Cerca de 14,8 millones de chilenos decidirán en las urnas si quieren o no reemplazar la actual Carta Magna, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y qué órgano debería redactar el nuevo texto, una votación que está considerada la más importante desde el retorno a la democracia.

“Hoy podemos ser protagonistas de una página que va a quedar escrita en la historia de nuestro país”, dijo antes de la apertura de urnas el presidente del Servicio Electoral de Chile, Patricio Santamaría.

El plebiscito, que tenía que haberse celebrado en abril pero fue pospuesto por la pandemia, fue consensuado por las fuerzas políticas como salida a la grave crisis social que estalló en octubre de 2019 contra de la desigualdad y que dejó una treintena de muertos y miles de heridos.

Para los partidarios del “apruebo”, la actual Constitución es la causante de las grandes desigualdades del país por fomentar la privatización de servicios básicos, mientras que sus detractores creen que bajo este marco jurídico Chile registró el periodo de mayor crecimiento de su historia y que los problemas se solucionan con nuevas leyes y no con un proceso constituyente

Con respecto al órgano que redactaría el texto, los ciudadanos tendrán que elegir entre una convención constitucional, compuesta por 155 ciudadanos elegidos solo para ese fin y paritaria, o una convención mixta, integrada por 172 ciudadanos y parlamentarios en ejercicio a partes iguales.

VOTAR EN PANDEMIA

La votación está marcada por el estallido social -un dispositivo de casi 50.000 militares y policías custodiarán los centros de votación y sus alrededores-, pero también por la pandemia.

“Pese al coronavirus, tenemos que venir a votar, es histórico y hay que participar”, dijo a Efe a las afueras de un colegio de Santiago Isabel Borrell, una de las votantes más madrugadoras.

“Ojalá sea un día tranquilo, que se vote de acuerdo a la normativa. Es un día importante para decidir un nuevo camino”, apuntó a Efe Mauricio Torres, presidente de una mesa.

Chile, que el sábado superó el medio millón de infectados y alcanzó los 13.892 muertos desde el inicio de la pandemia en marzo, es el decimocuarto país del mundo con más casos, según la Universidad John Hopkins.

Para alentar la participación y evitar las aglomeraciones, los locales estarán abiertos 12 horas, dos más de lo habitual, y los adultos mayores tendrán un horario especial a medio día, mientras que el toque de queda nocturno fue retrasado para permitir a los vocales regresar a sus casas tras el conteo de las papeletas

El Gobierno optó por mantener la cuarentena que rige en algunas ciudades del norte y sur del país, pero permitirá concurrir a votar sin restricciones y sin necesidad de permisos especiales.

Quienes sí tienen prohibido salir de sus hogares son las personas con COVID-19, que se enfrentan a altas multas si son sorprendidas en algún centro de votación.

Los vocales de mesa recibirán además un kit especial de materiales de desinfección, mientras los votantes deberán portar mascarilla de manera obligatoria, así como llevar su propio lápiz de tinta azul para emitir el voto en cámara, que esta vez no tendrán cortinas.

Fuente: AFP

Las tropas rusas han logrado varios avances en la región de Donetsk la última semana, lo que ha generado incluso críticas de los blogueros militares ucranianos, que no suelen enjuiciar a las fuerzas armadas de su país.

“Gracias a las operaciones activas, unidades del grupo de fuerzas central han liberado la aldea de Novobajmutivka”, indicó el Ministerio de Defensa ruso.

Esta posición está situada a cerca de 10 kilómetros al norte de la ciudad de Avdiivka, que las fuerzas rusas tomaron en febrero tras una de las batallas más rudas desde que empezó el conflicto en febrero de 2022.

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Este avance colocó en dificultades al ejército ucraniano, que enfrenta esta ofensiva con una escasez de hombres y de municiones.

El jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrsky, afirmó a mediados de mes que la situación en el frente oriental “empeoró considerablemente” y reconoció que Rusia ha obtenido algunos “éxitos tácticos”.

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El director de inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Kirilo Budánov, advirtió este mes que la situación en el frente iba a empeorar hacia mediados de mayo y junio.

Kiev espera que la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de un nuevo paquete de ayuda militar por miles de millones de dólares le permita estabilizar la situación en las extensas líneas del frente.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a partir de la cero hora del lunes un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida, dijo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, paralizará las exportaciones de agroalimentos y controles sanitarios en todo el territorio argentino.

“Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, dijo Aguiar.

La medida se produce en la etapa inicial del período de mayor liquidación de agroexportaciones e ingreso de divisas a la Argentina, pues implica la paralización de controles en puertos, aeropuertos y aduanas.

Al cese de la fiscalización de las barreras zoofitosanitarias, que impide la salida de productos, se sumará la movilización del sindicato el martes 30 de abril al Congreso de la Nación, fecha en que se estima que la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto oficial en una maratónica sesión que se iniciará el lunes.

Proyecto con dictamen

El tratamiento de la versión reducida del original proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado del dictamen de mayoría firmado el jueves en la Cámara baja.

Según ATE, la pieza legislativa propicia “una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el Senasa. Por eso, dice el sindicato, “el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario”.

“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país”, dijo Aguiar.

Según el dirigente sindical, “si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”.

Respecto al caso del Senasa, agregó: “pretenden dejar sobre la órbita del Senasa solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En busca de una excepción

El objetivo de la medida, dijo Aguiar, es que el gobierno exceptúe al Senasa de los organismos alcanzados por la ley. En un comunicado, ATE subrayó la importancia de “contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional”.

El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y está habilitado al respecto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el organismo de control de la normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.

Según ATE, “sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.

Como ejemplo, apuntó: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación.

El sindicato también aseguró que “se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más”, como el caso de Japón.

Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales”.

La institución indicó en la red social X haber “logrado que 14 pandilleros de la MS (Mara Salvatrucha), que operaban en diferentes sectores de Santa Tecla y La Libertad, sean condenados a penas de hasta 120 años de cárcel”.

Los pandilleros fueron encontrados culpables del homicidio de 14 personas entre 2017 y 2019.

“Estos criminales privaban de libertad a las víctimas, les quitaban la vida y las enterraban en cementerios clandestinos. Entre las víctimas hay un policía”, señaló el comunicado.

Precisó que cuatro de los acusados recibieron las condenas mayores, a 52, 64, 112 y 120 años de prisión, por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas.

El presidente Nayib Bukele mantiene desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas amparado por un polémico régimen de excepción tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

Desde entonces, las autoridades han arrestado a 79.800 presuntos pandilleros, de los cuales 7.600 han sido liberados, indicó en una reciente entrevista con AFP el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro.

La cruzada contra las pandillas devolvió una aparente tranquilidad a las calles del país centroamericano, pero es criticada por organismos de derechos humanos debido a que el régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial.