Tras su asunción al cargo de director del lado paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Nicanor Duarte Fru­tos realizó multimillonarios repartos de plata a distintas gobernaciones, organiza­ciones civiles y municipios en concepto de inversiones sociales. La suma ya trepó hasta los G. 500 mil millones (US$ 70 millones) en los últi­mos años y desde la binacional se niegan a pasar la rendición de cuentas sobre el destino final y la forma en que se gas­taron los fondos.

A tan solo pocos meses de asu­mir el cargo, Duarte Frutos entregó G. 30.166 millones para los distintos programas sociales de varios departa­mentos y ciudades del área de influencia de la represa. En el 2018, Yacyretá destinó este millonario monto a dife­rentes proyectos y acciones relacionados con salud, edu­cación, programas producti­vos, obras de infraestructura y construcción de viviendas en los departamentos de Ita­púa, Misiones, San Pedro y Caazapá.

Para el 2019, la cifra aumentó considerablemente, ya que la inversión social escaló hasta los G. 251.616 millones (US$ 36 millones). En ese año vol­vieron a ocupar la mayoría del presupuesto de aportes los departamentos del área de influencia, aunque se suma­ron otras zonas como Caaguazú, Cordillera y Ñeem­bucú. Finalmente, en lo que va de este año 2020 y durante la pandemia de covid-19, la EBY ha entregado G. 193 mil millo­nes en ayudas sociales para varios sectores.

Cabe recordar que Duarte Frutos dio su rotundo no al pedido realizado por este medio sobre gastos en publi­cidad y transferencias socia­les y movilizó a todo su equipo jurídico para tratar de dar una explicación a la negativa. Argumentó que las infor­maciones solicitadas por la prensa se encuentran en la página web de la EBY y afirmó que este medio solo intenta realizar una auditoría. Sos­tuvo que solo la Contraloría General de la República (CGR) es la institución encargada de realizar tal acción.

En este sentido, hay que desta­car que la desaprobación se da pese a un dictamen dirigido al propio director de la EBY por parte del Ministerio de Justi­cia, que resolvió que la bina­cional debe brindar la infor­mación solicitada a través de la web de acceso a la información pública. Yacyretá había argüido que el pedido debía realizarse vía Cancillería debido a que supuestamente necesitaban la autorización de la margen izquierda (Argentina).

MÁS PLATA QUE EN MINISTERIOS

La caja chica de Nicanor (G. 500.000 millones) que viene manejando en estos dos años y medio supera con creces los presupuestos para 2021 de varios entes del equipo eje­cutivo como el del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguri­dad Social, que cuenta con G. 297.226 millones; al Minis­terio de Defensa Pública, que cuenta con G. 261.615 millo­nes, y al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, con G. 75.531 millones, entre otros.

Asimismo, lo gastado por la EBY se equipara con los pre­supuestos de grandes minis­terios como el de Agricultura y Ganadería (G. 535.346 millo­nes), Ministerio de Urba­nismo, Vivienda y Hábitat (G. 515.925 millones) e incluso es similar a la suma de los presu­puestos del Congreso Nacio­nal, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, que alcanza los G. 503 mil millo­nes para el próximo año.

Las cifras revelan que, con su caja chica, Nicanor tiene un miniministerio en su poder, administrado discrecional y misteriosamente con ren­diciones de cuentas maneja­das en secreto. Misma situa­ción ocurre con los pagos en publicidad, gastos que tam­bién se resiste a transparentar el director de Yacyretá.

En 10 días se cumple el plazo de la reconsideración plan­teada por este medio, otro intento legal para que Nica­nor comparta la ejecución de gastos, solicitud ampa­rada por la Ley de Acceso a la Información Pública y, por ende, debe ser entregada, según ya refirió en su dicta­men el Ministerio de Justicia, órgano que coordina la apli­cación de la citada ley. ­

El gobernador de Ñeembucú, Victor Hugo Forneron, junto con el diputado Diosnel Aguilera y el intendente de Pilar, Fernando Ramírez, se reunieron en Valle Apu’á, compañía de Pilar, con los pobladores del sector para escuchar los reclamos y preocupaciones. Como medida inicial, se enviará una retroexcavadora para abordar algunos trabajos y manejar el flujo de agua, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan.

El Ing. Pedro Cantero, responsable del MOPC en Ñeembucú, anunció que se reforzarán los trabajos con maquinaria proveniente de la capital para mejorar los caminos, lo cual se llevará a cabo el próximo lunes. Además, se colocarán tubos de hormigón en puntos específicos. Las autoridades enfatizaron la importancia de obtener los permisos correspondientes de los propietarios de establecimientos ganaderos y privados para permitir el acceso de las maquinarias municipales, departamentales y del MOPC sin inconvenientes.

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Hasta el 3 de mayo, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y autoridades de la Gobernación de Ñeembucú distribuyeron cerca de 3.000 kits de alimentos de 25 kilos cada uno, brindando asistencia vital a 2.715 familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

En Pilar, se brindó ayuda a 510 familias, en Tacuaras a 649 familias, en Guazucuá a 575 familias, y en San Juan de Ñeembucú a 961 familias. Además, se prestó atención específica a grupos vulnerables como la comisión de chatarreros y la comisión de yuyeros ambulantes.

Los datos preliminares de la Secretaría Departamental de Gestión y Riesgos resaltan la magnitud de las lluvias registradas en el departamento de Ñeembucú en los primeros cuatro meses del año. Distritos como Guazucuá y Tacuaras experimentaron niveles alarmantes de precipitación, alcanzando el 76% y el 60%, respectivamente, de la media anual de lluvias. En Pilar, la situación no es menos preocupante, con el registro del 45,3% de la media anual en tan solo cuatro meses.

Natalia López, estudiante de la UNA en la Facultad de Ciencias Sociales, explicó que este grupo y los demás participantes de la mesa se mantienen en dos puntos: la derogación de la ley Hambre Cero y la creación de otro proyecto que garantice explícitamente la cobertura de los programas que eran financiados por el Fonacide.

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“El ministro sigue con la negativa, dice que no es necesario un nuevo proyecto porque los programas no quedaron desfinanciados”, comentó la universitaria, en un contacto con la emisora Universo 970 AM –Nación Media.

Las demás facultades continúan abiertas a las conversaciones con el Ejecutivo, a la espera de una propuesta que satisfaga sus reivindicaciones.

Desde su inicio, la mesa entre el Gobierno y los universitarios se desarrolló en dos ocasiones, sin embargo, no lograron llegar a un acuerdo.

El cuestionamiento inicial de los estudiantes era el desfinanciamiento del Arancel Cero en las universidades, tras lo cual, se redactó taxativamente un artículo que estableció el blindaje de los fondos para este menester.

Posteriormente, los jóvenes pidieron directamente la derogación de la ley Hambre Cero y la creación de otro proyecto que contemple específicamente la cobertura de todos los programas que dependían del Fonacide, ley que fue derogada con la legislación de Hambre Cero.

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En la tarde del jueves se concretó la detención de un delincuente en la zona del Km 10 lado Acaray de Ciudad del Este, a unos 5.000 metros de la Ruta PY02.

Se trata de un adolescente de 17 años, quien fue sindicado como uno de los autores del robo al Colegio San Antonio de Padua, perpetrado en la noche anterior.

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Este joven en su momento fue alumno de la citada institución educativa, menciona el informe de CDE Hot, lo cual hace presumir que tenía conocimiento sobre los objetos de valor que había en su interior.

En poder del detenido incautaron varios de los artículos que habían sido hurtados del colegio, incluyendo seis notebooks, un equipo de sonido, dos micrófonos y un televisor de 32 pulgadas.

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Tras ingresar por el techo, este malviviente y su cómplice violentaron la ventana y posteriormente la puerta de acceso ubicada en la parte posterior de la dirección, a fin de concretar su golpe.

En total se llevaron 19 notebooks de la marca HP y 5 computadoras de escritorio, además de los objetos ya recuperados y la suma G. 250.000 en efectivo, de acuerdo al reporte policial.