó en el marco de las festividades del 14 y 15 de mayo, con el fin de acompañar todas las actividades previstas en los días de conmemoración del día de la independencia del Paraguay y de las gloriosas madres paraguayas.

Se realizaron las reparaciones necesarias en 116 artefactos de alumbrado público, asegurando así un entorno seguro y adecuadamente iluminado.

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A su vez, la Policía Nacional prepara un operativo de seguridad para resguardar la seguridad de todas las personas que participarán de los diferentes actos festivos para este 14 y 15 de mayo.

Desde el viceministerio impulsarán alternativas de desplazamientos en caso de que el Centro de Empresarios del Transporte Público del Área Metropolitana (Cetrapam) persista con el paro de buses.

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Este denominado plan de contingencia incluye el apoyo y acompañamiento de instituciones gubernamentales, como el ofrecimiento del sector privado, para garantizar a los ciudadanos el servicio de transporte.

Fernández informó a los representantes de Opama, respecto a la reunión tripartita convocada por el Viceministerio de Trabajo para el próximo 16 de mayo, y las acciones que se llevarán adelante.

Indicó que las conversaciones con las organizaciones civiles son importantes y aportan de manera estratégica en el plan de reforma del sistema de transporte que se prevé impulsar. Además, reiteró que el paro de buses es una medida anacrónica, e insistió que el diálogo es el camino que conducirá a mejorar el servicio público.

“Rechazamos cualquier medida de presión como el paro, y nos mantenemos en eso. Nosotros hemos dicho desde el primer día que nuestra estrategia es el diálogo institucionalizado, lo que significa tratar los puntos en las mesas establecidas”, manifestó.

“Un paso trascendental, luchamos en su momento para que la ley se haga realidad. Hoy estamos haciendo realidad la reglamentación que va a permitir que productos paraguayos, productos que se realizan aquí en el Paraguay, el cemento, pueda ser utilizado para las obras viales, que nos van a permitir también dar, aparte de la mano de obra, una mayor calidad y durabilidad a nuestra red vial”, expresó el presidente Santiago Peña.

Al respecto de la promulgación, la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, manifestó que después siete años hoy finalmente están dando inicio a una transformación de infraestructura, la de pavimento rígido con cemento nacional, marcando un hito importante en el desarrollo del país.

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Cabe recordar que durante el Seminario Internacional Construcción de Pavimentos de Hormigón organizado por la Asociación Paraguaya de Carreteras (APC), la ministra Centurión había enfatizado la importancia del pavimento rígido, el hormigón, como un elemento fundamental en la ingeniería, destacando su nobleza y su contribución al progreso y desarrollo nacional.

Subrayó el papel crucial que desempeña la utilización de este tipo de pavimento, su impacto en la industria nacional, impulsando el crecimiento económico y la generación de empleo en todo el país.

IMPLEMENTACIÓN

Según el Decreto 1.683/24 “Que establece la utilización de pavimento rígido en los proyectos de obras viales”, a los efectos del cumplimiento gradual de las disposiciones contenidas en el Artículo 2° de la Ley N.º 5841/2017, será considerado “Primer año inicial” al año 2024, “Segundo año” al año 2025, “Tercer año” al año 2026 y “Cuarto año” al año 2027.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) deberá planear, programar, presupuestar y contratar la construcción de pavimento rígido en un porcentaje del: 15% del total de las obras viales programadas para el año 2024; 20% del total de las obras viales programadas para el año 2025; 25% del total de las obras viales programadas para el año 2026; 30% del total de las obras viales programadas para el año 2027 y subsiguientes, según reza el artículo 3 de la normativa.