Los agentes policiales fueron imputados por la supuesta comisión de los hechos punibles de Privación de Libertad, Extorsión, Extorsión Agravada, Asociación Criminal, Frustración a la Persecución y Ejecución Penal, Cohecho Pasivo Agravado y Realización del Hecho por Funcionario.

El representante del Ministerio Público solicitó además la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva para los imputados.

Los imputados son efectivos policiales a cargo del Departamento de Investigación de Delitos de la Brigada Central y formarían parte de un grupo criminal, encargado de realizar extorsiones a personas, privándoles de su libertad en uso de sus funciones y así obtener sumas de dinero indebido.

Según los antecedentes, el 3 de febrero de 2021, las víctimas denunciantes se encontraban en la vía pública frente a una escribanía ubicada sobre las calles 11 de setiembre y Juan de Leopardi de la ciudad de Fernando de la Mora.

A las 9:00 de la mañana una de las víctimas descendió de su vehículo y al dirigirse hacia la escribanía fue abordada por dos sujetos con uniforme policial, portando identificadores con los nombre de Juan Arévalos y Víctor Velázquez, este último tomó a la víctima del brazo con mucha brusquedad y sin mediar palabras le colocó las esposas y le forzó a subir a un vehículo donde se encontraba otra persona.

Seguidamente, la otra víctima fue forzada y lo esposaron y forzaron a subir al mismo vehículo en el cual se encontraba su esposa, custodiada por Liz González. Se dirigieron a la brigada de San Lorenzo y en todo el trayecto fueron amenazadas con arma de fuego. Una vez en el lugar, les exigían la suma de 50 millones de guaraníes y en caso de negativa, llegarían a perjudicarlas, así dieron todo tipo de amenazas a las víctimas.

El agente fiscal Federico Delfino llevó a cabo dos allanamientos que derivaron en la detención de las tres personas indagadas.

Teresa Servín, abogada de la familia de Rolando Núñez Scolari, explicó que el sobreseimiento provisional implica que todavía existen diligencias para llegar a la certeza real de la responsabilidad de los procesados en la muerte del joven.

Se llegó a esta instancia porque ayer se cumplió la fecha para la presentación del requerimiento conclusivo. El sobreseimiento puede ir hasta un año.

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“Hay una visión jurídica de lo nuevo a lo que la doctora no tuvo acceso. Ver la responsabilidad de otras personas o ampliar la responsabilidad de los que ya estaban investigados”, informó la defensora, en un contacto con la 730 AM.

La necesidad de más tiempo también se sustenta en la aparición de un reglamento de la ANDE que especifica el manejo en materia eléctrica. Se tuvo acceso al contenido recién hace una semana.

Respecto a un acuerdo económico, la abogada reconoció que hubo un acercamiento y una oferta un par de semanas atrás, sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo.

María Lilia Contreras y Édgar Torres, de la Empresa Prolife SA; María M. Contreras y Oscar Daniel Ruiz, de la Empresa Epro SA fueron imputados por homicidio culposo por la fiscal Teresa Rojas, quien luego fue recusada.

En su reemplazo asumió de manera interina la fiscal Karina Serón, quien lleva la carpeta hace un mes y por ello necesita más tiempo para la pesquisa.

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Un llamativo hecho aconteció cerca de la 02:00 de la madrugada de este jueves, en la playa de Funes Automotores, situada sobre la Avda. Mariscal López y Luis Alberto del Paraná.

Al sitio llegaron desconocidos, quienes descendieron de un vehículo y arrojaron una bomba molotov contra el local.

Un automóvil Toyota Auris, color plata, recién importado, fue totalmente consumido por las llamas y quedó inservible.

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Efectivos de la Comisaría 2ª Central recibieron el aviso en la oficina de guardia y, una vez en el lugar, intentaron apagar el fuego con precarios baldes de agua, mientras esperaban la llegada de los bomberos. Desafortunadamente, no pudieron salvar el vehículo.

De momento, se desconoce quiénes podrían estar detrás del atentado y cuáles serían los motivos que los llevaron a cometer el hecho. En la escena encontraron botellas con combustible.

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“Soñamos con un mañana mejor” es el nombre que lleva el proyecto del Centro de Rehabilitación y Reinserción Laboral de Mujeres, que consiste en la confección de escarapelas.

El trabajo estará a cargo de las internas y el resultado será la distribución de sus productos en centros educativos e instituciones de Alto Paraná.

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“El deseo de las mujeres privadas de libertad de volver a ser útiles a la sociedad”, comentó la directora del centro Juana María de Lara, Lourdes Nelsi Centurión.

La meta de llegar a 4.000 escarapelas será la misión confiada a 20 mujeres privadas de su libertad en dicho lugar.

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Además de aplicar penas para hacer justicia por los delitos cometidos, otra de las funciones del Estado es la reinserción social de las personas que cometieron un hecho punible. Los talleres de oficios, las capacitaciones y otras actividades forman parte de esa misión de preparar a la gente para insertarse a la sociedad, una vez que recuperen su libertad.