El senador Basilio Núñez, autor del proyecto que modifica y amplía varios artículos de la Ley de Administración Financiera, explicó que, con esta presentación está cumpliendo uno de sus compromisos electorales: regular a las ONG’s, fundaciones o agencias, sea cual fuere el nombre que le pongan, bajo el lema de “sin fines de lucro”.

“Ya tuvimos antes de las elecciones organizaciones que supuestamente se dedicaban a hacer una especie de control electoral, ejemplo, Semillas para la Democracia y otros, que no cumplieron su rol, sino que respondían directamente a una de las candidatas”, comentó Núñez.

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Mencionó, además, la investigación del diario La Nación sobre la fundación Cird, en donde se desveló que, clanes familiares se distribuían gran parte del dinero.

Sobre el punto, Núñez indicó que, urge un control a las ONG’s, además de encontrar trazabilidad a los fondos que reciben y tratar de transparentar todo, incluso los registros, pues, actualmente solo 60 figuran en el Presupuesto General de Gastos.

Una de las inclusiones del proyecto, al ámbito de aplicación de la Ley de Administración Financiera, precisamente es la de las fundaciones, organismos no gubernamentales, agencias especializadas, cualquiera sea su denominación, personas físicas o jurídicas, que reciba o administre fondos, servicios o bienes públicos, sean estos provenientes de convenios de préstamos, donaciones, asistencia técnica y/o cooperación internacional no reembolsable.

Se agrega la prohibición a los organismos y entidades del Estado a firmar acuerdos, convenios u otros documentos similares, con organismos no gubernamentales que reciban o administren fondos provenientes de organizaciones y personas del exterior, si los mismos no están incluidos previamente en el Presupuesto General de la Nación o el Presupuesto de los Gobiernos Municipales.

En cuanto al crédito público, se prohíbe que las operaciones  sean administradas por las ONG’s o agencias, sean nacionales o extranjeras, las que deberán ser autorizadas por otra ley diferente a la operación de crédito.

Respecto a la aprobación y firmas de contratos de empréstitos, se prohíbe las cláusulas en donde se establezca que sean administradas por fundaciones, organismos no gubernamentales y agencias especializadas, las que en cada caso deberán ser autorizadas por otra Ley distinta al contrato de

Para la trazabilidad de todos los recursos, se crea el Registro Nacional de Organizaciones no Gubernamentales, cualquiera sea su denominación, que estará a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas.

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La acción encarada por la Ande se realizó en el marco de las festividades del 14 y 15 de mayo, con el fin de acompañar todas las actividades previstas en los días de conmemoración del día de la independencia del Paraguay y de las gloriosas madres paraguayas.

Se realizaron las reparaciones necesarias en 116 artefactos de alumbrado público, asegurando así un entorno seguro y adecuadamente iluminado.

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A su vez, la Policía Nacional prepara un operativo de seguridad para resguardar la seguridad de todas las personas que participarán de los diferentes actos festivos para este 14 y 15 de mayo.

Desde el viceministerio impulsarán alternativas de desplazamientos en caso de que el Centro de Empresarios del Transporte Público del Área Metropolitana (Cetrapam) persista con el paro de buses.

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Este denominado plan de contingencia incluye el apoyo y acompañamiento de instituciones gubernamentales, como el ofrecimiento del sector privado, para garantizar a los ciudadanos el servicio de transporte.

Fernández informó a los representantes de Opama, respecto a la reunión tripartita convocada por el Viceministerio de Trabajo para el próximo 16 de mayo, y las acciones que se llevarán adelante.

Indicó que las conversaciones con las organizaciones civiles son importantes y aportan de manera estratégica en el plan de reforma del sistema de transporte que se prevé impulsar. Además, reiteró que el paro de buses es una medida anacrónica, e insistió que el diálogo es el camino que conducirá a mejorar el servicio público.

“Rechazamos cualquier medida de presión como el paro, y nos mantenemos en eso. Nosotros hemos dicho desde el primer día que nuestra estrategia es el diálogo institucionalizado, lo que significa tratar los puntos en las mesas establecidas”, manifestó.

“Un paso trascendental, luchamos en su momento para que la ley se haga realidad. Hoy estamos haciendo realidad la reglamentación que va a permitir que productos paraguayos, productos que se realizan aquí en el Paraguay, el cemento, pueda ser utilizado para las obras viales, que nos van a permitir también dar, aparte de la mano de obra, una mayor calidad y durabilidad a nuestra red vial”, expresó el presidente Santiago Peña.

Al respecto de la promulgación, la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, manifestó que después siete años hoy finalmente están dando inicio a una transformación de infraestructura, la de pavimento rígido con cemento nacional, marcando un hito importante en el desarrollo del país.

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Cabe recordar que durante el Seminario Internacional Construcción de Pavimentos de Hormigón organizado por la Asociación Paraguaya de Carreteras (APC), la ministra Centurión había enfatizado la importancia del pavimento rígido, el hormigón, como un elemento fundamental en la ingeniería, destacando su nobleza y su contribución al progreso y desarrollo nacional.

Subrayó el papel crucial que desempeña la utilización de este tipo de pavimento, su impacto en la industria nacional, impulsando el crecimiento económico y la generación de empleo en todo el país.

IMPLEMENTACIÓN

Según el Decreto 1.683/24 “Que establece la utilización de pavimento rígido en los proyectos de obras viales”, a los efectos del cumplimiento gradual de las disposiciones contenidas en el Artículo 2° de la Ley N.º 5841/2017, será considerado “Primer año inicial” al año 2024, “Segundo año” al año 2025, “Tercer año” al año 2026 y “Cuarto año” al año 2027.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) deberá planear, programar, presupuestar y contratar la construcción de pavimento rígido en un porcentaje del: 15% del total de las obras viales programadas para el año 2024; 20% del total de las obras viales programadas para el año 2025; 25% del total de las obras viales programadas para el año 2026; 30% del total de las obras viales programadas para el año 2027 y subsiguientes, según reza el artículo 3 de la normativa.