Igualmente la citada agente fiscal pidió al jefe comunal que en 24 horas informe a la unidad fiscal sobre el procedimiento ejecutado por los funcionarios municipales de Asunción. Ahora Rodríguez tendrá que realizar dicho procedimiento.

Por su parte, la abogada Rosa Vacchetta señaló sobre la situación que se vive en Cateura, que desde el 2012 la empresa Empo está emplazada para el traslado del vertedero y “con excusas ha logrado mantenerse en el lugar por el silencio cómplice de instituciones débiles que no hacen valer su función y su autoridad”.

Agregó que “hay que entender que la Municipalidad de Asunción tercerizó el tratamiento de sus residuos sólidos y cedió a Empo ese lugar que es el bañado del río Paraguay y cada tanto se producen gigantescas quemazones del vertedero. Esta última que sucedió hace poco menos de dos meses, que duró días y noches, contaminando el aire de residuos tóxicos, producen tremendas alergias, problemas respiratorios y de ojos a la población”. Así también añadió: “No sabemos si esos incendios son provocados o no lo son, pero no escuché que la Fiscalía haya imputado a Empo por esos incendios, ni por exponer al peligro a la población con las piletas de lixiviado”.

“Esta pileta es una bomba de tiempo y no me parece que las instituciones estén tomando con seriedad su rol de autoridad de aplicación (Mades) o de autoridad territorial (Municipalidad de Asunción) o su rol de representante de la sociedad (Ministerio Público) porque este problema se debe solucionar con urgencia”, explicó la profesional del derecho.

INACCIÓN DE AUTORIDADES

Llama la atención el silencio de la Municipalidad de Asunción, el Mades y la Fiscalía del Medio Ambiente tras el gran incendio de Cateura, ocurrido semanas atrás y hoy en día tras la denuncia del desborde de la pileta de lixiviado, que ya dejó de ser una bomba de tiempo, sino que ya explotó y el medioambiente y la ciudadanía están sufriendo las consecuencias de la inacción de sus autoridades, y sobre todo del tribunal arbitral integrado en época de Mario Ferreiro, quienes son los responsables de resolver la rescisión de contrato de Empo.

Los abogados Marcelo Centeno , Stephan Horward y Enrique Sosa parecen bailar al compás de la firma Empo, al no resolver luego de meses de estudio la desvinculación de la citada firma recolectora de basura de la comuna capitalina.

Autoridades de de la Dirección Nacional de Migraciones participaron en la reunión convocada por el Ministerio del Interior para impulsar el diseño de un Plan de Seguridad del Paso Fronterizo, que tiene como objetivo establecer las condiciones legales y reforzar la seguridad para evitar delitos transfronterizos como la trata de personas y la explotación de niños, niñas y adolescentes.

La iniciativa hace referencia al acuerdo entre Paraguay y Brasil sobre Localidades Fronterizas Vinculadas, especialmente en lo que respecta a la detección y mitigación de vulnerabilidades de los derechos de niños, niñas y adolescentes en los pasos fronterizos compartidos.

Las autoridades enfatizaron la necesidad de fortalecer la cooperación para aplicar controles interinstitucionales más efectivos con relación al paso de menores en la zona primaria del Puente Internacional de la Amistad y armonizar los protocolos de actuación en caso de detectar posibles casos de trata de personas que involucren a niños, niñas y adolescentes.

El encuentro estuvo encabezado por el Ministro del Interior, Enrique Riera, con el acompañamiento del viceministro de Seguridad Interna, Oscar Pereira y otras autoridades de la cartera de Estado.

También participó el ministro de la Niñez y Adolescencia, Walter Gutiérrez; la viceministra de Desarrollo Regional del MINNA, Diana Arguello; el viceministro de Protección Integral de Derechos del Niño del MINNA, Víctor Eduardo Escobar; y el embajador Carlos Gamarra, en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por la Dirección Nacional de Migraciones estuvieron presentes; la directora de Asesoría Jurídica, Nidia del Carmen Martínez y el representante de la Dirección General de Movimiento Migratorio, Lucas Kasiañuk.

Los agentes de la Senad, en coordinación con el fiscal Luis Said, se trasladaron hasta el kilómetro 82 de la Ruta PY-03, zona de Arroyos y Esteros, donde montaron vigilancia e interceptaron una carga de marihuana.

El alijo estaba siendo transportado por Francisco Eudaldo González, de 56 años, quien transitaba a bordo de un automóvil de la marca Toyota. Los antidrogas detuvieron el paso del rodado y al verificar hallaron unos 141 kilos de marihuana en capullos, envasados al vacío.

Según datos recabados, el cargamento tenía como destino final la capital del país, para su distribución luego en todo el Departamento Central a través de redes de tráfico. La droga, que tiene una alta concentración de THC (componente psicoactivo) tendría una valor superior a 300 millones de guaraníes.

El fiscal interviniente dispuso el traslado de la carga y el detenido a la Base de Operaciones de la SENAD.

Publicar en redes sociales lo que tenemos o hacemos es una costumbre que, para muchos, no tiene límites, ni siquiera para situaciones que podrían traer obvias consecuencias.

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En este error cayó una mujer de 19 años que trabajaba como empleada doméstica y que, luego de robarle 10 millones de guaraníes y 3.000 dólares a su jefa, no tuvo mejor idea que presumir el botín en su estado de Whatsapp.

La fotografía llamó la atención de la cocinera y del jardinero que también trabajan en la casa, por lo tanto, advirtieron a la patrona sobre la publicación.

La mujer quedó detenida.

Efectivos del Departamento de Investigación de Hechos Punibles aprehendieron a Jiceli Villalba en el barrio Itá Enramada de Asunción. En su poder recuperaron la totalidad del dinero.

El comisario Luis Méndez informó que la mujer llevaba 10 meses como empleada doméstica en ese lugar y que, tras caer en contradicciones alegando que la foto la descargó de internet, pese a que su mano aparecía en la imagen, finalmente reconoció lo que hizo, se arrepintió y devolvió el dinero.

No obstante, la joven quedó detenida y a la espera de lo que disponga el Ministerio Público y esperanzada en una salida menos gravosa por haber devuelto lo sustraído.

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