Sin respuestas del Gobierno: comerciantes encarnacenos continúan protesta

Comerciantes de Encarnación continúan con la medida de fuerza desde hace 22 días ya que hasta el momento no tuvieron respuestas por parte del Gobierno sobre su pedido. Anunciaron que un grupo viajó a Asunción a fin de reunirse con representantes del Ejecutivo.

Los comerciantes legalmente constituidos se manifiestan en estos momentos en la cabecera del Puente San Roque González de Santa Cruz debido a que todavía no tienen respuestas por parte del Gobierno sobre el subsidio de G. 3 millones en tres pagos o más, según informó la corresponsal de GEN, Rocío Gómez.

Alfredo Bareiro, miembro de la comisión del circuito comercial, dijo que desde hace 22 días están en una carpa, ubicado en la cabecera del puente como medida de fuerza. Añadió que a la medianoche un grupo de integrantes de dicha comisión viajó a Asunción para reunirse con representantes del Ejecutivo.

“Estamos esperando respuestas de eso, queremos saber hasta dónde llega el compromiso del Estado hacia los comerciantes de Encarnación ya que hace 22 días estamos en nuestra carpa y nadie se acercó a conversar con nosotros”, expresó en entrevista con el programa Tempranísimo de Universo 970 AM.

Bareiro mencionó que desde hace 9 meses están sin trabajar a raíz de la pandemia y lamentó que hasta el momento no hayan podido conseguir nada. “Hasta ahora tenemos respuesta nula por parte del Gobierno, estamos con las manos vacías”, arremetió.

El entrevistado precisó que son 600 los comerciantes que por el momento están en el olvido.

Comerciantes informales, a su vez, también viajaron a la Capital a fin de negociar el pago del subsidio ya que rechazaron debido a que sería desembolsado a través del programa Pytyvõ y tendrán que pagar impuestos para el año siguiente.

Por otra parte, fue liberado esta mañana el portón para el transito libre de los camiones.

“Caseros de oro”: Fiscalía apela sobreseimiento del exdiputado Tomás Rivas

La Fiscalía presentó una apelación contra la decisión de un Tribunal de Sentencia que sobreseyó en forma definitiva al exdiputado Tomás Rivas, en el marco de la causa que se le abrió por la supuesta comisión del hecho punible de estafa en el caso conocido como "caseros de oro”.

El Ministerio Público, a través del fiscal anticorrupción Diego Arzamendia, peticionó que la Cámara de Apelaciones anule la decisión del tribunal.

Cabe recordar que los caseros Reinaldo Chaparro, Nery Franco y Lucio Romero, fueron condenados a 2 años de prisión con suspensión a prueba de la ejecución de la pena, en junio de 2021. Se confirmó que estos acusados prestaron servicios en las propiedades del exdiputado Tomás Rivas en 2017 y cobraban salarios asignados por la Cámara Baja.

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Los antecedentes del caso señalan que el tribunal presidido por la jueza Laura Ocampos e integrado por los magistrados Juan Pablo Mendoza y Fabián Weisensee fallaron a favor del político de Ybycuí teniendo en cuenta lo que establece el Artículo 25 inciso 10 del Código Procesal Penal e hizo lugar a la extinción de la acción penal.

El fiscal Arzamendia tomó intervención debido a que la defensa de Rivas recusó al fiscal original de la causa, Luis Piñanez. El Ministerio Público sostiene que los tres magistrados incurrieron en una errónea aplicación del Art. 25 inc. 10 del CPP, dado que no hubo acuerdo ni consentimiento de la Fiscalía para la reparación económica.

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Los tres magistrados unánimemente admitieron el pago de G. 121.800.000 a la Cámara de Diputados, en concepto de devolución del dinero que cobraron en forma irregular tres caseros de Rivas, quienes supuestamente trabajaban en la Cámara Baja, pero no cumplían funciones en la sede parlamentaria, sino en la casa del exlegislador.

Asimismo, el tribunal dispuso el pago de G. 47.000.000, el año pasado, por parte de Rivas, a través de la Contraloría General de la República, para la reparación de escuelas ubicadas en barrios pobres.

Imputan por intento de feminicidio a un hombre que agredió brutalmente a su pareja

La víctima llegó en estado inconsciente, con traumatismo de cráneo grave, fracturas a nivel de la clavícula y golpes de consideración a la altura del rostro.

El fiscal de Curuguaty, Christian Roig, imputó por intento de feminicidio a un hombre luego de agredir físicamente a su pareja, asimismo, abrió una carpeta fiscal para investigar el hecho.

La Fiscalía pidió la prisión preventiva del imputado, Alejandro Ruiz Díaz Villar, de 36 años, quien ya fue aprehendido.

Los hechos se registraron el pasado 1 de mayo de 2024, en horas de la madrugada, y el Ministerio Público fue informado a través de una llamada telefónica realizada por un médico de guardia del Instituto de Previsión Social de Curuguaty, resultando víctima Delia Torres, quien llegó al centro médico con lesiones graves.

El reporte de los médicos refiere que la víctima llegó en estado inconsciente, con traumatismo de cráneo grave, fracturas a nivel de la clavícula y golpes de consideración a la altura del rostro. La mujer, debido a su estado de salud grave, tuvo que ser trasladada hasta el IPS de Asunción.

Los datos que se manejan señalan que después del hecho, al percatarse de la gravedad de la situación de la mujer, el supuesto agresor la llevó al centro médico local. Luego fue aprehendido por los agentes policiales de la comisaría 5.ª de Curuguaty, quedando a disposición del Ministerio Público.

Con Constitución en mano, trabajadoras sexuales toman distancia de proxenetas

La Asociación de Trabajadoras Sexuales del Paraguay, se desmarcó de episodios de proxenetismo, ventilados en las últimas horas, y que refieren episodios ilegales perpetrados por personas que infringen las leyes.


Mónica Aquino, titular del gremio que aglutina a dicho ítem de prestaciones de ese tipo de servicios, expreso que los asociados a la nucleación, no tienen ninguna relación ni tipo de conexión alguna con explotaciones de esa naturaleza.

La dirigente sectorial remarcó que desde la agrupación, manejan proyectos para mejorar la situación de las trabajadoras del ámbito, a efecto de elevar reivindicaciones.

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En Paraguay el ejercicio de la prostitución no tiene prohibición alguna en el aspecto de la legislación. La Constitución en su artículo 86 establece el derecho a ejercer una actividad legal como medio de ingreso. Al no haber prohibición legal, se entiende que está permitido. No es ese el caso del proxenetismo, entendido esto como acción por el que una persona obliga o induce a otra a ejercer servicio sexual para fines personales del que infringe la ley.

El articulo 133 del Código Penal paraguayo establece penas a los que explotan a personas bajo la figura de proxenetismo.

El tema de aumento de casos de a trata de personas, salta ahora de vuelta al tapete tras conocerse informes provenientes de España, que señalan la residencia de miles de paraguayas en el país europeo, que se dedican a la prostitución, obligadas por bandas criminales.