El informe del Ministerio Público indica que el fiscal Villalba también solicitó la elevación de la causa a juicio oral. El requerimiento conclusivo se presentó en el Juzgado de Garantías número 8, a cargo de la magistrada Paola Nagele.

De acuerdo con los antecedentes, el extranjero contaba con locales comerciales denominados “Novamed”, en algunos edificios de Ciudad del Este, donde vendía al por mayor y presuntamente de manera irregular maquinarias y equipos para uso médico y hospitalario.  Estas mercancías carecían de la documentación que acredite su introducción legal al país y no contaban con la autorización sanitaria correspondiente, según la acusación fiscal.

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Tras la denuncia recibida por el Ministerio Público, funcionarios de la Unidad Nº 1 en la Persecución de Hechos Punibles contra la Propiedad Intelectual, Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo realizaron una compra vigilada en el comercio en cuestión, en cumplimiento a una autorización judicial. Los intervinientes, que se hicieron pasar como clientes, adquirieron 10 unidades de frascos de Israderm 100 UI, cuyo pago fue realizado a través de depósito bancario a cargo del banco Sudameris a nombre de la firma Pytangy.

Según la investigación, la firma intervenida es una organización que cuenta con una estructura y metodología de operación para la comercialización de los productos ingresados irregularmente del extranjero, que posteriormente se ofertaban a través de varios locales comerciales que funcionan en el microcentro de Ciudad del Este y en Pedro Juan Caballero, conforme señala el escrito fiscal.

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Asimismo, ofrecían sus mercaderías a través de páginas virtuales en las redes sociales, sin contar con el registro sanitario correspondiente, según el informe de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA). A raíz de estas irregularidades, el fiscal Ysrael Villalba dispuso, en su momento, la imputación de Toufi Mohamed El Safadi por los supuestos hechos punibles de contrabando y comercialización de medicamentos no autorizados.

De acuerdo con los registros de la Plataforma de Datos Abiertos del Ministerio Público, hasta abril de 2024, fueron atendidas 6266 víctimas de varios hechos punibles que afectan a Niños, niñas y adolescentes.

Asimismo, unas 52 víctimas por día fueron atendidas de Enero a Abril de 2024, incluyendo casos de Abuso Sexual en niños, Maltrato, Estupro, Pornografía Infantil, Actos Homosexuales en Personas Menores, Abuso por Medios Tecnológicos, Violación del Deber de Cuidado, y denuncias por Incumplimiento del Deber Legal Alimentario.

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Del total de casos, 8 víctimas fueron atendidas por día por casos de Abuso Sexual Infantil.

De la cifra global se desprenden 1014 víctimas de Abuso Sexual en Niños, 590 víctimas de Maltrato de Niños y Adolescentes bajo tutela, 209 casos de Estupro, 893 hechos de Pornografía relativa a Niños y Adolescentes, 5 casos de Abusos por Medios Tecnológicos y 7 de Actos Homosexuales con Personas Menores. Así también se suman 755 casos de Violación del Deber de Cuidado o Educación (Art 226) y 2797 denuncias de Incumplimiento del Deber Legal Alimentario.

Los datos reflejan además que hubo 252 casos de Abuso Sexual en Niños en Enero, en Febrero 197, en Marzo 265, en Abril 300.

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Los departamentos con más denuncias de Abuso Sexual en niños son: Central 423 hechos, Alto Paraná 121, Asunción 86 e Itapúa 55. 180 en Caaguazú, 39 en San Pedro, 31 en Cordillera, 36 en Presidente Hayes, 25 en Canindeyú, 34 en Amambay, 24 en Paraguarí, 27 en Guairá, 22 en Concepción, 17 en Misiones, 57 en Caazapá, 14 en Boquerón, 2 en Alto Paraguay y 5 en Ñeembucú.

Al respecto, la SNC anunció la realización de un diagnóstico a nivel nacional de los sitios patrimoniales, un hito inaugural que orientará un plan integral de restauración y preservación. Este análisis priorizará la intervención en aquellos lugares que demanden una atención urgente, así como en aquellos de gran relevancia histórica.

Tras el encuentro, la Ing. Claudia Centurión, ministra de Obras Públicas, expresó el compromiso de la institución de colaborar estrechamente con la Secretaría de Cultura, enfocándose en acciones concretas en línea con los protocolos establecidos.

Asimismo, subrayó la importancia del enfoque en la resiliencia urbana, especialmente en los proyectos que encara el MOPC en áreas como el centro de Asunción, el Parque Caballero, y la futura ruta PY01, considerando su impacto en sitios como la iglesia de Yaguarón y diversas ciudades atravesadas por la ruta.

Por su parte, Adriana Ortiz, titular de la SNC, señaló: “Como Gobierno, nos hemos propuesto trabajar de manera conjunta, realizar un diagnóstico exhaustivo del estado del patrimonio a nivel nacional y tomar decisiones coordinadas para preservar nuestra memoria y nuestra historia”.

Según lo acordado, el programa, que será lanzado próximamente, se enfocará en tres áreas específicas: iglesias, edificios patrimoniales y sitios históricos relacionados con las dos guerras. Esto permitirá tomar decisiones informadas y distribuir la ejecución de las obras de manera efectiva.

Desde el 24 de agosto de 2019, Marset entraba y salía del país, utilizando a la vez la identidad (falsa) de Gabriel de Souza Beumer, con nacionalidad boliviana y la suya.

De la noche a la mañana, Marset instaló su relato de ser “empresario de eventos”, bajo cuyo membrete comenzó a establecer contactos, entre otros, con Miguel ‘Tío Rico’ Insfrán. A través de este, a su vez, conectó con personas que en ese tiempo, estaban estrechamente ligadas al poder comandado por Mario Abdo Benítez. Entidades como la Senad, Policía, Dinac, entre las principales, cooperaban con la sociedad Marset-Insfrán, para consturir en un breve lapso, uno de los carteles narco más activos en los envíos de cocaína a Europa a gran escala.

Entes como la Dirección de Inteligencia Técnica de la Senad (comandada primero por Arnaldo Giuzzio y luego por su mano derecha, Zully Rolón) proveían información clasificada Tío Rico Infrán y a su grupo, para evitar caídas de envíos de droga, o aprehensiones de sus cuadros principales.

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En la Dinac (que maneja los aeropuertos nacionales) la sociedad Marset-Tío Rico también tenía trato privilegiado. Aparatos de scanner ‘ciegos’ que no detectaban drogas y armas que salían (o entraban) del país. Y funcionarios complicados con los esquemas criminales, constituyeron la constante durante la administración de Abdo Benítez.

Además de los organismos oficiales que prestaban servicios de información y protección al esquema narco, había otras entidades del Estado que oficiaban de herramientas para el lavado de dinero proveniente del crimen.

Un caso emblemático de esto fue el episodio que involucró a Joaquín Roa (hoy preso), ministro de Emergencia Nacional de Abdo Benitez.

La Fiscalía demostró que el entonces ministro Roa, amañó licitaciones para favorecer a la sociedad Marset-Insfrán, a través de Alberto Koube Ayala (hoy preso). El amaño -consigna el Ministerio Público- fue en torno a millonarias compras supuestas de techos de zinc para ser destinados a familias cuyas viviendas fueron dañadas por varios episodios de tormentas. Las compras de esas chapas nunca existieron, y la maniobra ficticia sirvió, no solo para apropiarse del dinero público, sino para lavar dinero que surgía de las transacciones narco.

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