El Poder  Ejecutivo objetó totalmente el proyecto con el argumento de que los recursos en cuestión representan una fuente importante de ingresos institucionales para la Policía Nacional y la Corte Suprema de Justicia, respectivamente.

Según explicaron los legisladores al brindar respaldo a la decisión de objetar la normativa, dejar de percibir esos recursos podría afectar el cumplimiento de lo ya comprometido y presupuestado.

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Al respecto, mencionaron que la Corte Suprema de Justicia dejaría de percibir, por año, aproximadamente G. 11 mil millones, lo que afectaría también los ingresos del Ministerio Público y el Ministerio de Justicia, teniendo en cuenta la distribución de tasas judiciales.

A su vez, el Departamento de Identificaciones dejaría de percibir, aproximadamente, G. 18 mil millones, lo que representa el 46 % de sus ingresos.

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Cabe recordar que actualmente la expedición de estos certificados tiene un costo de G. 24.500 (antecedentes policiales), y G. 39.236 (antecedentes judiciales).

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la Federación de Empresarios de la Belleza acordaron establecer una mesa de diálogo con el objetivo de explorar vías que impulsen una mayor formalización laboral dentro del sector.

Durante una reunión presidida por el viceministro de Trabajo, César Segovia, los empresarios expresaron su interés en adoptar experiencias exitosas de la región para aumentar el número de salones de belleza legalizados. Este enfoque apunta a generar mayores ingresos fiscales y a ampliar la cantidad de profesionales alcanzados por la cobertura del seguro social.

A solicitud de la Federación, el abogado brasileño Achiles Cavallo presentó el modelo del Derecho de Salón de Socios, que se implementa de forma voluntaria en su país, destacando su relevancia y alcance.

En el barrio Lote Guasu de San Lorenzo se encuentra la vivienda allanada esta mañana por la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público.

La pesquisa parte de la base del reporte emitido por la Contraloría General de la República, donde se habla de una inconsistencia entre los salarios de Cáceres y los bienes que posee. En ese marco fue imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

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En el procedimiento se constató que Cáceres y su esposa, Ruth Da Silva, de profesión odontóloga, continúan residiendo en la casa, pese a que, según las investigaciones, la pareja había vendido este inmueble a una joven de 20 años. Esta operación se habría hecho con el objetivo de ocultar la propiedad de la residencia.

La presunción de la Fiscalía es que Cáceres adquirió los terrenos y los transfirió a una tercera persona con el fin de borrar su nombre de al propiedad.

Además de Cáceres, tanto Da Silva y la joven presuntamente involucrada, fueron imputadas por lavado de activos.

Un niño que se divertía sobre su bicicleta se salvó de ser embestido por un vehículo, cuyo conductor se encontraba en estado etílico. El hecho ocurrió ayer en horas de la mañana en inmediaciones del mercado municipal “La Placita” de la ciudad de Encarnación y fue captado por un circuito cerrado de la zona.

En imágenes se observa al pequeño sobre su biciclo paseándose en la vereda cuando, en un momento dado, el automovilista perdió el control de su rodado subiéndose sobre la calzada donde estaba el niño y tras casi impactarlo, escapó del lugar.

Tras el reporte a la Policía Nacional, los agentes comenzaron la búsqueda del conductor hallándolo en estado de ebriedad. Luego de ser aprehendido fue trasladado hasta la base policial, donde se le practicó el alcotest arrojando como resultado 0,493mg/L de alcohol en sangre.

El conductor irresponsable fue identificado como Óscar David Alvarenga González, de 33 años, domiciliado en el barrio Pacú de la mencionada localidad.

El caso fue comunicado a la fiscal de turno, Zulma Britos, quien dispuso la incautación del vehículo involucrado, además que Alvarenga continúe en la comisaría en carácter de aprehendido.