En la sesión ordinaria del miércoles pasado, el proyecto por el cual se establecen medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas no pudo ser tratado por falta de dictamen y porque no hubo quórum para que el pleno se convierta en comisión y dictamine.

Sin embargo, la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, presidida por el legislador Derlis Osorio, emitió dictamen favorable y con ello, habilitó al estudio.

Consultado sobre los cuestionamientos hacia esta propuesta, Osorio rechazó que se otorgue “superpoderes” al Ejecutivo, ya que el Legislativo autorizará los préstamos con este proyecto para el único fin de la cobertura de las deudas que se arrastran de la administración anterior.

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El proyecto autoriza la contratación de empréstitos hasta US$ 600.000.000, para lo cual, faculta al Ministerio de Economía a la emisión y colocación de Títulos de Deuda del Tesoro Público en el mercado local o internacional, que permitan captar recursos hasta el monto mencionado. También se podrá suscribir contratos de préstamos con organismos financieros internacionales, multilaterales, bilaterales y de ayuda oficial hasta dicho monto.

La propuesta legislativa fue primeramente aprobada en Senadores el 11 de octubre, luego modificada en Diputados el 25 del mismo mes y ahora regresa a la Cámara de origen. Para la ratificación en la versión original, la Cámara Alta requerirá la mayoría absoluta (23 votos), según el artículo 207 de la Constitución Nacional.

La semana pasada, el tratamiento no fue posible, precisamente por la falta del dictamen que ahora ya fue emitido, en la víspera del día de la sesión.

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ATAQUES AL MINISTERIO PÚBLICO

A lo largo de la jornada del lunes, por ejem­plo, el grupo Zucco­lillo utilizó su diario digital, su radio AM y su canal de televisión para dar destaque a la supuesta necesidad de un juicio político al actual titu­lar del Ministerio Público, Emiliano Rolón Fernández. Esta actitud ya se había dado con la predecesora de Rolón, Sandra Quiñónez.Como dejó en evidencia LN en su edi­ción de ayer, este pedido se da casualmente unos días después de que el titular del Ministerio Público recibiera a Alejandro Domínguez, titular de la Conmebol, quien urgió actuaciones en el caso de supuesto lavado dinero realizado por el fallecido expresidente de la matriz del fútbol sudamericano Nico­lás Leoz, a través del banco Atlas, propiedad del grupo Zuccolillo.

UNA POSTURA QUE VARÍA

Abc ha dedicado páginas y páginas en su diario y sitio web, además de extensos espacios de radio y televi­sión para criticar la para­lización de causas que el grupo Zuccolillo considera “emblemáticas”.

El fiscal Edgar Benítez imputó a un chofer de la Unidad Zonal de Presidente Franco, presuntamente implicado en el hurto de evidencias ocurrido días pasados en dicha sede del Ministerio Público.

Se trata de Alejandro Daniel Leiva Garay (27), funcionario contratado, quien enfrenta cargos por hurto especialmente grave, hurto agravado, reducción, quebrantamiento de depósito y asociación criminal.

Los hechos ocurrieron presumiblemente el 14 de mayo pasado, cerca de la medianoche, en el interior de la sede de la Fiscalía, ubicada en la avenida Bernardino Caballero casi Piribebuy, en el municipio franqueño.

Conforme a la investigación, el sindicado aprovechó el feriado nacional para acudir a la sede fiscal a bordo de una motocicleta, en horas de la tarde, aprovechando que en ese momento nadie se encontraba en el lugar, abrió el portón principal que estaba cerrado bajo llave e ingresó al recinto por unos 20 segundos aproximadamente.

Seguidamente, volvió a salir, presuntamente dejando desbloqueado el portón de acceso y llevando las llaves, con el objetivo de facilitar el ingreso más tarde. Posteriormente, alrededor de las 23:50 horas, llegó al lugar un automóvil Toyota Premio, sin chapa, presumiblemente hurtado.

A continuación, descendió una persona, subió al segundo piso, procedió a violentar la puerta del depósito perteneciente a la Unidad Nº 3 y de su interior sustrajo varias evidencias, consistentes en 20 teléfonos celulares de distintas marcas y modelos, armas de fuego, municiones, documentos varios y otros objetos, que fueron cargados en el rodado mencionado para luego salir nuevamente del sitio.

En el marco de la pesquisa del hecho y mediante imágenes del circuito cerrado, los investigadores pudieron determinar la supuesta implicancia de Alejandro Daniel Leiva Garay en los hechos punibles, por lo que fue imputado por el fiscal Edgar Benítez, quien solicitó al Juzgado Penal de Garantías que decrete la prisión preventiva.

A las 23:30, en el barrio San José de la ciudad de Capiatá mataron de un balazo en la cabeza a Kevin Enrique Aguilera Zaracho de 23 años de edad.

El joven tenía orden de captura por violencia intrafamiliar, según informaron los efectivos de la comisaría interviniente.

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En el marco del crimen, la Policía detuvo a Ricardo Mercado Benítez de 20 años de edad como el presunto autor.

El operativo de búsqueda y localización fue realizado en el barrio San Antonio de Capiatá y estuvo a cargo del Departamento de Investigación de Hechos Punibles de Central.

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