La universitaria Sofía Wasmosy advirtió que la Escuela de Negocios y Formación Superior Initiative no está habilitada. “Ahora me enteré que me estafaron con un título MAU, pagué 90.000.000 y había sido no estaba habilitada por el Cones. ¿Cuánto les está coimeando por eso no intervienen?”, tuiteó.

En respuesta, Initiative indicó mediante un comunicado que Sofía Wasmosy no es alumna de la institución y además resaltó que los programas de posgrado son certificados por el CFT de la Pontificia Universidad Católica de Valparaiso, Chile, o por la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid, España.

Ahora me enteré que me estafaron con un título MAU, pagué 90.000.000 y había sido no estaba habilitada por el @ConesParaguay ¿Cuánto les está coimeando por eso no intervienen @ConesParaguay? @sedecopy ustedes por favor pueden intervenir. pic.twitter.com/HRMztsz1na

— Sofía Wasmosy (@sofiaw230) February 25, 2021

VERSIÓN DE INITIATIVE

La Escuela de Negocios y Formación Superior Initiative informó que las maestrías brindadas otorgan un certificado europeo y que el estudiante luego puede convalidarlo en nuestro país al recurrir al Cones.

Rodrigo Arturi, fundador y director de Initiative Escuela de Negocios, indicó a Hoy Digital que cumplen con todos los requisitos que exige el Cones. “La maestría tiene 60 créditos transferibles europeos, eso significa que tiene 1000 horas de estudios, cuando la legislación paraguaya exige menos. Tratamos de contribuir a mejores profesionales para los negocios”, resaltó. “Es válido en toda la comunidad europea. Están tratando de descalificar un programa que tiene el aval del sistema europeo”, agregó.

Esto lo dijo luego de una publicación de Twitter, en la que una usuaria denuncia una supuesta estafa. Al respecto Arturi aseguro que se trata de un perfil falso y que la presunta denunciante en realidad ni siquiera fue alumna de esa casa de estudios.

El director de Initiative dijo desconocer de dónde proviene el ataque a su imagen, ya que hace 25 años trabaja en nuestro país y que en todo este tiempo se ganó el reconocimiento.

Sobre el sistema de enseñanza, el entrevistado comentó que ofrecen las instalaciones equipadas para recibir a los estudiantes y que vienen profesores españoles a dar las clases que certifican las casas internacionales. Es así que los alumnos dan las clases y hacen su tesis en Paraguay. Posteriormente van a España a defender y recibir sus certificados internacionales. Este traslado y los gastos del hospedaje ya están incluidos en el arancel de la maestría.

Arturi aclaró que no hay inconveniente para validar el documento obtenido en el extranjero, ya que la certificación obtenida es una internacional que puede convalidarse en cualquier universidad del mundo inclusive. Aclaró que estudiar negocios no es similar a lo que ocurre con la carrera de medicina, para lo cual sí se requiere de una habilitación especial.

“Acá no hay engaño alguno, la gente sabe lo que recibe, no hay certificación local pero el diferencial es que se da un título internacional. No somos unos improvisados”, remarcó.

LO QUE DICE CONES SOBRE LAS PROPUESTAS EDUCATIVAS

Al respecto, César Ruffinelli, asesor jurídico externo del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), indicó a radio UNO 650 AM que están recibiendo varios reclamos referentes a ofertas académicas de instituciones de educación superior que no se encuentran legalmente habilitadas en el país.

Advirtió que durante la pandemia surgieron ofertas de instituciones que no están debidamente constituidas, por lo que se debe tener cuidado a la hora de optar por alguna de ellas. “Si no están registradas o catastradas en el Cones, esos títulos de las instituciones no van a ser registrados, porque el Cones es el órgano rector. Son como escuelas o colegios clandestinos que se abren, existen en el mundo virtual”, agregó.

Es por ello que, antes de elegir la institución educativa, se consulte en la página web del Cones si las carreras ofrecidas están legalmente habilitadas, remarcó Ruffinelli. Aclaró que los títulos obtenidos fuera del país sí se pueden homologar en el Paraguay, siempre y cuando la institución del extranjero cuente con el aval del respectivo órgano rector.

“Hay que tener cuidado porque hay muchas instituciones intermediarias que hacen cursos de grados y posgrado, en su buena fe las personas caen en sus garras, pero reciben un título que luego no pueden registrar. Yo puedo invocar que soy la filial de Harvard pero si no estoy registrado en el país, el título expedido no le va a servir”, agregó.

Indicó que en el caso de sufrir alguna irregularidad de este tipo, se recurra a la Fiscalía para denunciar el delito porque podría constituirse en una estafa.

ATAQUES AL MINISTERIO PÚBLICO

A lo largo de la jornada del lunes, por ejem­plo, el grupo Zucco­lillo utilizó su diario digital, su radio AM y su canal de televisión para dar destaque a la supuesta necesidad de un juicio político al actual titu­lar del Ministerio Público, Emiliano Rolón Fernández. Esta actitud ya se había dado con la predecesora de Rolón, Sandra Quiñónez.Como dejó en evidencia LN en su edi­ción de ayer, este pedido se da casualmente unos días después de que el titular del Ministerio Público recibiera a Alejandro Domínguez, titular de la Conmebol, quien urgió actuaciones en el caso de supuesto lavado dinero realizado por el fallecido expresidente de la matriz del fútbol sudamericano Nico­lás Leoz, a través del banco Atlas, propiedad del grupo Zuccolillo.

UNA POSTURA QUE VARÍA

Abc ha dedicado páginas y páginas en su diario y sitio web, además de extensos espacios de radio y televi­sión para criticar la para­lización de causas que el grupo Zuccolillo considera “emblemáticas”.

El fiscal Edgar Benítez imputó a un chofer de la Unidad Zonal de Presidente Franco, presuntamente implicado en el hurto de evidencias ocurrido días pasados en dicha sede del Ministerio Público.

Se trata de Alejandro Daniel Leiva Garay (27), funcionario contratado, quien enfrenta cargos por hurto especialmente grave, hurto agravado, reducción, quebrantamiento de depósito y asociación criminal.

Los hechos ocurrieron presumiblemente el 14 de mayo pasado, cerca de la medianoche, en el interior de la sede de la Fiscalía, ubicada en la avenida Bernardino Caballero casi Piribebuy, en el municipio franqueño.

Conforme a la investigación, el sindicado aprovechó el feriado nacional para acudir a la sede fiscal a bordo de una motocicleta, en horas de la tarde, aprovechando que en ese momento nadie se encontraba en el lugar, abrió el portón principal que estaba cerrado bajo llave e ingresó al recinto por unos 20 segundos aproximadamente.

Seguidamente, volvió a salir, presuntamente dejando desbloqueado el portón de acceso y llevando las llaves, con el objetivo de facilitar el ingreso más tarde. Posteriormente, alrededor de las 23:50 horas, llegó al lugar un automóvil Toyota Premio, sin chapa, presumiblemente hurtado.

A continuación, descendió una persona, subió al segundo piso, procedió a violentar la puerta del depósito perteneciente a la Unidad Nº 3 y de su interior sustrajo varias evidencias, consistentes en 20 teléfonos celulares de distintas marcas y modelos, armas de fuego, municiones, documentos varios y otros objetos, que fueron cargados en el rodado mencionado para luego salir nuevamente del sitio.

En el marco de la pesquisa del hecho y mediante imágenes del circuito cerrado, los investigadores pudieron determinar la supuesta implicancia de Alejandro Daniel Leiva Garay en los hechos punibles, por lo que fue imputado por el fiscal Edgar Benítez, quien solicitó al Juzgado Penal de Garantías que decrete la prisión preventiva.

A las 23:30, en el barrio San José de la ciudad de Capiatá mataron de un balazo en la cabeza a Kevin Enrique Aguilera Zaracho de 23 años de edad.

El joven tenía orden de captura por violencia intrafamiliar, según informaron los efectivos de la comisaría interviniente.

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En el marco del crimen, la Policía detuvo a Ricardo Mercado Benítez de 20 años de edad como el presunto autor.

El operativo de búsqueda y localización fue realizado en el barrio San Antonio de Capiatá y estuvo a cargo del Departamento de Investigación de Hechos Punibles de Central.

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